Marita Perceval | Sábado 30 de noviembre de 2013
Los embajadores ante Naciones Unidas, como otros
representantes soberanos de nuestros Estados, damos por descontado que la
privacidad de nuestras comunicaciones es violada de forma sistemática, cada
llamada, cada email. Todos los que usan medios electrónicos de comunicación se
exponen a lo mismo.
Uno debe asumir hoy en día que conversaciones oficiales o
privadas suceden con la presencia silenciosa de un intruso de mayor poder, sea
otro Estado o una corporación económica.
Es un delito transnacional por excelencia, que en su
ignorancia de las fronteras, viola el derecho internacional de los Derechos
Humanos y la soberanía de los Estados. En ese mínimo instante digital, se
degrada la confianza mutua.
Tanto o más importante, se puede afectar la paz y la
seguridad internacionales.
Este debate explotó en julio, cuando el ex agente de la CIA
Edward Snowden contó que el gobierno de Estados Unidos interceptó masivamente
las comunicaciones electrónicas de Estados e individuos en todo el mundo.
Las protestas de gobiernos y organizaciones de la sociedad
civil pusieron en escena una movilización global en defensa del derecho a la
privacidad de los individuos. Razón más que suficiente para que las Naciones
Unidas aprobara ayer en una de sus comisiones la introducción de la primera
resolución internacional sobre el derecho a la privacidad, donde la
organización manifiesta estar "profundamente preocupada por las
violaciones y los abusos de los derechos humanos que pueden producirse a partir
de la realización de cualquier tipo de vigilancia de las comunicaciones,
incluida la vigilancia extraterritorial".
Más importante aun, "pone de relieve que la vigilancia
ilegal y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación ilegal de
datos personales constituyen actos de intrusión grave que violan el derecho a
la privacidad y a la libertad de expresión y pueden amenazar las bases de una
sociedad democrática".
La resolución explicita también que la lucha contra el
terrorismo debe ajustarse a estos principios. Sin excepciones.
La revelación del ex agente puso de relieve dos temas más
importantes. El primero es la confirmación categórica de que la defensa de la
soberanía de los Estados no sólo no es un obstáculo para la globalización: es
su mejor garante. Una integración mundial como la que potencian las
comunicaciones electrónicas no demanda que derribemos fronteras y disolvamos
Estados, como el mantra de estas décadas sugiere. Requiere, al contrario, que
cada gobierno garantice principios universales, no sólo desde el punto de vista
jurídico sino desde el punto de vista práctico.
Los proyectos para construir una infraestructura de Internet
con base en América Latina es un paso saludable en esa dirección.
El segundo punto, justamente, es el rescate de la enorme
contribución de la región para afrontar estos problemas, más allá de las
concepciones individualistas que ven en la soberanía nacional un obstáculo para
la libertad, o los regímenes autoritarios que la ven como un escudo para abusar
del poder domésticamente.
La resolución de Naciones Unidas fue presentada por Brasil y
Alemania (dos de las "víctimas directas" de escuchas ilegales) en la
Comisión de Derechos Humanos, con el fuerte apoyo de la Argentina junto a un
significativo grupo de países. Es un claro mensaje ético y político para
quienes violan las comunicaciones y el derecho internacional.
No es sorprendente que América Latina ocupe un lugar
destacado entre quienes impulsaron esta resolución: además de la presentación
de Brasil, entre los patrocinadores están Argentina, Bolivia, Chile, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay.
Para lograr consensos globales amplios, la resolución se
enfoca en el problema de los Derechos Humanos y un énfasis menor en la
violación a la soberanía. Pero la región ha enfatizado la relación central
entre la defensa de la soberanía y la defensa de la libertad.
Ese es y debe ser el centro del debate. La Argentina apoyó a
Brasil en sostener este espíritu categórico de la resolución, frente a
cualquier idea de disolver su fuerte mensaje político dentro de otras valiosas
dimensiones como la del derecho a la libertad de expresión, o de la no
intervención en los asuntos internos de otros países. No por nada, la región ha
sido, desde el surgimiento mismo de las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos, el actor internacional que con mayor claridad ha señalado
la asociación necesaria entre los derechos fundamentales de los individuos y la
soberanía de los Estados.
Lo que ha ocurrido con las masivas violaciones de la
privacidad es una tremenda regresión que demanda que no sólo los gobiernos sino
las sociedades se movilicen en defensa de los derechos y libertades alcanzadas.
Aunque quizás el mayor retroceso sea la fraseología
ampliamente difundida acerca de que las revelaciones de Snowden no son tan
escandalosas ya que, en el fondo, "esto lo hacen todos". Se trata de
una rara equivalencia ética, jurídica y política propia del relato extendido
durante la Guerra Fría.
Esta aceptación de la ilegalidad, de la violación del
derecho internacional y de los Derechos Humanos es aun más perjudicial y cínica
cuando se considera que la diferencia sustantiva entre las políticas
autoritarias y las democráticas estaba fundada en éticas contrapuestas: la
ética de la libertad versus la lógica del control.
Por ello, cuando la presidenta de la Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, dijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
que las revelaciones de Snowden traían a la memoria la película La Vida de los
Otros, sobre las violaciones a los derechos individuales por parte del Estado
en la vieja Alemania del Este, al mismo tiempo llamó a reconstruir el ideal de
que podemos convivir en pluralidad, con ideas diferentes, y de que esas ideas
diferentes no nos tornan en enemigos de otras personas ni en una amenaza para
otro Estado.
Es lo primero que debería recordar de la nota quien haya
interceptado esta comunicación.
María Cristina Perceval,
Representante permanente de la Argentina ante las Naciones
Unidas
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