Cárcel a los corruptos: sólo falta voluntad

 
El funcionario que reciba "coimas" sufrirá hasta 10 años de cárcel, y el empresario que la  pague, 6.
 
 
Si el que "coimea" es un juez,  le pueden tocar hasta 12 años. 
 
 
El funcionario que nombre "ñoquis",  también puede  pasar 10 años entre rejas.  
 
 
¿Dónde es esto?  En la Argentina. Al menos, en teoría. Esas son las penas que prevé desde hace mucho nuestro Código Penal.
 
 
Mucha gente cree que la ley tolera la corrupción o que las penas son muy bajas. Ni una cosa ni la otra. La ley es muy dura; la que es blanda (o inexistente) es la aplicación.
 
 
El Código Penal no es el único instrumento que permite atacar la corrupción. La Ley 25.188, de Ética Pública establece "deberes, prohibiciones e incompatibilidades" aplicables a los funcionarios públicos.
 
 
La Argentina, por lo demás, es parte de dos convenciones internacionales --la Interamericana y la de las Naciones Unidas?que prescriben medidas contra la corrupción que van más allá de nuestra ley penal.  Entre otras cosas, ellas inducen a:
 
 
 
1.      1- Crear un órgano de control de los actos de gobierno en el que participen las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil.
 
 
2.      2 -Asegurar que la opinión pública tenga fácil acceso a las información de cualquier decisión oficial relevante.
 
 
3.      3- Sancionar la mera tentativa de cometer un acto de corrupción.
 
 
4.      4- Obligar al corrupto a devolver lo que ?robó? o resarcir. 
 
 
5.      5- Suspender a todo funcionario que sea procesado sin esperar a la sentencia.
 
 
6.      6- No permitir que el secreto bancario frene las investigaciones por presunta corrupción.
 
 
7.      7- Aceptar todo tipo de prueba, aun las cámaras ocultas y otros recursos tecnológicos.
 
La aplicación de la ley debe ser implacable. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que haya "ñoquis", y hasta nos parece exagerado que alguien vaya a la cárcel por nombrar a alguno que cobra y no trabaja. En Francia, el ex Presidente Jacques Chirac fue condenado en 2011 a dos años de prisión en suspenso porque siendo alcalde de París había nombrado 19 "ñoquis", que cobraban de la Nación pero trabajaban para su partido, el RPR.
 
 
            Eso es lo que falta. Voluntad de aplicar la ley.
 
 
            No es cierto que la corrupción sea imposible de probar.  El que "mete la mano en la lata" deja huellas.
 
 
            Esto podría ser una mera opinión y, por lo tanto, creo necesario dar un testimonio que la justifica. Hoy, que no ejerzo función pública alguna y no soy candidato, puedo hacerlo  sin que eso implique un aprovechamiento político.
 
 
            Mi experiencia en el Ejecutivo se limita, en total, a 30 meses: 20 en el gobierno de Raúl Alfonsín, 10 en el de Fernando de la Rúa.  En los dos casos pude comprobar que, como asegura el proverbio, "donde hay voluntad, hay un camino".
 
 
            Mientras fui ministro de Obras Públicas, pude enviar a la cárcel a dos altos ejecutivos de YPF, remover y denunciar a todo el directorio de la naviera estatal ELMA, echar a un director de Petroquímica Bahía Blanca y remover a un Secretario de Estado por no haber actuado con energía en un caso de corrupción.
 
 
            En esa lucha contra la inmoralidad fueron decisivos el Jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, y el Fiscal Luis Moreno Ocampo.  Cooperaron con fundadas denuncias el diputado Víctor Osvaldo Bisicioti, y con eficaces medidas dos prominentes miembros de mi equipo: el presidente del Directorio de Empresas Públicas, Horacio Losoviz y el viceministro Alfredo Garófano.
 
 
            Pero si pudimos hacer todo eso fue porque el Presidente Alfonsín nos respaldó, en todos los casos, incondicionalmente .
 
 
            Como Jefe de Gabinete debí actuar en casos de corrupción, no sólo de funcionarios del organismo que fiscalizaba a las cooperativas, sino de otros que dependían directamente de mí. Otra vez fue fundamental Bisciotti, y de gran ejecutividad el jefe del departamento jurídico, Ricardo Entelman, quien llevó a los implicados a la justicia. Uno de ellos murió antes de que lo sentenciaran.
 
 
            Algunos casos -como el de sobornos millonarios para vender anclas a la flota de YPF-pudieron esclarecerse por  darle importancia a hechos que no parecían dignos de atención.  Uno tuvo derivó de una denuncia anónima que me llegó en un papelito manuscrito. Otro fue consecuencia de una investigación sobre la  noticia aparecida, en un diario de Alemania, que comentaba el precio irrisorio que la Argentina había pagado por un buque mercante. Y uno más se debió a  la denuncia de un empresario defraudado por funcionarios a quienes sobornó, al que le exigimos hacer la denuncia, aunque con eso se acusara a sí mismo, porque de lo contrario la haríamos nosotros.
 
 
             El principal problema, en el intento de erradicar la corrupción, es político; pero no solamente por lo que sospecha la gente. 
 
 
            Hay, por supuesto, funcionarios que participan o encubren esos delitos contra la administración pública, que en definitiva son delitos contra la ciudadanía. Pero también hay un aprovechamiento indebido en el que incurren los que se presentan como Superhéroes de la lucha contra la corrupción, sugiriendo (a veces diciendo)  que todos sus adversarios están en el bando de los pecadores.
 
 
            Más reprochable aun es el caso de quien, para desacreditar al oponente, lo hace objeto de una falsa denuncia.  La ley castiga apenas con una mera multa  de 3.000 a 30.000 pesos a quien denuncie en falso, y dice que "en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público".  Esto pone en manos de políticos sin ética un arma mortífera, dado que somete al acusado a una condena social ilevantable: la gente toma como cierta toda imputación, porque la mayoría cree que "todos los políticos son corruptos" y, por lo tanto, interpreta que el imputado es sólo uno al que "pescaron", o un "chivo expiatorio".
 
 
            La generalización ayuda a los inmorales. Si se piensa que "todos" lo son, entonces no se castiga con el voto a quien sí lo es, ni se premia al honesto. 
 
 
             La lucha contra la corrupción exige funcionarios dignos, con coraje y poder suficiente cumplir la ley, que es muy dura si se la aplica con rigor. Exige, también, que ningún político use la promesa de combatir la corrupción como un arma contra sus contendientes sino que comprenda la necesidad de llegar, en este punto, a un consenso.