Nisman, el fin del derecho a la indiferencia

Lo que no queríamos aceptar pasó otra vez: en un gobierno que cree en los liderazgos y descree de las instituciones se produce una muerte de motivos inaceptables. El problema principal para poder salir de esta recurrencia de la historia argentina es a atender a la mentalidad que sustenta las acciones gubernamentales. Quienes solo obedecen al jefe, consideran que el derecho es un instrumento al servicio del grupo que gobierna y que el estado es una organización para que ellos disciplinen a la sociedad en el sentido de los intereses públicos y privados que defienden.


Ese sistema de creencias tiene consecuencias graves en relación con las capacidades del estado. Y mucho peores cuando se trata de los organismos de seguridad o los servicios inteligencia. La organización estatal en una democracia tiene por finalidad principal asegurar la vida, la libertad y los derechos de los ciudadanos, además de ser el instrumento para el cumplimiento de las decisiones del gobierno. Es un organismo al servicio del cumplimiento del derecho instituido por los representantes del pueblo, sujeto a la ley y con la finalidad de hacerla cumplir.


Cuando el estado es subordinado a los intereses de un gobierno deja la imparcialidad de la ley y, en consecuencia, el grupo que gobierna necesita reemplazar al personal de carrera por aquellos que responden al gobierno. El gobierno actual ha hecho de esta situación una práctica corriente. Lo más visible fue el INDEC pero, pasó en todos los ministerios y organismos. Cuando ocurre en el ámbito de la industria o la obra pública habrá empresarios beneficiados y otros perseguidos por el aparato coactivo que sostiene a la recaudación de impuestos. Perciben este problema sólo quienes comparten esos intereses productivos, financieros o de mercados. Pero, cuando el copamiento del estado se da en las áreas de la seguridad, la arbitrariedad del gobernante afecta la vida y la libertad de todos. Sobretodo cuando cumplir con lo que la ley dice afecta los intereses de quienes dirigen al estado.


La muerte de Nisman parece originarse en las acusaciones que el fiscal hizo porque debía hacerlas como funcionario público. Es obligatorio para quienes trabajan en el estado dar cuenta de los delitos de los que se enteran. Sin importar quienes sean los involucrados. La reacción de los adherentes a la facción gobernante fue unánime: repudio, aislamiento y desprotección del funcionario. Luego, vino la muerte. Y con ella, volvió el miedo en todos nosotros, apoyado en el temor a la autonomización de los servicios de inteligencia. Tenemos demasiada experiencia en este país de lo que ocurre cuando las fuerzas de seguridad de distinto tipo son tomadas por grupos y dejan de responder a la ley. Algunos ejemplos sirven para ilustrar este punto. Las Tres A, la complicidad policial en los actos del terrorismo internacional y los vínculos con el narcotráfico. La muerte de Nisman obliga a los ciudadanos a un mejor y mayor involucramiento político. La presencia ciudadana ayudará a conformar una dirigencia política más exigente consigo misma, menos dependiente de los juegos mediáticos y de las mezquindades electorales. El civismo es lo que nos puede salvar del retorno a la vida con miedo.


Lilia Puig, 


Presidenta de la Convención Nacional de la UCR