De Malvinas ni hablar...
Martes 05 de noviembre de 2013
España y el Reino Unido pactaron y llevaron a la Asamblea
General de la ONU una declaración con la que se comprometen a resolver la
disputa sobre la soberanía del Peñón, anunció el ministro de Asuntos Exteriores
español, José Manuel García Margallo.
El jefe de la diplomacia española calificó este acuerdo como
un "primer paso hacia el restablecimiento de la normalidad que se rompió
en 2004", cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
creó el Foro Tripartito que daba a Gibraltar "personalidad jurídica
propia".
La declaración insta a España y al Reino Unido a llegar a
una solución definitiva sobre el Peñón "escuchando los intereses y
aspiraciones de Gibraltar", siempre que sean "legítimas conforme al
derecho internacional".
También se comprometieron a cumplir con el "espíritu de
la Declaración de Bruselas de 1984 -por la que Madrid y Londres acordaron
negociar la soberanía del Peñón- y las resoluciones de la ONU, que respetan la
integridad territorial de España.
Para España lo principal de la declaración -que fue acordada
el 28 de octubre en la Comisión de Descolonización y debe convertirse en
resolución de la ONU- es que las aspiraciones de Gibraltar deben ser
"legítimas conforme al derecho internacional", remarcó García
Margallo en declaraciones a la prensa tras un acto en el Instituto Cervantes de
Madrid.
La diplomacia española entiende con esto que los
gibraltareños no pueden reclamar el derecho a la autodeterminación.
El Reino Unido ocupa el Peñón de Gibraltar, de 6,5
kilómetros cuadrados y cerca de 30.000 habitantes, desde que el almirante
George Rooke lo conquistó, en 1704, durante la Guerra de Sucesión española. El
Tratado de Utrecht confirmó en 1713 la soberanía británica, y desde entonces
España la disputa.
Este verano la tensión se disparó por el lanzamiento de 70
bloques de hormigón al mar por parte de las autoridades del Peñón en una zona
en la que faenan pescadores españoles, así como la construcción de un nuevo
espigón en "La Roca", medidas que España interpretó como "provocaciones".
En respuesta, el Ejecutivo español intensificó los controles
en la única frontera común con la colonia británica, lo que provocó largas
colas de vehículos que acuden diariamente a Gibraltar, y luego amenazó con
crear una tasa fronteriza de 50 euros.
La tensión se rebajó cuando España y el Reino Unido
acordaron resolver la crisis por la vía del diálogo y aceptaron una misión de
la Unión Europea a la frontera común para evaluar la situación.
El texto de la declaración, si bien "toma nota" de
la voluntad británica de mantener el Foro Tripartido, también recoge la
posición española de que ya no existe y debe ser sustituido por un nuevo
mecanismo de cooperación en el que estén representados todas las autoridades
competentes en la materias "susceptibles de conflicto".
De esta forma, la resolución respalda la creación de grupos
de trabajo ad hoc a cuatro bandas- España, Reino Unido, Gibraltar y Junta de
Andalucía- para resolver problemas como la pesca y medioambiente.
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