Montse Serrador | Jueves 21 de febrero de 2013
Cuesta mucho
creer en las casualidades, más aún en política, donde nadie da puntadas sin
hilo y siempre hay un porqué. La decisión del Gobierno adoptada el pasado viernes sin anestesia previa,
es decir, sin informar a los afectados, de poner un tope en el tipo de interés que
las comunidades pueden pagar para financiarse en los mercados, que no podrá
exceder los cien puntos básicos, un 1%, del interés conseguido por el Tesoro Nacional en sus emisiones, no ha hecho excesiva gracia en el Gobierno de Juan
Vicente Herrera. A nadie se le escapa que, curiosamente, son tres Comunidades -Castilla
y León, Galicia y Madrid- las más afectadas por esa medida, las tres que no han
querido acudir al Fondo de Liquidez Autonómico y, sobre todo, las tres que más
críticas se han mostrado con el "caso Bárcenas" y han pedido medidas
contundentes a Mariano Rayoy.
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha
asegurado este jueves que "aunque no nos afecta, no lo consideramos una venganza", si bien ese "no nos afecta" se produce gracias a que la consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, ha optado por dar un rodeo, esquivar al ministro Montoro y emitir la deuda pendiente y con autorización
de 2012, donde no hay límite.
Pero aunque no se quiera hablar de "causa-efecto" lo cierto
es que el malestar en la Junta es evidente hasta el punto de que De Santiago-Juárez
ha calificado la medida de "razonablemente inoportuna". "Debería mejorar
la comunicación entre el Gobierno y las comunidades autónomas porque esa
información nos debe llegar antes", ha sentenciado.
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