Ferreras justificó estas movilizaciones por los "reiterados incumplimientos" de los Ejecutivos regional y municipal acerca de la renovación de los contratos y licencias, "que llevan paralizados desde el 31 de diciembre de 2005"; por la "desaparición de 150 tiendas y 200 puestos de trabajo durante este año"; y por la concesión "a dedo" de nuevos locales comerciales en varios intercambiadores a empresas urbanísticas.
Ferreras denunció que los compromisos adquiridos por la anterior consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, en sede parlamentaria, y los del consejero delegado de Metro, Ramón Aguirre, se han incumplido y que los locales se encuentran en situación "alegal" y sus trabajadores son "okupas". Asimismo, declaró que en los nuevos intercambiadores de Moncloa y Plaza de Castilla, "las empresas constructoras que efectúan las obras también se van a quedar con la explotación de los negocios comerciales de las mismas".