Mario Conde presentará el 22 de febrero en Valladolid Sociedad Civil y Democracia

La formación Política Sociedad Civil y Democracia se presentará oficialmente el 22 de febrero en Valladolid con la presencia de su presidente Mario Conde, según han informado fuentes de la organización. Irene Serrano, su coordinadora regional, ha mostrado su confianza en la sociedad civil de Castilla y León y espera "que los castellanos y leoneses no se resignen ante la gravedad de la situación y se sumen a los planteamientos de SCD".

Serrano ha expresado su "absoluto rechazo" por los acontecimientos desvelados por los medios de comunicación en relación al "caso Bárcenas" y la presunta  financiación irregular del Partido Popular. Dado que la responsabilidad de la financiación no es sólo del que fuera gerente, tesorero y hombre clave de las finanzas del PP durante 20 años, Luís Bárcenas, sino que según los Estatutos del propio Partido Popular corresponde también a la Ejecutiva del partido, Serrano ha exigido que se asuman "todas las responsabilidades que puedan derivarse del caso" y que se llegue al "esclarecimiento total de los hechos" en los Juzgados.

"La situación política no puede seguir degenerando ya que no hace sino agravar la actual crisis económica", ha señalado. Ha recordado, además, que sólo en Castilla y León han cerrado casi 11.000 empresas desde 2007 según el Registro de la Seguridad Social, algunas como Metales Extruidos, tras serle inyectada una gran cantidad de dinero público, sin olvidar que la Comunidad tiene 240.800 parados y la región ha perdido 12.385 habitantes según el último censo a pesar de invertir millones de euros en fijar población.

Por todo ello, "es necesario adoptar una serie de medidas que puedan servir para regenerar el sistema político "de manera que los ciudadanos vuelvan a tener motivos para recuperar la confianza en sus instituciones". Para Serrano, las reformas políticas necesarias pasarían por aprobar una verdadera Ley de Transparencia que incluyera en su aplicación a los Partidos Políticos, una Ley de Financiación de Partidos que permita un control efectivo de éstos, un Tribunal de Cuentas independiente del poder político, o una reforma de la Ley Electoral que posibilite una verdadera democracia participativa.