El fiscal fue a fondo
Miércoles 11 de marzo de 2015
El pedido a indagatoria al CEO, a la dueña de Clarín, al
propietario del diario La Nación y a Raymundo Juan Pío Podestá, entre otros,
fue hecho por el titular de la Fiscalía Federal 5, Leonel Gómez Barbella en el
marco de la apropiación de Papel Prensa en la dictadura.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los
directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble,
además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan
Gainza Paz, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación
irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo del juez Julián
Ercolini, los directivos "resultan ser los responsables de las maniobras
que se encuentran en investigación".
En las consideraciones de su decisión, el fiscal argumentó
que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron
violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el
resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".
El pedido se fundamenta en que el artículo 168 del Código
Penal, reprime a quien "con intimidación o simulando autoridad pública o falsa
orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su
disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan
efectos jurídicos".
"Es decir, surge del artículo en cuestión, las
distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de
la figura típica de la extorsión", resumió.
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista
David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo
cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia
Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.
Tanto Papaleo como Ianover fueron secuestrados por agentes
de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y
amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el
Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge
Rafael Videla.
Tras hacer una reseña histórica sobre la creación de la
empresa y su posterior apropiación, el fiscal les imputa a Magnetto, Herrera de
Noble, Mitre, Podestá y Gainza Paz "el haber obligado mediante
intimidación al grupo Graiver y sus allegados, a suscribir tres convenios cuyos
objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa
S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y
La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria".
Y "todo ello en un marco de persecución política contra
las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última
dictadura".
Para el fiscal, Magnetto y Mitre "participaron en el
desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirentes, mientras que Podestá, en
su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan
persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios".
"La contribución de los imputados al desapoderamiento
de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno
conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y
representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos
del país, calificación propiciatoria de persecución que los representantes de
los diarios difundieron a través de los medios de comunicación masivos bajo su
dirección, antes y después de la transferencia ilícita", detalló el fiscal
en su pedido.
En tanto, según el fiscal, Herrera de Noble y Gainza Paz
"fueron partícipes de la maniobra: la primera, al haber otorgado un
mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la
operación y el segundo, al haber acercado a los co-autores de la extorsión con
sus víctimas".
En ese sentido, precisó que "Lidia Papaleo fue
intimidada por el imputado Magnetto que 'firmara para conservar la vida de su
hija y la suya también' y así suscribió muchos papeles", y Rafael Ianover
firmó los documentos por 'el temor y el terror que vivía en ese tiempo' a ser
secuestrado, por lo que no conoció el contenido de los convenios, el importe,
ni las condiciones de la transferencia, como así tampoco, recibió copia del
convenio, ni se animó a solicitarla".
En la valoración probatoria, Gómez Barbella sostuvo que
"resulta difícil explicar que los supuestos vendedores aceptasen todas
estas condiciones si no fuese por la coerción y apremio que denunciaran. De
otro modo, no se comprende que una mujer que acababa de enviudar pudiera
desprenderse de bienes que integraban el patrimonio de su única hija".
La investigación por la apropiación ilegal de Papel Prensa
se inició en 2010 en el Juzgado Federal 3 de la Plata luego de que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner encomendara a la Secretaría de
Derechos Humanos que se constituyera como parte querellante, días después de
que presentara el Informe Papel Prensa elaborado por la Secretaría de Comercio.
El expediente tiene como imputados a Magnetto, Herrera de
Noble, Mitre, Marcos Peralta Ramos y a los hermanos Patricio y Hugo Peralta
Ramos, de La Razón, ambos fallecidos después de abrirse la causa.
En el expediente, caratulado "Papel Prensa sobre
presuntas irregularidades en su constitución, administración y transferencia de
acciones" también están imputados el ex secretario de Estado Raymundo Juan
Pío Podestá, Marcos Peralta Ramos, y el ex secretario de redacción de Clarín,
Reinaldo Bandini, y Bernardo Sofovich apoderado de Herrera de Noble.
De los imputados, tres emblemas de la dictadura cívico
militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 también fallecieron antes de
responder a la justicia: Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José
Alfredo Martínez de Hoz y Emilio Eduardo Massera.
Antes de remitirla al fuero federal, los fiscales de la
Unidad Fiscal Federal de La Plata que investigan las causas por crimenes de la
dictadura, Hernán Schapiro y Marcelo Molina, advirtieron que se trataba de
delitos de lesa humanidad y que la transferencia se había hecho entre
"presiones, amenazas y maniobras extorsivas contra los integrantes del
Grupo Graiver".
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