Tras el incendio
Domingo 18 de mayo de 2014
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
denunció ante la Justicia en lo Criminal a la multinacional, cuyo depósito en
Barracas se incendió y derrumbó en febrero de este año.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No
12 investiga a la multinacional Iron Mountain por presunto lavado de dinero, a
raíz de la causa que se abrió la semana pasada por una denuncia que realizó la
AFIP, según publica el periódico Página 12.
La autoridad tributaria detectó maniobras financieras
sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y la
investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento
de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias
que caracterizan delitos de lavado de dinero.
La corporación dedicada a la guarda y archivo de
documentación sensible tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento
de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.
La empresa, que opera en un sector con elevados niveles de
rentabilidad, genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el
Impuesto a las Ganancias.
Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se
financia con un flexible y renovable préstamo por 20 millones de dólares
otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el
banco HSBC.
La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en
junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el
depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos
y rescatistas.
En ese momento, la firma apareció en el radar ya que, a
pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de
facturación, nunca arrojó utilidades.
La investigación que realizó el organismo encabezado por
Ricardo Echegaray se aceleró tras el accidente y permitió identificar maniobras
sospechosas que, a priori, no son ilegales.
Como parte de ese proceso se emitieron cuatro Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) y se solicitó información a las islas Caimán
donde está radicada su propietaria mayoritaria, aunque el territorio británico
de ultramar todavía no respondió.
Con esos elementos se presentó la denuncia sobre presunto
lavado de dinero que será investigada por el juzgado federal a cargo del
magistrado Sergio Torres.
En paralelo, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisión Nacional de Valores
(CNV) están finalizando la investigación sobre la documentación que resultó
destruida por las llamas.
Los resultados preliminares de ese análisis advierten que
durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para investigaciones
por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP
Morgan y BNP Paribás.
La denuncia de AFIP está enmarcada en la ley 25.246 que en
su artículo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero
"aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la
actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las
personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica
o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma
aislada o reiterada".
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