Murió el abogado constitucionalista Alberto González Arzac

El abogado constitucionalista Alberto González Arzac, autor del informe sobre la apropiación de las acciones de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura, falleció anoche a los 77 años tras una larga enfermedad.

Gonzáles Arzac integró el consejo de vigilancia de la papelera en representación del Estado nacional, que posee el 27% de las acciones, y como tal litigó contra el accionista mayoritario en un proceso que aún se desarrolla en los estrados judiciales.
 
Académico, ensayista y militante político, en la década del noventa fue un severo crítico de las privatizaciones del menemismo y renunció a su cargo de Inspector General de Justicia, haciendo públicas sus disidencias.
 
Nacido en Mar del Plata en 1937, se graduó de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, donde se vinculó primero a la intransigencia radical y luego al peronismo, donde militó durante más de medio siglo desde posturas nacionalistas.
 
Nunca abandonó su oficio de abogado litigante que lo llevó a defender, entre otros, al historiador José María Rosa, de quien se consideraba un discípulo y en los últimos años llegó a presidir el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas "Juan Manuel de Rosas".
 
Activo reivindicador de la Constitución Nacional de 1949, le dedicó artículos y libros como "La Constitución de 1949" (1971), "Sampay y la constitución del futuro" (1982), "Federalismo y Justicialismo" (1984) y "Caudillos y Constituciones" (1994).
 
Se desempeñó como secretario general de la gobernación bonaerense en los años 1962-63, como secretario general del Consejo Federal de Inversiones del `73 al 76, y fue docente en las universidades de Buenos Aires, Lomas de Zamora y John F. Kennedy.
 
A comienzos del 2010, comenzó a preparar por encargo de la Secretaría de Comercio el informe "Papel Prensa. La Verdad", una pormenorizada investigación sobre el proceso de venta forzada de las acciones de la primera planta elaboradora de papel de diario del país de la familia Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
 
La documentación, expuesta en agosto de ese año en la Presidencia de la Nación, fue la base de la denuncia judicial hecha por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ahora se tramita ante la justicia federal, que calificó a esa operación como un "delito de lesa humanidad".