El acuerdo político está vigente

Hace cuatro años, Sanz, Cobos, Binner, Macri, firmaron un acuerdo programático que ahora debe ser ampliado
 
La agenda: "Qué" y "cómo" bajar la Inflación, superar la inseguridad, atraer inversiones, liquidar la pobreza y tener a los corruptos entre rejas.
 
Lo firmó Ernesto Sanz.
 
Lo firmó Julio Cobos.
 
Lo firmó Mauricio Macri.
 
Lo firmó Hermes Binner.
 
Lo firmó Oscar Awad
 
Lo firmó Margarita Stolbizer.
 
 
 
"Cualesquiera sean las posiciones que nos toque ocupar en el futuro, fuere el gobierno como en la oposición", dice el texto, "asumimos los siguientes compromisos", que a continuación se desarrollan.
 
El miércoles próximo el Compromiso de Políticas Públicas (CPP), que no tiene fecha límite, cumplirá cuatro años; y obliga, sobre todo, a quienes entonces firmaron y  hoy son candidatis,
 
Sin embargo, es necesario ampliarlo, atrayendo más firmantes y definiendo nuevas prioridades. 
 
Esto no tiene nada que ver con las alianzas electorales.  Los firmantes podrán competir entre sí, pero deben respetar el compromiso:
 
 
Gobernabilidad. "El Poder Ejecutivo y la fuerza mayoritaria del Congreso, pertenezcan o no al mismo partido, aceptarán que los derechos de las mayorías no son absolutos, y que es deber de sus representantes promover el diálogo. La oposición, por su parte, se abstendrá de acciones que obstruyan ilegítimamente la acción de gobierno y provoquen alteraciones políticas o sociales".
 
   
Estado de derecho. "Se respetarán de manera rigurosa la división de poderes, la independencia de la justicia y los principios y garantías fundamentales que consagra la Constitución Nacional".
 
   
Seguridad jurídica. "Quien contrate con el Estado, o realice inversiones autorizadas por éste, tendrá garantizado que esos actos jurídicos no serán alterados mediante actos administrativos o leyes de efecto retroactivo".
 
   
Transparencia. "La garantía de seguridad jurídica no implicará cohonestar contratos u otros actos jurídicos que pudieren estar viciados de ilegalidad u obedecer a hechos de corrupción administrativa. Tales actos serán sometidos a la revisión del Poder Judicial".
 
   
Políticas públicas. "Cada uno de los firmantes, o sus respectivos partidos, constituirán equipos técnicos a fin de identificar condiciones sine qua non del desarrollo económico social. Sobre esa base, se procurarán compromisos mínimos que protejan, tanto de la competencia electoral como de la legislativa, los siguientes tópicos:"
 
-          Lucha contra la corrupción.
 
-          Seguridad ciudadana.
 
-          Educación masiva de calidad.
 
-          Desarrollo productivo.
 
-          Federalismo económico.
 
-          Aumento del poder adquisitivo del salario.  
 
-          Erradicación de la pobreza.
 
 
 
 
Las distintas fuerzas políticas representan a diferentes sectores sociales o regiones del país, y tienen en muchos aspectos ideas diferentes y hasta opuestas.
 
No se trata, por lo tanto, de una fusión ideológica, sino de buscar, en temas que hacen al bien común, un mínimo denominador común.
 
La democracia no puede ser un juego de suma cero.
 
 
 
Desde la firma del compromiso se han producido en el país retrocesos en distintas aáreas. La ampliación del compromiso vigente exige acuerdos mínimos para:
 
Reducir aceleradamente la inflación
 
Resolver el problema de la inseguridad.
 
Detener el avance del narcontrático.
 
Aplicar sanciones ejemplares a los corruptos.
 
 
 
El CPP surgió como un acuerdo básico entre fuerzas que aspiran a imprimirle al país, en 2015, un cambio de rumbo. Podría decirse que es la base para un acuerdo interpartidario previo a las elecciones. Una plataforma mínima común de todos los candidatos de oposición, que no anulará las diferencias que puedan tener en muchos otros aspectos. 
 
