Es impericia propia, no terrorismo ajeno

La calidad de los gobiernos queda expuesta ante las adversidades o las situaciones comprometedoras. Allí es donde deben responder con rapidez y eficacia. El mensaje de ayer de la presidenta Cristina Kirchner es justamente inverso y deja zozobra, incertidumbre y miedo en la economía.
 
Cuando en el año 2011 se modificó la ley antiterrorista, teníamos dudas acerca de la conveniencia de esta señal para la sociedad. En aquel momento, la inflación ya llevaba cuatro años golpeando la economía, el tipo de cambio era un problema grave para muchos sectores de la producción y una incertidumbre por el cepo, y el empleo privado había dejado de crecer y sólo se expandía el empleo público.
 
Todas esas señales de alarma que llamaban la atención durante aquel 2011 se agravaron en estos tres años. Nuestra presunción con respecto a qué quería hacer el gobierno con esta ley, se confirmó.
 
Desde entonces dos veces ha sido noticia la ley antiterrorista. Primero se confirmó su voluntad autoritaria: se utilizó la ley para inculpar a Juan Pablo Suárez, un periodista de Santiago del Estero que cometió el delito de poner en evidencia manejos ilegales en la gestión provincial. Luego, ayer en la tarde, cuando la presidenta señaló que una imprenta que cerró sus puertas esta semana, no lo hizo por causas económicas sino con la intención de crear pánico en la sociedad. Culpó a una empresa de hacer terrorismo.
 
Hay aquí al menos dos problemas. Primero, la Presidenta debiera estar dedicada a tiempo completo a resolver el grave problema de la pérdida de trabajo de los 400 empleados de esa imprenta y de los miles de trabajadores de la industria autopartista, bodeguera, frutihortícola y frigorífica que se están quedando sin trabajo. Debería preocuparse también, como mínimo, por la caída del salario y la inflación. En lugar de eso, está imbuida en la simulación de una guerra que consta de buscar culpables para los problemas que sucesivos errores de gobierno crearon en la economía.
 
Segundo, esta ley reformada en 2011 ha sido utilizada como un arma para acallar disidencias cuando debiera ser un instrumento para defender a la sociedad.
 
La sociedad argentina y en especial su economía, necesitan decisiones acertadas y que piensen en mejorar la situación, y que traigan confianza y certezas.
 
La aplicación de leyes sancionadas para casos de excepción, no sólo es un error político, sino que es una clara manifestación de que la voluntad del gobierno no es precisamente sanear la economía. El pánico no crea empleo: lo destruye. El miedo no atrae inversiones: las espanta, las lleva a otros países. Las amenazas del gobierno no fortalecen la economía: la empeoran. El gobierno no fomenta la creación de empleos: los destruye. Las medidas no aumentan los salarios: los bajan.
 
Si un emprendedor estaba dudando entre mantener o reducir el plantel de trabajadores en su empresa, ayer la presidenta lo incentivó a tomar la decisión más triste: puso miedo donde debe haber confianza y amenazas donde debe haber incentivos.
 
El discurso de ayer no es más que un reflejo de un gobierno que está más pendiente de sus causas judiciales que de la marcha de la economía.
 
Nuestra economía no sufre terrorismo ni desabastecimiento. Nuestra economía está deprimida por la inflación y la impericia, que trajeron recesión y destruyen todos los días cientos de empleos.
 
En lugar de buscar excusas y echar mano a leyes que remiten a situaciones de caos social, lo que debemos hacer es mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que los países que avanzan, tienen gobiernos que incentivan y promueven los emprendimientos que crean empleo y dan movimiento a la economía. Esa es la clave para que progrese el país y salgamos de este pantano.