Barrera
publicó una nueva investigación
Domingo 12 de octubre de 2014
El doctor en Ciencias Sociales Mariano Barrera publicó una
nueva investigación en la que detalla el proceso que culminó en la
privatización de la petrolera estatal YPF en la década del 90, en la que
desarrolló especialmente la relación entre la dictadura cívico militar y los
grupos económicos beneficiarios de la etapa de "fragmentación" previa
a la venta de empresa pública.
"La entrega de YPF. Análisis del proceso de
privatización de la empresa" es el título de la publicación en la que el
investigador del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), desmenuza el proceso de privatización de la
compañía más importante del país y su relación de los principales grupos
económicos.
El libro, editado por Cara y Ceca y el Centro Cultural de la
Cooperación y prologado por el economista Eduardo Basualdo, traza un recorrido
histórico de la explotación de hidrocarburos en el país, al tiempo que analiza
el modelo de regulación pública del sector que, hasta el año 89, tuvo como
principal actor a YPF.
De esta manera, el autor analiza las pujas entre el sector
"privatista", que históricamente promovió la explotación petrolera a
partir de la inversión privada y el sector que propiciaba al Estado como el
principal actor del sector, disputa que atravesó a la actividad desde el
descubrimiento de petróleo en 1907 hasta la privatización de la empresa pública
más de 80 años después.
El principal argumento del bloque privatista, "giraba
en torno a que el Estado no podía lograr los niveles de "eficiencia"
necesarios y que el predominio del mercado propiciaría un terreno fértil para
que el sector privado pudiera desarrollarlo en su plena potencialidad".
El autor pone en evidencia cómo este argumento fue repetido
décadas después, al momento de poner en marcha la privatización, y asegura que
"la dicotomía "eficiencia privada/ineficiencia estatal" fue
presentada en el debate sobre la fragmentación y privatización de la empresa
tanto por el sistema política hegemónico como, paradójicamente, por aquellas
fracciones del capital que internalizaban beneficios a través de YPF S.E. y se
habían beneficiado de su descapitalización".
En esta descripción de la argumentación de quienes promovían
la privatización radica una de las claves más importantes del exhaustivo
trabajo: el papel de la última dictadura cívico-militar y los principales
grupos económicos locales en la implementación de un nuevo patrón de
acumulación de capital, el de la valorización financiera y ajuste estructural.
En diálogo con Télam, Barrera explicó que en su análisis
desarrolla el papel que jugaron durante la dictadura militar, período en el que
se expandieron exponencialmente en el mercado de hidrocarburos como
contratistas de la estatal los grupos económicos nacionales, principalmente
Pérez Companc, Astra, Bridas, Pluspetrol, Techint y CGC (Soldati), más allá de
que algunas de ellas ya se habían incorporado al sector en la década previa.
El desembarco de estos grupos en la explotación de núcleos
de alta rentabilidad, hasta entonces explotados por la petrolera estatal,se
conoció como "privatización periférica" y le permitió a las empresas
de "la patria contratista" acceder a un mercado hasta ese momento
restringido a la explotación pública.
El autor detalla que el ingreso de este sector implicó la
transferencia de áreas en calidad de contratos a los grupos económicos y de
renta petrolera, en la medida en que se les pagaba precios que llegaron a ser
cuatro veces superiores a los que le costaba extraer el recurso a YPF.
También implicó el aumento de las regalías que la compañía
pública le pagaba a las provincias debido a que se empezó a considerar
escalonadamente el precio internacional -no ya local- como referencia en un
escenario de fuerte crecimiento del precio internacional, en paralelo a los
bajos niveles de precios que retenía la empresa con la venta de los
combustibles.
Esto, sumado a los crecientes costos financieros derivados
del alto endeudamiento que experimentó YPF para conseguir las divisas
requeridas para garantizar el patrón de acumulación basado en la
"valorización financiera", terminó constituyéndose como una carga
desequilibrante para la empresa.
Barrera señala que desde ese momento la posición de los
grupos fue determinante para continuar operando el avance de la futura
privatización, iniciada durante el gobierno de Raúl Alfonsín con la venta de
los activos petroleros.
Sin embargo, estos grupo no poseían la capacidad financiera
para una adquisición en bloque de la petrolera y dada la magnitud de la
empresa, "el único modo para que el capital concentrado local participara
del `negocio` era a partir de la fragmentación de la compañía", indica el
investigador.
De esta manera se explica que, a pesar de los argumentos
promovidos por los sectores de poder, "el deterioro de la empresa no se
debió a la `ineficiencia`, sino que correspondió a la estructura de
funcionamiento implementada por la dictadura cívico-militar y continuada por el
radicalismo en la cual jugaron un rol clave los grupos económicos que
ingresaron como contratistas y que luego adquirieron los activos estratégicos
de la empresa en la fragmentación".
El proceso de desguace o "fragmentación" iniciado
con el gobierno de Carlos Menem, le permitió al conglomerado empresarial la
adquisición de los principales activos físicos de YPF (ductos, refinerías,
terminales portuarias, etc.) de forma tal que pasaron a tener injerencia en el
55,1% de las 147 áreas concesionadas lo que provocó "un formidable proceso
de integración vertical" que los colocó a la cabeza de las principales
firmas del país.
En el último capítulo del libro, Barrera estudia la fase
final de "la entrega de YPF" que fue la privatización de la empresa,
prestando especial atención a los argumentos de quienes promovieron la
desregulación del sector y la privatización de la empresa, en acuerdo con el
sector externo.
De esta manera, realiza una síntesis conceptual de la
posición del sector privatista en el marco de los debates desarrollados en las
distintas sesiones del Congreso y el Senado de la Nación, proceso que culminó
en 1999 cuando, tras dos ofertas de acciones, Repsol adquirió el 97,5% del
paquete accionario de la firma.
¿Por qué es importante analizar la privatización de YPF
ahora? Según Barrera, "es relevante porque, en gran medida, las
consecuencias que estamos padeciendo ahora con el sector energético tuvieron su
origen en las medidas tomadas en los primeros años del gobierno de Menem que
configuraron el `modelo privatista de los hidrocarburos` y le otorgaron plena
libertad al capital privado para decidir las cantidades y el destino de las
inversiones".
En definitiva, este nuevo estudio es un aporte sustancial a
los debates actuales sobre el sector energético que aportan a desandar los
mitos creados en torno a la actuación del Estado como actor económico.
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