Bachelet cruza la cordillera

La próxima semana el Congreso chileno tiene previsto tratar una ley de reforma tributaria. El proyecto, impulsado por el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, es parte de una trilogía de reformas, junto a la educativa y el cambio del texto constitucional. En un hecho inédito, la ley propuesta toca intereses concretos de las grandes empresas. La Presidenta creó, además, una comisión para revisar el sistema de jubilación privado. ¿Se termina el Chile del "consenso" y la "moderación"?
 
Cuando el 11 de marzo Michelle Bachelet asumió por segunda vez como Presidente de Chile, volvió a repetir lo que había dicho durante toda la campaña: su gobierno estaría regido por tres grandes reformas que buscarían, en su conjunto, terminar con el período de transición democrática y dar pasos hacia una nueva agenda basada en la igualdad social. La reforma educativa buscaría terminar con el lucro en la enseñanza, núcleo de las grandes protestas estudiantiles que vive el país desde el 2006 (cuando era gobierno, justamente, Bachelet). La reforma tributaria sería fundamental para dotar de recursos al Estado para, en parte, financiar la reforma educativo y, a la vez, volver menos injusto el sistema impositivo del país. Finalmente, una reforma constitucional (con sus contornos menos definidos, pero enfocada en la ampliación de derechos ciudadanos, como premisa general) cerraría definitivamente el larguísimo proceso de retorno democrático de Chile.
 
Como lo muestra esta línea de tiempo: Pinochet gobernó en persona hasta 1990, luego mantuvo su condición de Comandante en Jefe del ejército hasta 1998, al día siguiente de abandonar el ejército, asumió como senador vitalicio, hasta el 2002, cuando lo desaforaron al acumularse causas por delitos de lesa humanidad y una detención en Londres. Todo esta absurda retaliación del Estado democrático fue posible por los mecanismos que el propio PInochet dejó por escrito en la Constitución de 1980, todavía vigente.
 
Sin embargo, a pesar de que Bachelet había insistido en este programa, persistía la desconfianza sobre su implementación cuando asumiera el poder. Ahí estaban como prueba sus cuatro primeros años de gobierno, entre el 2006 y el 2010, que siguieron la tendencia de las anteriores gestiones de la Concertación, más preocupadas por garantizar el "consenso" al interior de la elite política y económica que llevar adelante un plan de reformas que comience a desmantelar en serio el legado pinochetista.
 
Las cosas, en este nuevo comienzo de mandato, parecen distintas. Tal como había prometido durante la campaña, Bachelet no se demoró un minuto en avanzar en la primera de sus tres reformas. Veinte días después de asumir, en su primera Cadena Nacional, anunció al país que enviaba el proyecto de reforma impositiva. Resulta lógico el orden elegido: el gobierno necesita -antes que nada- contar con los recursos necesarios para encarar un programa de gratuidad educativa que costará miles de millones de dólares, y se convertirá en una erogación anual permanente una vez que se ponga en marcha.
 
Si Chile fuera, verdaderamente, la imagen de concordia republicana, donde "todos están de acuerdo en tres o cuatro cosas fundamentales", lo que vino después del anuncio presidencial hubiera sido ciencia ficción populista.
 
Los medios de comunicación, encabezados por El Mercurio y CNN Chile, comenzaron una campaña contra la reforma, pero que ya se extiende como caracterización negativa del nuevo gobierno. Un párrafo del editorial del último domingo de El Mercurio es más que elocuente:
"Quienes se conciben a sí mismos como una suerte de avanzada de la historia son incapaces de dialogar con sus opositores (sería una renuncia) y aun de admitir las críticas internas (serían traición). Dicha actitud conduce a la crispación y priva al país de los beneficios de un debate sereno, que permite corregir políticas y encontrar mejores soluciones a los problemas públicos."
 
¿Que dice la reforma? Básicamente, aumenta la tributación para las empresas, que pasará del 20 al 25% de las ganancias y entraría en vigencia plena en el 2017. El punto más conflictivo es que termina con un invento extraño, el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) casi sin ejemplos en el mundo: hasta el día de hoy las empresas en Chile no tributan sobre el total ganado, sino sólo por lo que retiran como utilidades. Todo lo que las empresas declaren como ahorro o inversión, queda libre de pagar impuesto. Una vez más el origen está en el gobierno de Pinochet que, en 1984, habilitó ese mecanismo.
 
Los ánimos terminaron de caldearse cuando el gobierno de Bachelet contraatacó la campaña mediática mediante un video breve donde se explica la reforma. Además de detallar la reforma, el video hace foco en evidenciar los que oponen: "No te dejes engañar, quienes se oponen a la reforma son los poderosos de siempre que defienden sus intereses. No es justo que las grandes empresas y los más ricos de Chile no paguen los impuestos que corresponden".
 
El video causó horror en la oposición conservadora y más allá también. Incluso un ex ministro de Economía de la propia Bachelet declaró que "quién sabe de qué sótano de La Moneda salió ese video", en lo que puede ser una evidencia de que la actual coalición está más corrida a la izquierda que la de su primer gobierno.
 
A esto se suma otra novedad: esta semana Bachelet presentó una comisión que durante los próximos meses estudiará a fondo el sistema de jubilación privado (una vez más, una herencia de la era pinochetista) que viene mostrando un pobre resultado en las cuentas personales de los trabajadores retirados. Se descarta que el estudio recomendará una ampliación de la participación del Estado, aunque pocos aseguran que se termine completamente con el lucro de las compañías aseguradoras, como ocurrió en la Argentina en el 2009. Pero el  impulso que está tomando el nuevo gobierno hace pensar que tal vez Bachelet eliga volcarse por una decisión más rupturista de lo que se esperaba.
 
La próxima semana el Congreso de Chile -donde el oficialismo tiene mayoría- discutirá la reforma tributaria, que Bachelet pidió que se convierta en ley lo más pronto posible. Si se confirma el rumbo, la política chilena habrá entrado en una dinámica nueva y auspiciosa.