Este martes
Lunes 17 de febrero de 2014
El plazo para la presentación contra el pronunciamiento del
juez Griesa vencía este lunes, pero se postergó porque el máximo tribunal
permaneció sin actividades por ser feriado nacional en ese país.
El gobierno argentino presentará este martes una apelación ante
la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la disputa que lleva adelante contra
fondos buitre.
Si bien el plazo formal para que Argentina realice la
apelación contra el pronunciamiento del juez neoyorquino Thomas Griesa vencía este lunes, la presentación se concretará este martes debido a que la jornada del lunes fue feriado nacional
en los Estados Unidos, por el Día de los Presidentes, y la Corte permaneció sin
desarrollar actividades.
El experimentado letrado en temas del máximo tribunal Paul
D. Clement, es quien está detrás del armado de la presentación que concretará
el país que busca rechazar la orden de la Cámara de Apelaciones de Nueva York
que ratificó la presentación de los tenedores de bonos que no ingresaron a los
canjes.
El método previsto por el juez Griesa por un monto cercano a
1.330 millones de dólares -en concepto del 100% por los títulos en default que
mantienen en su poder-, prevé el uso de fondos destinados por Argentina a los
pagos de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
La estrategia del gobierno nacional es conseguir que la
Corte Suprema de EEUU tome el caso en consideración. Una vez logrado el
objetivo inicial, la búsqueda estará centrada en lograr que el máximo tribunal
rechace el fallo del juez Griesa, basándose en la inequidad que esto implicaría
para los bonistas que sí ingresaron a las reestructuraciones de deuda de 2005 y
2010.
En este marco, el gobierno nacional ya tiene el aval del
Congreso para poner en marcha una reapertura del canje de deuda -el tercero
desde 2005- para dar lugar al ingreso del 7 por ciento de los acreedores que
aún no lo hicieron.
Entre los letrados que representan al país en esta causa se
destaca la presencia de Paul Clement, quien se sumó hace unos meses a la causa,
además del tradicional estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
El letrado, con vasta experiencia en litigios de índole
financiera, se desempeñó como Procurador General de Estados Unidos durante la
administración de George W. Bush y es reconocido por haber llevado ante el
máximo tribunal cerca de 70 casos, sumando así el récord de haber argumentado
desde el año 2000 más juicios que cualquier otro abogado dentro o fuera del
gobierno en causas ante la Corte Suprema.
Clement, fue asimismo reconocido en 2012 como el Abogado del
Año por el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia y elegido en el 2013
por el National Law Journal, como uno de los 100 letrados más influyentes de
Estados Unidos, según detalló la biografía publicada en la firma Bancroft, de
la cual es socio.
Una vez hecha la apelación, la Corte Suprema podría pedir a
la administración del presidente Barack Obama que emita opinión en el caso.
Tiempo atrás, el gobierno estadounidense ya emitió opinión
en otra causa en la que intervienen los mismos actores, luego que Argentina
presentara en enero del año pasado un recurso extraordinario sobre un fallo del
tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que avaló el pedido de un fondo buitre para
la difusión de información de activos de un Estado extranjero.
En esa oportunidad, el fiscal General del Estado, Donald
Verrilli, sostuvo que al apoyar la orden, la Corte de Apelaciones de Manhattan
"permitió erróneamente" la producción de pruebas de activos de un
Estado extranjero, ubicado fuera del territorio norteamericano, por lo que la
petición de Argentina de rechazar el pedido debía ser concedida.
Bajo este marco y dentro de los procedimientos habituales,
la Corte Suprema en Washington citó días atrás a participar de una audiencia a
representantes del gobierno argentino y de los holdouts.
Las partes deberán presentarse el próximo 21 de abril para
hacer sus descargos sobre este aspecto del litigio, que responde
específicamente a lo que se conoce como "discovery" (pedido de
información) de activos de un Estado extranjero, fuera de los Estados Unidos.
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