Hasta 30 años de prisión
Lunes 10 de noviembre de 2014
Las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de 30 y 12 años
de prisión para tres médicos militares que atendieron mujeres secuestradas que
dieron a luz en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar
de Campo de Mayo durante la última dictadura.
"Se trataba de perfeccionar la desaparición de sus padres",
calificó el abogado de Abuelas, Alan Iud, al alegar en el juicio que se sigue
al traumatólogo militar Norberto Bianco, al clinico Eduardo Martín y la
obstetra Luisa Yolanda Arroche de Salas García.
Para los multicondenados generales Santiago Omar Riveros y
Reynaldo Bignone, ex jefes de la zona IV, de la que dependía la guarnición, la
querella reclamó penas de 40 y 35 años de prisión, respectivamente.
La querella acusó a los médicos por los delitos de retención
y ocultación de identidad de los ocho menores robados a sus familias
biológicas, así como falsificación de documento.
Para Bianco y Martin, las Abuelas pidieron 30 años de
prisión mientras que para la obstetra Arroche -la única sin condición militar-
de 12 años, destacando que en todos los casos se trata de delitos de lesa
humanidad.
El abogado del organismo querellante, Alan Iud, dio por
probado que los partos se produjeron dentro del área de epidemiologia del
Hospital Militar de la guarnición, bajo supervisión de los tres profesionales.
"Todos los partos desde mediados de 1977 tuvieron lugar
en el hospital", aseguró el letrado en su alegato final ante el Tribunal
Oral Federal 6.
El pabellón estuvo al mando de dos médicos militares, el fallecido
Julio César Caseroto, y mayor Bianco, quien ya fue condenado con anterioridad
junto a su mujer por la apropiación de la hija de la desaparecida Norma Tato,
quien recuperó su identidad en 2007.
Las actas de nacimiento apócrifas para falsear la identidad
del bebé robado fueron firmadas habitualmente por la obstétrica pero en algunos
casos fueron firmadas por los médicos.
Los tres, junto a los jefes militares, presenciaron durante
siete horas la primera audiencia de pedido de penas sentados en la sala Amia de
los tribunales federales de Retiro, donde se realiza el proceso.
El juicio se inició a fines de septiembre pasado y es una
segunda etapa del primer proceso por el denominado "plan sistemático de robo de
bebés" pero ahora se ventila el caso particular de nueve prisioneras que dieron
a luz en ese sitio, cuyos hijos fueron robados y entregados a militares o
personas relacionadas.
En la extensa exposición que abrió este tramo final de
juicio, los abogados de Abuelas detallaron el dispositivo montado en la
hospital para atender a las embarazadas, que eran llevadas por la noche desde
otros campos de concentración en un auto particular manejado por el mismo
Bianco.
Las mujeres era alojadas en tres salas con rejas que estaban
custodiadas por personal militar y daban a luz maniatadas, vendadas y sólo
identificadas como N.N. en las fichas clínicas para no dejar registro de su
paso antes de ser "trasladadas".
Luego, los bebés eran retirados "una vez por semana", según
el alegato expuesto hoy por los letrados de las Abuelas de Plaza de Mayo y
entregados a militares o personas de su confianza con partidas de nacimiento
falsas.
La maternidad clandestina de Campo de Mayo se organizó
a partir de julio-agosto 1977 ya que con
anterioridad las prisioneras daban a luz en "El Campito", uno de los cuatro
centros de detención clandestino que funcionaban en la guarnición.
"Es imposible saber cuántas mujeres dieron a luz en el
lugar", sintetizaron los abogados tras leer testimonios vertidos en la causa
por médicos y enfermeras que, junto a monjas, atendieron a las mujeres que
alumbraron en cautiverio.
El abogado Iud remarcó que más allá de la falta de datos "es
innegable que la práctica de sustracción de niños ya estaba consolidada a
mediados del 77", cuando ocurrieron los secuestros de las embarazadas.
Los casos ventilados en este juicio son los de la citada
Norma Tato, Marcela Graciela Alvarez, Liliana Isabel Acuña, Susana Strisler,
Valeria Belaustegui Herrera, Silvia Quintela Dallasta, Miriam Ovando, Mónica
Masri y María Duarte.
El juicio proseguirá el miércoles con el alegato del
Ministerio Público fiscal.
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