Garzón en el banquillo, por las grabaciones a Gürtel

Finalmente, tras muchas dilaciones y la impugnación de muchos juzgadores, el más afamado y conocido de los jueces españoles, Baltasar Garzón, se sienta  este martes en el banquillo de los acusados. Todavía este martes, según El Mundo, Garzón insiste en apartar a un juez, Luciano Varela, para no sentarse en el banquillo... La interceptación ilícita de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados del 'caso Gürtel' y los abogados que les defienden lleva al banquillo del Tribunal Supremo al "juez estrella", que se enfrenta a peticiones de pena de inhabilitación que, de aceptarse, conllevarán la pérdida de su condición de juez. El instructor de la Audiencia Nacional, mundialmente famoso por haber ordenado la detención de Pinochet, ya fue suspendido provisionalmente de funciones en mayo de 2010. Ahora es acusado de delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, por haber ordenado la intervención de decenas de entrevistas celebradas en los locutorios carcelarios, durante las cuales los imputados del 'caso Gürtel', creyéndose resguardados por la confidencialidad de la relación preso-abogado, hicieron confesiones incriminatorias a sus letrados y éstos les indicaron las estrategias que debían seguir para defenderse. A toda esa información accedieron el juez instructor, la Policía y la Fiscalía. El instructor señala que, con esas escuchas, se 'transmutó el derecho de defensa en un instrumento de autoinculpación'.  En efecto, el magistrado de la Sala Penal del Supremo Alberto Jorge, prestigioso referente de la izquierda judicial que, por turno de reparto, se encargó de instruir la causa contra Garzón, concluyó que las resoluciones dictadas por Garzón "destruyeron los pilares básicos del ordenamiento procesal del Estado de Derecho" al "laminar" el núcleo duro de lo que es un proceso justo: el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a no confesarse culpable y el secreto profesional de los abogados. Según se cuenta en El Mundo, para Jorge, ese "vaciamiento" del derecho de defensa no sólo desactivó cualquier posible estrategia de los imputados para contrarrestar los cargos que pesaban contra ellos, sino que, aún peor, "transmutó el derecho de defensa en un instrumento de autoinculpación", ya que los internos, al informar a sus abogados, admitieron determinados hechos incriminatorios. Son precisamente los imputados escuchados, Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes ejercen la acusación particular contra Garzón. Sus abogados, José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez Mourullo, solicitan para Garzón penas de 15 y 17 años de inhabilitación, respectivamente. También le acusa el letrado Ignacio Peláez, que reclama 10 años de inhabilitación. Por su parte, la Fiscalía, que en su momento no reaccionó frente a unas escuchas declaradas "ilícitas y sin efecto" por el Tribunal Superior de Madrid en marzo de 2010, reclama la absolución. Y en cuanto a la defensa, ejercida por el letrado sevillano Francisco Baena Bocanegra, cree que Garzón no incurrió en infracción penal alguna, dada la gravedad de los delitos de corrupción que investigaba y la existencia de indicios de que los cabecillas de la trama se valían de "algunos abogados" para blanquear dinero. Admite que esos indicios no afectaban a los letrados Choclán, Rodríguez Mourullo y Peláez, pero sostiene que eso es "indiferente" dado el interés de la Justicia en la persecución de los delitos. La Sala, integrada por siete magistrados, prevé tres días de juicio oral, desde esta mañana.

Nunca un juez había respondido penalmente por ordenar unas intervenciones telefónicas, aunque se han anulado centenares de ellas por defectos de forma. Garzón no sólo se enfrenta a un juicio por ordenar dicha prueba, sino a la más que probable pena de hasta 17 años de inhabilitación, que conllevaría su expulsión irreversible de la carrera judicial. Se da la circunstancia de que la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano. Frente a todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta. Las escuchas, según han explicado Garzón y su defensa, fueron ordenadas por los claros indicios de que en las actividades de la trama habían intervenido abogados, que dada su condición, podrían actuar de "enlace" de los cabecillas con el exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo sustituyeron por Rodríguez Mourullo y Choclán. Garzón prorrogó las escuchas y Anticorrupción no puso trabas. En su informe de 20 de marzo, Anticorrupción informó a Garzón de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se referían a "estrategias de defensa" y debían ser excluidas del procedimiento. Pero en ese mismo informe, la fiscalía decía expresamente que no se oponía a las intervenciones la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad policial antifraude. El 27 de marzo, Garzón ordenó la exclusión de las conversaciones interesadas por Anticorrupción. Al aparecer indicios de criminalidad contra aforados, Garzón se inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor, Antonio Pedreira, prorrogó a petición de la fiscalía, las escuchas ordenadas por Garzón y, más adelante, en enero de 2010, rechazó anular las grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era "ilimitado" ni una patente de corso para los abogados, para colaborar en delitos. También expuso que, bajo supervisión judicial, sí es posible la intervención entre un abogado cooperador y sus clientes. Según Pedreira, de la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervención de comunicaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anuló parte de las intervenciones ordenadas por Garzón. Aunque uno de los tres magistrados, José Manuel Suárez Robledano, se opuso a la anulación por entender que se daba un margen muy elevado de "impunidad y privilegio" a los abogados.

Asegura este martes La Gaceta que Garzón habría intentado destruir parte de las grabaciones ilegales que ordenó. Según El País, el proceso de Garzón será transmitido en directo por TVE, que dará señal institucional a las demás televisiones. Según ABC Garzón estrena en el Supremo "el otro banquillo de acusados" del Caso Gurtel. Público no duda en hablar de "acoso a un magistrado", y destaca que ningún magistrado había sido juzgado hasta ahora  por prevaricación por la intervención de comunicaciones, aunque luego se anularan.  En fin, un juicio y caso para seguir con detalle...