Enrique Szewach | Lunes 28 de abril de 2014
Un conjunto de asociaciones empresarias, reunidas bajo el
nombre de "Foro de Convergencia empresarial" dio a conocer, el lunes pasado, un
documento de posicionamiento respecto de la formulación de políticas de estado,
con vistas al nuevo ciclo político en el que ingresará la Argentina a partir
del 2016.
Podría cuestionarse su tardía reacción, puesto que, salvo
honrosas excepciones, antes aplaudían o toleraban, y ahora reclaman.
Pero lo cierto es que no resulta fácil pedirle "valentía" y
coraje cívico a empresarios dependientes de manera absoluta de la decisión
arbitraria de un funcionario público, respecto de lo que pueden o no hacer, aún
en los detalles más pequeños.
Y sometidos, asimismo, a la persecución, como muchos de
nosotros, de los organismos de control, impositivos, etc. Sobre todo en un
contexto en dónde también los jueces reaccionan, recién ahora, y todavía con
cierta timidez, ante las arbitrariedades e ilegalidades que caracterizaron
muchas de las medidas de gobierno en los últimos años.
Sin embargo, algo de autocrítica no hubiera venido mal como
introducción del documento y tampoco hubiera venido mal que se incluyera, como
capítulo especial, una propuesta de comportamiento de los propios empresarios
como respaldo a las políticas de Estado que proponen.
Al respecto, va mi contribución.
Como ustedes saben, el papel principal del empresario es
usar los recursos que obtiene del entorno de la manera más eficiente posible,
para maximizar su ganancia y, con ella la de la sociedad en su conjunto, en la
medida que las reglas bajo las cuales se obtienen dichas ganancias garanticen
la existencia de competencia, defiendan el medio ambiente, protejan a los
consumidores y predominen, en general, regulaciones adecuadas en materia
impositiva, financiera, comerciales, etc.
En otras palabras, el Estado tiene que garantizar un marco
de políticas que "obligue" a los empresarios a cumplir su responsabilidad
primaria: ser eficientes y maximizar sus ganancias, que es la manera que tiene
un empresario de contribuir al bienestar de la sociedad.
Como decía más arriba, sería aconsejable, entonces que,
junto al documento sobre lo que tienen que ser políticas de estado, las
asociaciones empresarias redacten ahora un Código de Responsabilidad Civil.
Es decir, no sólo muestren y ejecuten acciones vinculadas
con su responsabilidad social, respecto de la comunidad que los rodea, si no
que, además, y dada la experiencia de estos años, se comprometan a ciertas
acciones respecto de su responsabilidad como ciudadanos para defender,
precisamente, las políticas de Estado que proponen.
Doy algunos ejemplos, del tipo de temas a los que podrían
comprometerse en su conjunto, de manera de protegerse mutuamente de las
discrecionalidades y arbitrariedades de las que fueron víctimas estos años.
Un Código de Responsabilidad Civil Empresaria podría
incluir, no aceptar ninguna medida o regulación que no sea por escrito y
fundada en ley o norma respaldatoria, obligándose a recurrir, en conjunto, a la
justicia para denunciar cualquier intento de cualquier gobierno y en cualquier
jurisdicción, en contrario.
También podría incluir temas vinculados con la
reconstrucción de un esquema transparente de asociación público privada, en
materia de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, no participar de ninguna
prórroga o ampliación de contratos sin licitación previa.
Denunciar cualquier acción que perjudique la libre
competencia dentro de las normas y regulaciones locales, regionales e
internacionales y, sobre todo, abstenerse de reclamarlas para sí, en desmedro
del resto de la sociedad.
Estos son sólo algunos ejemplos de lo que podría contener
este Código de Responsabilidad Civil.
Si todas las asociaciones lo firman, ya no habrá necesidad
de comportamientos "heroicos" ni de "mártires", dado que una acción contra
algún miembro se convertirá, automáticamente, en una acción contra todos.
El documento del "Foro de Convergencia empresarial" es digno
de ser elogiado como un marco adecuado para las políticas públicas. Pero las
malas políticas públicas de estos años, han sido posibles por la falta de un
comportamiento civil adecuado de las elites privadas.
La mayor parte de la clase dirigente argentina, permitió o
formó parte de la experiencia populista de estos años. No sólo la clase política debe modificar sus
comportamientos.
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