Venezuela: la insurrección opositora

Otra vez el escenario venezolano presenta la cara más áspera de aquello que se llama "polarización". Desde que asumió Chávez en 1999 no fueron una, sino varias las ocasiones en que las calles del país mostraron blanco sobre negro los apoyos y rechazos a la revolución bolivariana.
 
 
No hay ningún cromosoma caribeño que haga a los venezolanos distintos al resto. A la radicalidad del proceso que empezó Chávez y continúa Maduro, se le suma la radicalidad de una oposición que está lejos de ser solamente "política" ni menos aún "partidaria". Hay un sector electoralmente minoritario -pero numeroso en las calles- que está dispuesto a la acción directa con tal de terminar con el gobierno.
 
El discurso mediático dominante pone como sujeto principal de estas últimas movilizaciones a "los estudiantes", un genérico que intenta ocultar la ausencia de órganos representativos que protagonicen los reclamos. No existe ni siquiera en los papeles una agenda sectorial de reclamos. Esto salta a la vista con sólo leer la propia proclama en nombre de los "estudiantes de Venezuela" que el martes pasado publicó el diario opositor El Nacional:
 
"Las protestas estudiantiles y civiles que se están desarrollando en Venezuela son producto de la destrucción sistemática de nuestro país por obra de un régimen comunista. [...]
El Movimiento Estudiantil considera como primer paso la renuncia de Nicolás Maduro y todo su gabinete. De la misma forma, nuestro Estado no puede continuar bajo la dirección del castro comunismo: exigimos la inmediata expulsión de todos los agentes cubanos de nuestras instituciones. [...]
El Movimiento Estudiantil no reconoce instituciones que atenten en contra de la vida de sus ciudadanos. Es por ello que no dialogamos ni negociamos la Libertad con comunistas; esto significaría una traición a Venezuela y a nosotros mismos, como seres libres e independientes."
 
Las manifestaciones la componen, entre otros, jóvenes estudiantes -en general universitarios del sector privado- que tienen todo derecho a manifestarse. Algo tan obvio como que sus objetivos y vocabulario no guarda ninguna diferencia con la de los líderes políticos más extremistas de la oposición venezolana.
 
Algo muy distinto a lo que podíamos encontrar, por ejemplo, en las marchas educativas en Chile de hace algunos años atrás, que si bien estaban lideradas por el Partido Comunista y la izquierda social, no tenían como premisa el derrocamiento del gobierno, sino la gratuidad del sistema educativo.
 
Otro dato más: el epicentro de las protestas es en los bastiones electorales de la oposición, los barrios más acomodados de Caracas. Es decir, las marchas "estudiantiles" tienen una total ausencia de reclamos sectoriales, pero a la vez una sectorización geográfica y social muy evidente.
 
En definitiva, lo que emerge, antes que un reclamo concreto al gobierno, es el hastío político de algunas capas medias y altas frente al chavismo. Nada que no pueda ocurrir en democracia, pero que al mismo tiempo resulta difícil de encarar para cualquier agenda gubernamental. No se le pide que dé marcha atrás con tal o cual medida. Al chavismo se le pide, sencillamente, que deje el poder.
 
Sin ir más lejos, en el día de ayer, el analista internacional Jorge Castro intenta esa tesis desde el diario Clarín, señalando que "en Venezuela está en pleno desarrollo un nuevo "Caracazo", con una movilización generalizada de la totalidad de los sectores sociales". El llamado a un golpe de Estado está apenas disimulado: a la referencia al Caracazo de 1989 -un estallido popular ante las medidas neoliberales tomadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez- se le suma la conclusión de que el único factor de estabilidad que le queda a Maduro (y si es el único apoyo, también es quien puede dejarlo sin nada) es el ejército.
 
Sin embargo, la desmentida a este análisis, como a la presentación que en general se hace del estado de cosas en Venezuela, viene de las mismas filas opositoras. Nada menos que de Henrique Capriles, el ex candidato presidencial que perdió con Maduro hace menos de un año las elecciones generales.
 
