América latina: Estado de emergencia

Barack Obama declaró a Venezuela como una "amenaza a la seguridad nacional". No se trata de un exabrupto, sino de un camino de radicalización que el Congreso norteamericano viene desarrollando desde comienzos de 2014. Resulta extraño que, en medio de invocaciones a la "democracia", EEUU aumente la tensión política cuando este año hay elecciones legislativas en Venezuela, donde la oposición podría demostrar con los votos lo que dice representar en las calles.
 
"Hoy el Presidente Obama emitió una nueva orden presidencial al declarar una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela", dice el comunicado oficial que la Casa Blanca emitió el lunes y que puede leerse en el sitio web presidencial.
 
"Emergencia nacional", "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional", los epítetos del gobierno norteamericano contra Venezuela son la antesala diplomática al corte total de relaciones y, en virtud de la historia de la principal potencia mundial, de opciones militares.
 
El listado de países a los que últimamente Estados Unidos le puso la etiqueta de "estado de emergencia nacional" son territorios en situación de guerra interna: Ucrania, Libia, Somalía, República Centroafricana. Hasta el momento, Venezuela es un país con elecciones regulares, donde los mayores cimbronazos fueron algunas protestas callejeras, cuyo pico de tensión ocurrió hace más de un año.
 
Según el portal de la BBC, una fuente del Departamento de Estado justificó la medida extraordinaria, en función de "proteger al sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros de la corrupción pública en Venezuela". Es decir, que la medida se tomaría ante el peligro de que por la timba financiera de Wall Street se cuelen dólares de origen ilegal, producto de maniobras corruptas.
 
De tan endeble argumento (no hace falta aclarar que se trataría de un prurito ético imposible de aplicar a empresas y gobiernos de todo el mundo, por no decir paraísos fiscales, fondos buitres, etcétera), se desprende que las razones son otras, un poco más serias.
 
Descubrir el objetivo "final" de una estrategia política es siempre complejo, máxime cuando se trata de un país que es la primer potencia del mundo y maneja un rosario de intereses amplísimo. Para nombrar dos hechos recientes de cambios en su política exterior: la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba y las negociaciones con Irán, dos ex cucos miembros del famoso "eje del mal" de la era Bush. Ninguno de estos virajes fue previsto por los analistas, ninguno respondía a una ley de hierro inexorable.
 
Volvamos a Venezuela. Incluso desde tribunas progresistas, desde hace un tiempo se convirtió en un lugar común desmerecer los complots, intentos de golpes o injerencia norteamericana denunciados por el gobierno de Nicolás Maduro. Es verdad que esas denuncias se multiplicaron en los últimos meses, al tiempo que, en algunos casos, las pruebas presentadas al público asomaban como parciales o especulativas.
 
Sin embargo, antes que a la palabra del Presidente de Venezuela, habría que haber prestado atención a otros actores.  A fines de abril, después de dos meses y medio de fuertes protestas callejeras de sectores opositores, así como manifestaciones chavistas, cuyo saldo total fue de 41 muertos, gobierno y oposición acordaron una mesa de diálogo. A la hora de materializarse en una Comisión de la Verdad, con parlamentarios oficialistas y de la oposición, estos últimos decidieron no participar.
 
Paradójicamente, mientras los diputados opositores venezolanos pasaban a la inacción, tomaron la posta algunos congresistas norteamericanos. A comienzos de mayo, Marco Rubio (senador republicano) y Robert Menéndez (demócrata) presentaron un primer proyecto de ley para sancionar a Venezuela y a 200 funcionarios de ese país. Apenas tres semanas después, la Cámara de Representantes también impulsó un proyecto similar, aunque sin especificar qué funcionarios estarían alcanzados. Es decir, que mientras en Venezuela bajaba la intensidad del conflicto y el gobierno buscaba tender puentes con la oposición, el Congreso norteamericano enviaba señales inequívocas de hostilidad.
 
Sin embargo, a mitad del año pasado, todos coincidían en que la Casa Blanca no quería hacer suyo el ataque del Congreso al gobierno de Venezuela. Obama se mostraba reacio a empujar una política de sanciones. Las señales de gobierno a gobierno iban en otra dirección: en febrero Maduro había anunciado que volvería a nombrar un embajador, algo que la relación bilateral no tiene desde 2010, cuando todavía vivía y gobernaba Hugo Chávez.
 
Sin embargo, la óptica de la Casa Blanca comenzó a cambiar. El 30 de julio, el Departamento de Estado anunció que cancelaba las visas a un número indeterminado de funcionarios venezolanos, de los que tampoco dio nombres.
 
A mediados de diciembre, finalmente el Presidente Obama terminó poniéndole la firma a la ley que había aprobado el Congreso. El senador de origen cubano y cruzado anti chavista Marco Rubio declaró su satisfacción, al tiempo que siguió presionando por un cambio aún más drástico por parte de Obama: "es sólo un primer paso", dijo.
 
En esa "Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela de 2014", están incluidos 15 millones de dólares en concepto de fondos específicos para ongs opositoras y medios de comunicación "independientes", así como ayuda a "periodistas y manifestantes".
 
El último capítulo de la saga es ahora la decisión de Obama de declarar al Estado venezolano una "amenaza a la seguridad nacional" de norteamérica, lo que lo deja libre a dictar sanciones económicas y políticas, así como administrar recursos para enviar a quienes "defienden la democracia", entre otras formas de injerencia.
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Así como el comienzo del hostigamiento del Congreso de EEUU se dio días después de que se había convocado una Comisión de la Verdad entre la oposición y el gobierno, esta última decisión de Obama se da días después de que Maduro reciba a la Unasur en Caracas, en donde el organismo regional instó al diálogo entre las partes, así como mantener el orden democrático y respetar a las autoridades elegidas por el pueblo.
 
Más allá de lo que se opine del gobierno de Maduro, la secuencia de hechos del 2014 y 2015 muestra que el ala más radicalizada del Partido Republicano parece haber ganado la pulseada al presidente Obama, siguiendo una lógica de tensar la cuerda cada vez que la crisis política interna de Venezuela parecía apaciguarse.
 
El aumento de la tensión diplomática y una profundización de las sanciones contra Venezuela tampoco termina de comprenderse en un contexto donde el país caribeño entrará dentro de pocos meses en campaña electoral para las elecciones parlamentarias de fin de año. Todos los días, los medios de comunicación opositores resaltan la escasa aprobación que tiene Maduro y cómo las encuestas reflejan el supuesto hartazgo de la mayoría de la población frente a la crisis económica. Extraño que la estrategia, dado ese escenario, no sea esperar a que una avalancha de votos opositores termine de una vez con el chavismo, en vez de empujar al "régimen" a una nueva radicalización.