José Cavero | Jueves 19 de enero de 2012
A ellos, a esa clase de políticos, están dedicadas buena parte de los
grandes titulares de los periódicos de este jueves, por causa de las
declaraciones efectuadas por dirigentes del Gobierno del PP,
particularmente Cristóbal Montoro. Desde que Montoro abrió este
melón, en declaraciones a la Cadena Ser, se ha visto en la necesidad, él
y otros compañeros de partido y de gobierno, de puntualizar, comentar o
ampliar el anuncio sorpresa, que en síntesis supondría una reforma del
Código Penal por cuya virtud, los gestores públicos que despilfarren
dineros públicos merecerán alguna condena y hasta pena de cárcel. Según
señala el diario La Gaceta, el gobierno prepara., en ese sentido, una
disposición para la próxima Ley de Transparencia. En La Razón se
asegura que esa futura ley impondrá sanciones administrativas a los
gestores que ofrezcan servicios para los que no haya recursos. Para los
casos más graves, se contemplaría cárcel mediante una disposición
adicional que modifique el Código Penal. Habla El Mundo de castigo penal
al gestor público manirroto; Montoro y Soria defienden que sea
delito gastar sabiendo que se excede el presupuesto. Moncloa elude
pronunciarse y se remite a la ley que presentará la vicepresidenta. Sin
embargo, no todo han sido felicitaciones y elogios al anuncio: algunos
políticos consultados,.como Llamazares o Chaves, opinan que sería excesivo..El PSOE no ve necesaria la medida, e ironiza con aplicarla a Gallardón..Porque,
incluso, a algunos le parece insuficiente la nueva ley que se anuncia, y
querrían que ese nuevo delito tuviera efectos retroactivos. Es decir:
en el caso de que un alcalde se pasara en gastos, y dejara a la ciudad y
a los ciudadanos endeudados, debería ser sancionado incluso con la
cárcel. ¿Monago quiere encarcelar a Alberto Ruiz Gallardón por haber dejado una deuda de más de seis mil millones de deuda en el ayuntamiento de Madrid, antes de ser designado ministro? Monago entiende
que lo que se anuncia vendría a ser una especie de amnistía para los
que despilfarraron... El diario El Mundo menciona los contactos de su
Gobierno valenciano con Urdangarín, lo que suponía un claro
desvío de fondos públicos. Y se plantea la dificultad que ahora mismo
plant5ea cómo determinar la culpabilidad de la mala gestión de un
político... Este mismo jueves, revela el diario El Economista que
"Fomento detecta que Blanco adjudicó 1.600 millones de más en
carreteras. Según esta información, el ministerio tenía un presupuesto
de 2.000 millones y tenía 3.600 comprometidos... En tal supuesto, y
según desearía el presidente extremeño, también José Blanco debiera
terminar en prisión, por pasarse en cifras de gastos o compromisos sobre
los inicialmente previstos y aprobados por el Gobierno...Incluso en
algunos diarios hay comentarios editoriales sobre la idea expuesta por
Montoro y corroborada por Soria: Para el diario, la de Montoro es
una loable intención, pero de muy difícil cumplimiento. "Habrá que
esperar al desarrollo legislativo para ver la fórmula que propone el
Ejecutivo". ABC se plantea la cuestión de si puede ser delictivo
incurrir en déficit, y advierte que, en primer lugar, el Gobierno tiene
que precisar lo que realmente se va a considerar delito, porque una
cosa es incurrir en déficit público porque las exigencias de gasto son
superiores a los ingresos, y otra es malversar fondos públicos, falsear
contabilidades o acumular deuda temerariamente... Y además, sigue
diciendo el diario, habría que distinguir si lo que se gestiona mal es
una empresa pública, una caja de ahorros o una administración
autonómica. Hay ejemplos prácticos y bien conocidos de cada una de estas
"modalidades". Ahora mismo, el Código Penal ya castiga la malversación
de caudales públicos, la falsedad contable o el endeudamiento
desproporcionado, e incluso la administración desleal de una sociedad
mercantil. De manera que la mala gestión puede dar lugar a
responsabilidades penas sin necesidad de nuevas reformas, observa
ABC... Desde público se asegura que la oposición se rebela contra la
propuesta del PP y que el PSOE recuerda que la responsabilidad se dirime
en el Parlamento, según pusieron de relieve Chaves o Llamazares.
También recuerda este periódico qu3e la UE no contempla que el déficit
pueda ser delito, y que Bruselas dice que ya hay sanciones penales por
el manejo de fondos públicos; Europa es muy lenta en la persecución de
conductas económicas dudosas, añade, y el recuerdo de que el control del
gasto lo realizan los interventores y el tribunal de Cuentas En La
Razón hay más entusiasmo: "Se deben penalizar los abusos de una gestión
que lastra la imagen de España". "Acierta el Gobierno al proponer
cambios en la ley de transparencia para que se puedan exigir
responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que
incumplan los presupuestos y que desperdicien los impuestos de los
contribuyentes con la excusa de que "el dinero público no es de nadie".
La Razón, perfectamente alineado con el PP; aprovecha su párrafo final
parta lanzar un puntillazo final al reciente gobierno socialista: "Como
los que nos han gobernado hasta hace un mes y casi han apuntillado el
Estado del Bienestar". Se olvida de los gobiernos balear y valenciano,
ambos del PP, o a la insoportable deuda madrileña del hoy ministro
Gallardón...
En realidad, hay donde elegir abusos, despilfarros y
otro tipo de inconveniencias sobre el uso o abuso de los dineros
públicos. Ojalá empiece a exigirse más a las despreciadas contribuciones
de los ciudadanos.
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