El jueves pasado, Capriles apuntó a la falta de "contenido" de las marchas y advirtió a los suyos que "no existe forma de producir un cambio si tienes en contra más gente que quiere detenerlo; no consigues un cambio si no incorporas en la lucha a quienes viven en los barrios, a quienes viven en los sectores populares, ahí es que está la mayoría del país".
 
Capriles parece advertir que el peligro que corre la radicalización opositora es, justamente, anular el mayor triunfo que tuvo en estos quince años: por primera vez lograron tener una cantidad considerable de votos en barrios populares y de clase media, lo que explica, en parte, la cercanía en los números con Maduro en el 2013. Pero todo eso podría perderse si en vez de profundizar ese camino, la oposición vuelve a elegir la estrategia insurreccional en las calles.
 
Aún así, la conmoción social que vive Venezuela es preocupante. La razón es sencilla y compleja a la vez.
 
La oposición sacó apenas dos puntos menos que el chavismo, nucleada en torno a un mismo candidato, lo que expresa la existencia de una masa ciudadana más que relevante que se encuentra políticamente frustrada. Los políticos y medios de comunicación opositores se convencieron -y convencieron- que tras la muerte de Chávez, la infalibilidad electoral había desaparecido con él. El triunfo de Capriles era inminente. Pero no fue así: aun ajustadamente, Maduro consiguió más de la mitad de los votos y aseguró un nuevo mandato constitucional al chavismo, lo que llevaría a 20 años consecutivos de gobierno bolivariano. Semejante hegemonía política puede ser una noticia casi insoportable para sectores económicos y políticos que se siguen percibiendo como "dirigentes".
 
Si a eso le agregamos un círculo mucho más pequeño, pero también numeroso, por momentos masivo, que no sólo vota a la oposición sino que está dispuesto a salir a las calles para, en palabras del otro líder opositor, Leopoldo López, "terminar con el gobierno", el panorama se vuelve más complejo.
 
En definitiva, en una conclusión que es posible extrapolar a otras coyunturas nacionales, el problema político profundo es la tensión entre un sistema democrático que se transformó en la garantía de continuidad de procesos reformistas, y las elites de cada uno de los países, que en cada elección caen en el desánimo y la frustración, cuando los resultados contradicen todo su sistema de ideas y creencias. El pase a la acción directa, a la insurrección, parece ser la válvula de escape frente a esa realidad desagradable.
 
Finalmente, como parte de esa tensión irresuelta, el gobierno de Maduro tiene la necesidad política y moral de impedir una espiral de violencia. Venezuela es, de por sí y más allá de la confrontación política, una sociedad con demasiadas armas en manos de la población civil, algo que se visibiliza fácilmente en los números de asesinatos por año, donde sólo queda atrás de Honduras y El Salvador a nivel continental.
 
La mención a la posesión masiva de armas por parte de civiles tiene mucho que ver con las muertes en las recientes manifestaciones. La mayoría de las acusaciones, tanto del oficialismo como de la oposición apuntan a "colectivos armados", es decir, grupos de civiles chavistas y antichavistas, antes que a fuerzas de seguridad regulares. El gobierno había anunciado, días antes del comienzo de los enfrentamientos, un programa nacional de "pacificación" con el fin de reducir la tenencia de armas.
 
Dentro de todo este marco, conviene siempre recordar lo más obvio: además del triunfo de Maduro hace menos de un año, la Constitución bolivariana permite el llamado a un referéndum a mitad de mandato, lo que sucedería a comienzos de 2016. Un poco antes, en diciembre de 2015, habrá elecciones legislativas. La "dictadura chavista" tiene en frente unos cuantos retos electorales, que podrían mostrar si el hartazgo callejero expresa o no a una mayoría. Hay que ver si la oposición elige asumir el mismo desafío.