 
 
Claro que la tarea no es coincidir en el "qué" y desentenderse en el "cómo".
 
Un acuerdo serio requiere discutir la eventual implementación. Hay que hacerlo sobre una mesa y en base de papeles de trabajo, sin discursos y con la participación de especialistas en los puntos a discutir.
 
 
 
La ampliación a otros candidatos y otras fuerzas políticas de oposición requiere, también, que se eviten los ideologismos.
 
 
 
Las ideologías existen.
 
El derecho a la propiedad puede ser defendido a ultranza o sujeto a la utilidad social.
 
O negado.
 
La democracia puede ser vista como el derecho irrestrico de la mayoría o como un sistema de instituciones y contrapesos. O desechada a favor de una idea revolucionaria.
 
Pero aun con grandes discrepancias ideológicas es posible identificar coincidencias en temas específicos.
 
Mucho más cuando las diferencias no son extremas. En este caso, sólo el ideologismo puede conspirar contra un acuerdo amplio.
 
El ideologismo no tiene nada que ver con la confrontación entre ideologías fuertes e incompatibles.
 
Consiste en una intransigencia que se fundada en cuestones menores, prejuicios, hechos históricos o actitudes emocionales.
 
Los grandes partidos, que ejercen una representación social extendida a varios sectores y son consecientes de las limitaciones que tiene el poder, no pueden ser dominados por el ideologismo.
 
La mayoría de los firmantes del CPP se considera progresista. Y un país con grandes desigualdades sociales como la Argentina necesita que haya fuerzas que ejerzan el progresismo racional y busquen asociar esfuerzos.
 
 
 
La diferencia entre "progresismo" y "liberalismo" se centra en el distinto valor que, una y otra corriente, asignan a la distribución de riqueza.
 
El progresismo quiere repartir con equidad. Advierte que las prerrogativas de clase degradan a la sociedad, turbando la vida de todos; aun la del rico.
 
El liberalismo cree que la igualdad desalienta los esfuerzos y la innovación. Afirma que el reparto proporcional de la abundancia es, para el pobre, más beneficioso que el reparto equitativo de la escasez.
 
Hay argumentos de uno y otro lado, pero existen experiencias mundiales de conciliación de criterios. No hay por qué optar entre productividad y justicia. Con una ejemplar distribución del ingreso, Noruega y Dinamarca se ubicaron entre los cinco países más desarrollados del mundo.
 
El fundamentalismo liberal se convierte en un credo antidemocrático que, promoviendo la desigualdad social, hace que las sociedades resulten ingobernables salvo por regímenes que coarten las libertades.
 
Un progresismo frívolo, a la vez, se agota en íconos y frases. Tiene en claro aquello con lo que disiente, pero no tiene definido qué querría y, menos aun como lograrlo. A menudo, lucha contra los molinos de viento.
 
Una sociedad progresista debe ser más digna que la actual.
 
No puede ser deficitaria, inflacionaria, anómica e insegura.
 
Nadie quiere vivir en medio de flagelos.
 
El verdadero progresismo es el que distribuye la riqueza de modo más justo.
 
El que logra esa distribución equitativa sin desalentar la inversión.
 
El que sabe administrar los dineros públicos.
 
El que se enfrenta a la corrupción.
 
El que honra la división de poderes.
 
El que sabe cómo garantizar la seguridad ciudadana, sin recurrir a la "mano dura" y el "gatillo fácil".
 
El que defiende el interés nacional sin alharacas.
 
Estos valores deben ser el sustento de un acuerdo que ensanche el CPP , todavía vigente.
 
Las disidencias  tendrán que dirimirlas los candidatos en las elecciones, pero el acuerdo implica dejar fuera de la lucha electoral aquellos puntos en los que se ha acordado.
 
Eso aumentará la posibilidad de provocar el cambio (que sólo es posible teniendo el poder), pero hacerlo sobre una base sólida.