Un millar de funcionarios se manifiesta en contra de las medidas de la Junta

Cerca de un millar de empleados públicos se ha concentrado este miércoles frente a la sede de las Cortes de Castilla y León en contra de las medidas que la Junta pretende implantar mediante la aprobación de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que contempla entre otras cosas la ampliación de la jornada de los trabajadores de la Administración a las 37,5 horas.
  
La movilización, que ha contado con un importante dispositivo policial, ha estado convocada y respaldada por los sindicatos UGT, Satse, CSI-F y SAE, quienes han rechazado las medidas que pretende "imponer" el Gobierno regional y que precisamente se debaten este miércoles en el Parlamento autonómico.
  
Los manifestantes, que portaban banderas de las diferentes organizaciones sindicales presentes, portaban algunas pancartas en las que se podía leer "contra el deterioro de los servicios públicos" o coreaban cánticos como "consejero, si quieres ahorrar, la enfermera pon a gestionar"; "Herrera, puñetero, recorta al consejero" o "Partido Popular, partido medieval", informa ep.
   
En el marco de la movilización, el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de los servicios públicos ante una actitud "inadmisible" de un Gobierno que está "perdiendo el buen talante" que ha demostrado con un Diálogo Social "modélico", aunque ha aclarado que éste no está en peligro.
  
Prieto ha señalado que el Ejecutivo está "imponiendo" sin negociar, algo que no es su "sello característico" y por ello ha reclamado que se vuelva a la senda del diálogo.
  
A este respecto, ha asegurado que lo que se está haciendo es un "engañabobos" porque lo que se plantea en las mesas de negociación es algo que ya se ha decidido y considera que el que saldrá perjudicado es el empleo, ya que habrá una repercusión "muy negativa" en los contratos.
  
Prieto ha advertido de que el tiempo da y quita razones y "objetivamente" se va a ver en el plazo de un año que habrá 12.000 empleados públicos menos, al tiempo que ha criticado que se presenten "enmiendas sobre enmiendas" cuando algo ya está decidido, por lo que ha reclamado que se retire todo lo que afecta a los trabajadores de la Administración.
  
En la misma línea se ha manifestado la secretaria autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, quien ha asegurado que los trabajadores han dicho "basta ya" ante la "imposición" que quiere hacer la Junta, tanto con las 37,5 horas como con el complemento de incapacidad temporal, que supondría que a partir del tercer mes de baja se cobrara sólo un 75 por ciento del salario, algo que sería "precario".

Más recortes futuros
  
Para Amez, la única forma de arreglar esto es la retirada del título IV de la Ley de Medidas Tributarias, que es la que se refiere a los empleados públicos porque, ha añadido, a partir de los próximos presupuestos del Gobierno central se advierten nuevos recortes, por lo que ha abogado por esperar a negociar una vez vistos posibles recortes.
  
Por su parte, la secretaria autonómica del sindicato de enfermería Satse, Silvia Sáez, ha reiterado las reivindicaciones que ya han manifestado en diferentes movilizaciones estos días, en las que han pedido a Sanidad que no modifique las condiciones laborales y aplique las 37,5 horas de jornada de la manera "menos sangrante".
  
Además, Sáez ha recordado que piden a la Junta que se tenga en cuenta en su jornada laboral el "tiempo de solape" --tiempo que se tarda en hacer el cambio de guardia-- y se contemple su jornada laboral de lunes a viernes, no los sábados o domingos porque se ponen en peligro sus condiciones laborales y la conciliación de la vida familiar.
  
Sáez, quien considera que se está "demonizando" a los trabajadores sanitarios y no se les trata como al resto de empleados públicos, ha adelantado que el sindicato estudia convocar un día sin hacer la labor de información al siguiente turno, algo que supone "empeorar la atención", para que se compruebe la importancia de este trabajo.
  
Sin embargo, Silvia Sáez ha dejado abierto el camino de la negociación porque considera que hay tiempo hasta que se empiecen a aplicar las medidas y cree que no se llegará a una situación como la huelga convocada por el sindicato médico CESM y ha advertido de que las medidas de presión por parte del sector de enfermería, el más numeroso en el ámbito sanitario, perjudicarán a los pacientes.

Unión sindical
  
En una línea similar se ha manifestado el responsable de la Comisión Gestora de CSI-F, Félix Benito Hernández, quien ha abogado por la unión sindical y se ha opuesto a los "recortes" que se pretenden imponer porque supondrán más paro. Además, ha añadido que el problema no son los funcionarios públicos, que sí son "parte de la solución" porque si hay un mejor servicio público de calidad irán mejor la sociedad y el Estado.
  
Asimismo, la secretaria económica de SAE, Ana Tobal, ha insistido en que las medidas supondrán despidos pero no se habla de quitar las llamadas "peonadas" y ha reclamado que la Junta quite asesores, que son "puestos a dedo" y son "el tío, sobrino, hermano de...".
  
Tobal asegura que se ha roto el Diálogo Social y ha acusado a la Administración autonómica de limitarse a informar en las mesas de negociación, pero no ha "cambiado ni una coma", y ha  pedido que se incluya una cláusula de temporalidad en todas estas medidas que se pretenden tomar porque si no cree que no se recuperará la situación actual "en la vida".
  
A las puertas de las Cortes se han acercado varios procuradores socialistas como Ana Redondo o José Francisco Martín, quien ha calificado de "muy mala" la Ley que se pretende aprobar, que además ha generado "alarma social" entre todos los sectores de la sociedad, a la que se "ataca" con medidas como con el "centimazo sanitario".
  
