Que habría pasado de no ganar Raúl Alfonsín

Si en vez de Raúl Alfonsín hace hoy 30 años hubiese triunfado Ítalo Luder, l a democracia habría tomado un rumbo incierto.
 
Para empezar, no habría ocurrido el juicio a las Juntas. El peronismo y su candidato habían decidido olvidar, en nombre de la "reconciliación nacional", el terrorismo de Estado vivido en el período 1976-1983. Luder anunció en su campaña que iba a convalidar la "ley de autoamnistía", sancionada por los dictadores en su propio beneficio. Por esa "ley", ningún militar podía ser "interrogado, investigado o citado". Si alguno era acusado de asesinato o tortura, los jueces estaban obligados a rechazar automáticamente la acusación.
 
De haber continuado la vigencia de tal norma, los líderes de la dictadura habrían quedado impunes y las fuerzas armadas habrían retenido capacidad de influencia política. Por otra parte, el movimiento sindical, parte fundamental del peronismo, aceptaba el perdón a las juntas. El pacto sindical-militar, denunciado por Alfonsín en su campaña, no era un eslogan vacío. Era un peligro cierto.
 
El 10 de diciembre él asumió la Presidencia de la Nación y el mismo día pidió al Congreso la abolición de la autoamnistía, derogada días después mediante la primera ley de la democracia recuperada.
 
Alfonsín ordenó entonces que se enjuiciara a las juntas: un hecho sin parangón en ningún otro país donde un gobierno civil haya sucedido a una dictadura militar. Los líderes máximos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, fueron condenados en 1985 a reclusión perpetua.
 
Militares de rango menor se alzaron entonces contra el gobierno constitucional.
 
Alfonsín, convencido de que peligraba la democracia, decidió hacer lo mismo que hicieron los aliados en Nuremberg, cuando juzgaron a los nazis: condenar sólo a los jerarcas.
 
Años más tarde, desaparecida ya la situación que la motivara, el propio Alfonsín votaría, como senador, la derogación de leyes que, en aquel dramático momento, había impuesto como Presidente: las de Obediencia Debida y Punto Final.
 
La abolición permitiría reiniciar los juicios a todos los responsables de la dictadura. El presidente Carlos Menem, hombre del mismo partido de Luder, había amnistiado a los mandamases de la dictadura en 1983. Eximir a los rangos menores había sido, en 1986-1987, un medio de asegurar que tales mandamases permanecieran en la cárcel, pero Menem les había abierto las puertas de salida de la cárcel.
 
A partir de 2003, volvieron a abrirse para ellos las puertas de entrada.
 
Néstor Kirchner estuvo desde 1983 en una posición diferente a la de Menem. Apoyó el juicio a las Juntas, sosteniendo que los responsables de haber "ensangrentado el país" debían "pagar sus crímenes". Por lo mismo, estuvo en desacuerdo con el indulto. Sin embargo, fue socio político de Menem hasta 1996 y, llegado él mismo al gobierno, tuvo actitudes contradictorias.
 
Por un lado, promovió la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por otro lado, llevó a la Corte Suprema a Eugenio Zaffaroni, un juez que había jurado fidelidad al Estatuto de la dictadura y defendido la represión. Además, ubicó en altas posiciones a Amado Boudou, Sergio Massa y Ricardo Echegaray, que en los 90 militaron en la Ucedé: el partido liderado por Álvaro Alsogaray, quien en esa época presentó un proyecto de ley para levantar un monumento a Videla.
 
En el orden económico, Alfonsín impulsó la transformación de empresas estatales de servicios públicos, para hacer de ellas sociedades mixtas pero con la mayoría en poder del Estado; y en el caso de YPF se opuso, inclusive, a la participación del capital privado en la empresa.
 
No sabemos qué habría hecho Luder, pero sí lo que hicieron Menem y Kirchner.
 
El primero privatizó 100 por ciento de casi todo y decidió la venta de YPF. El segundo fue decisivo en su aprobación.
 
El 22 de septiembre de 1992, desde la Casa Rosada, Kirchner pidió públicamente a los legisladores peronistas que aprobaran la privatización. Es lo que ellos hicieron esa noche, luego de que el actual Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli (entonces diputado por Neuquén), defendiera la privatización "para darle oxígeno a nuestro gobierno y un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]".
 
En cuanto al 1 a 1 impuesto en 1991 por Menem y Domingo Cavallo -paridad que al principio fue un eficaz remedio contra la inflación, pero a partir de 1993 empezó a erigirse en fábrica de quiebras, desempleo y deuda- Kirchner se proclamó su "defensor acérrimo" (1.7.1994) y su esposa defendió la llamada convertibilidad como "uno de los puntos fundamentales del modelo [menemista]" (13.3.1996).
 
El presidente Fernando de la Rúa cometió, en 1999, el imperdonable error de continuar con ese fatídico 1 a 1, causa del atroz estallido del 2001. Alfonsín y otros nos habíamos opuesto infructuosamente a esa prórroga de la política económica de Menem. En cambio Kirchner, aun después de caer De la Rúa, siguió abogando por la continuidad del 1 a 1.
 
Como es inevitable, Alfonsín cometió errores en su vida política; pero en la Presidencia fue víctima de un tiempo desdichado: el precio internacional de nuestras materias primas por el suelo, crisis de la deuda e inflación mundial causada por los petrodólares.
 
Le hubiese sido fácil gobernar a partir de 2003.
 
Sus sucesores no hicieron todo mal. Menem estabilizó los precios y Kirchner redujo la deuda. Sin embargo, manosearon las instituciones y dilapidaron recursos.
 
De cualquier modo, la plena vigencia del republicanismo y el crecimiento sostenido son recuperables.
 
Esto es así porque Alfonsín le dio forma a la democracia inaugurada en 1983.
 
Muy distinto sería el caso si hubiese sido otro el que asumiera la Presidencia y demarcado el derrotero a seguir.