Con 130 votos a favor y 99 en contra
Viernes 05 de diciembre de 2014
La Cámara de Diputados aprobó en general por 130 contra 99
votos el proyecto de ley de reforma del Código Procesal que reemplaza el
sistema inquisitivo por otro acusatorio y establece en un máximo de tres años
el tiempo para resolver sobre una causa.
La iniciativa fue aprobada con el respaldo de 130 votos que
fueron aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, y el Frente
Cívico de Santiago, en tanto que la oposición se aglutinó detrás del rechazo y
reunión 99 voluntades.
La presidenta del bloque de diputados del oficialismo,
Juliana Di Tullio, aseguró que el actual código "no le sirve a nadie sólo
a una docena de jueces que tiene todo el poder en sus manos y a los argentinos
y argentinas".
En su discurso, la jefa del bloque oficialista cuestionó a
la oposición que "se pone en el lugar de defensa de las
corporaciones" cuando todos los partidos políticos "vienen reclamando
desde la restauración democrática el cambio de este código".
"Ustedes creen que los únicos actos de corrupción los comete
la política y lo repiten, y les recuerdo que en el caso de las cuentas no
declaradas en Suiza sacando empresarios poderosos hay sólo un personaje de la
política" que es de un partido político "que se la pasa denunciando corrupción",
en alusión a un dirigente de la Coalición Cívica.
Previamente, el jefe del bloque radical, Mario Negri,
justificó el rechazo al proyecto promovido desde el oficialismo porque "se
debe hacer en conjunto con una ley de Ministerio Público y juicio por jurados"
y dijo que el objetivo de esta ley "es aumentar el poder" de la
Procuración General de la Nación.
La sesión se inició pasadas las 12.20 con la presencia de
129 diputados correspondiente al oficialismo y sus aliados, ya que la oposición
sólo bajó al recinto una vez que el FPV logró reunir el quórum.
Al inicio del debate, la presidenta de la comisión de
Justicia, Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), destacó la
importancia de convertir en ley el nuevo texto del código, al sostener que el
nuevo sistema procesal "establece una nueva organización judicial" y
apunta "a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los
trámites".
Desde el radicalismo, el diputado nacional Manuel Garrido
respaldó el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio, previsto en
el proyecto oficial de nuevo Código Procesal Penal pero cuestionó la
iniciativa, al rechazar que el texto "le dé mucho poder" al Ministerio Público
Fiscal.
Por el Frente Renovador, el diputado Oscar Martínez, rechazó
el proyecto oficial, al considerarlo "incompleto" y por "concentrar poder en la
titular del Ministerio Público" Fiscal, a la vez que dijo que con el líder de
esa fuerza, Sergio Massa, "queremos poner énfasis en las víctimas, no en los
delincuentes y queremos terminar con la puerta giratoria".
En nombre del bloque del Frente Amplio Progresista (FAP), el
presidente del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, rescató la trascendencia
de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un
modelo acusatorio, aunque rechazó la aprobación del nuevo Código Procesal Penal
en Diputados por otros aspectos contemplados en la iniciativa.
Desde el PRO, Pablo Tonelli, anticipó el rechazo de su
bloque al sostener que "hacen falta normas complementarias para que este Código
entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley
orgánica del ministerio público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de
penas".
"Este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia
por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la
urgencia planteado por el oficialismo", aseveró.
En tanto desde Unidad Popular, Claudio Lozano, consideró que
se trata de "un debate reformista necesario" pero lamentó que "no se haya dado
en profundidad", lo cual implica, dijo, "cómo elegimos los fiscales y qué papel
cumple la Policía en las investigaciones".
La iniciativa oficial incluye profundas modificaciones
respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso
a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido
encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que la
investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con
la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no
puede durar más de tres años.
Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas
fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
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