El procurador socialista ha acusado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de destapar su "programa oculto" frente a sus promesas de dar prioridad al empleo y al blindaje de los servicios públicos con una ley que creará paro y supone un "ataque directo" con medidas como una reducción del presupuesto de la Junta o no presentar el correspondiente a 2012.
  
José Francisco Martín ha insistido en criticar las subidas de impuestos y medidas que perjudican a muchos trabajadores públicos mientras no se reducen los gastos y tampoco se reducen las empresas públicas, que son "un pozo sin fondo".

Daños del lobo

Por otra parte, cerca de medio millar de ganaderos, la mayor parte procedentes de Ávila y Zamora, se han manifestado este miércoles por las calles de Valladolid para reclamar a la Junta de Castilla y León que se agilicen las indemnizaciones por "todos" los daños causados por los ataques de lobos y que se limite la existencia de esta especie a terrenos "delimitados".
  
La protesta, convocada por la Alianza por la Unidad del Campo --UPA y COAG-- ha comenzado en la Plaza del Milenio de la capital vallisoletana, donde se han reunido los manifestantes en torno al cadáver de un ternero, y un 'lobo' --representado por un ganadero del Barco de Ávila ataviado con una feroz máscara-- que no dudaba en atacar al animal muerto o incluso a otros manifestantes disfrazados como vacas lecheras. Posteriormente, han recorrido la distancia hasta la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a donde los manifestantes han llegado en espera de que el consejero, Antonio Silván, escuche sus reclamaciones.
  
Los portavoces de las organizaciones agrarias, Aurelio Pérez (COAG) y Julio López (UPA), han reclamado que se ponga control a la expansión del lobo en las zonas de Castilla y León en las que no se considera especie cinegética y que se opte por las indemnizaciones a los ganaderos por "todos" los daños que causan los cánidos, en lugar del seguro que ha anunciado la Consejería, informa ep.
  
López ha aseverado que si los dirigentes regionales "quieren que haya ganaderías, que haya gente en el medio rural" tienen que "frenar la expansión de los lobos", por lo cual tanto Pérez como López han considerado necesario reducir el número de estos animales e incluso mantenerles en zonas de "exclusión" y que sea la Administración regional la que se encargue de su alimentación. "No puede ser que los ganaderos estén dando de comer a los lobos", ha apostillado el secretario general de UPA en Castilla y León.
  
Aurelio Pérez ha reclamado al consejero de Fomento, Antonio Silván, "se debe dejar de pamplinas, de marear la perdiz, de utilizar los fondos públicos para recurrir y perjudicar a los ganaderos" y acepte "de una puñetera vez" que si la Administración "quiere lobos en Castilla y León", se haga cargos de ellos.
  
Para ello, también reclaman que se opte por indemnizar "por vía patrimonial" a los afectados, que ya han notificado a las organizaciones hasta "2.000 ataques de lobos, 6.000 reses muertas" con un coste estimado en "2,2 millones de euros", a lo que se suma las enfermedades que pueden transmitir al ganado estos animales u otras especies de fauna silvestre. El representante de UPA ha explicado que ya existen sentencias que "condenan a la Junta a que indemnice directamente a los ganaderos".

Herrera "mintió"
  
Asimismo, ha reprochado al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera que "mintiera" durante la campaña electoral de las Autonómicas, cuando, según su opinión, se comprometió a "solucionar el problema del lobo e indemnizar directamente a los ganaderos afectados".
  
De hecho, López ha planteado al máximo dirigente regional que si "de verdad le preocupa el despoblamiento del medio rural" debería "frenar el ataque de lobos en esas zonas", porque ha recordado que, además de mantener el medio ambiente, los ganaderos y los agricultores permiten que "muchos urbanitas puedan ir a pasar el fin de semana o las vacaciones".
  
Sin embargo, los representantes de las OPA que forman la Alianza por la Unidad del Campo lamentan que con su actual política "impasible", el Gobierno regional "está expulsando a más gente del medio rural". "Sin ganaderos, ni mesa de población ni ordenación del territorio", ha advertido Julio López, quien ha abogado por políticas "agrarias, económicas y sociales" que resuelvan el problema de los ganaderos.
  
Los centenares de manifestantes han marchado tras varias pancartas en las que se defendía que Castilla y León "no quiere ser tierra de lobos" y en las que se oponían a la existencia de estos cánidos en el territorio de la región. De hecho, Aurelio Pérez se ha referido en varias ocasiones a este animal como "terrorista".
  
Ambos representantes agrarios han valorado el anuncio realizado esta mañana por Antonio Silván de la convocatoria de una reunión con las organizaciones agrarias para abordar el problema de los ataques de lobos. Una cita que, a juicio de Julio López, se ha producido por la movilización llevada a cabo hoy en Valladolid "y no por la voluntad del consejero o del presidente".
  
A este respecto, Aurelio Pérez, ha incidido en que espera que el consejero Silván dé "un giro de 180 grados" y acepte emplear otras políticas de "gestión, de control y de regulación de la especie, en zonas de exclusión del lobo y de indemnización de daños", en lugar de reducir su política a mirar hacia el seguro.
  
Los representantes han recalcado su oposición a este sistema, que supone en su opinión que sean los propios ganaderos los que paguen "un impuesto entre todos" para cubrir los daños que causan los lobos y el representante de COAG ha apuntado que "los jueces" se han pronunciado "con claridad meridiana diciendo que no se puede obligar a un ganadero para protegerse de un terrorista como el lobo, que es ajeno a la explotación".