Dos banderas menos

En lo que ya asemeja una deshilachada despedida, el peronismo gobernante arría dos banderas que le son muy caras a su "relato": la soberanía sobre los hidrocarburos y la injerencia de los militares en la política interna.
 
El "Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos', deja a un lado los argumentos sostenidos para propiciar la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que en su momento permitió modificar el paradigma neoliberal al que el peronismo recurrió en la década del noventa, para el sector. El decreto, un parche animado por la necesidad de reactivar la producción de energía, víctima de una pésima política pública al respecto, dispone amplios beneficios a las operadoras - por no decir que es a medida de una de ellas - y plantea interrogantes en torno a su aplicación.
 
La medida propuesta contempla que a partir del quinto año de iniciado un proyecto con una inversión mínima de 1000 millones de dólares, el 20 por ciento de lo extraído estará sujeto a cotización internacional, sea para la exportación o para el mercado interno. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y se permitirá la libre disponibilidad de divisas. De no alcanzarse el autoabastecimiento nacional, todo lo extraído será destinado al mercado interno y se compensará a la operadora con la diferencia.
 
Es inquietante que se habilite a las empresas a subdividir las áreas convencionales y se les adjudique directamente, sin licitación pública, lo que ellas definan como no convencionales por el plazo de 35 años. Otro de los interrogantes es cómo se fiscalizará la aplicación de los beneficios, ya que en la mayoría de las provincias la única información que maneja el Estado sobre los niveles de extracción de las operadoras surge de las declaraciones juradas presentadas por éstas, algo similar a lo que ocurre con la minería.
 
La cada vez menos democrática política energética - cincelada a fuerza de decretos y en contra del espíritu de la Constitución vigente - cuenta con la ayuda de la "no democrática" justicia argentina - a juicio de la presidente - cuya Corte Suprema perdonó a Chevron, nueva socia de YPF, por el desastre ambiental y social que ocasionó en Ecuador y por la cual fue embargada. La procuradora Alejandra Gils Carbó también terció en favor de Chevron y en su dictamen reza: "El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables." Lo cierto es que los únicos perjuicios irreparables los ha causado la pésima política energética de este gobierno.
 
El Decreto 929 no inaugura una visión nueva de esa política, sino que es síntoma del obvio fracaso. Así, se introducen cambios que finalmente, en el contexto de lo que no se cambia, prometen ser ilusorios o poco efectivos. El kirchnerismo no comprende que las señales para inducir inversiones de riesgo genuinas, deben resultar consistentes y creíbles en el tiempo, asegurando derechos y obligaciones transparentes y no maleables ante las recurrentes urgencias fiscales o del capitalismo de amigos, de corto plazo, con una asignación de riesgos entre el sector público y el sector privado que pueda sostenerse por las distintas administraciones que se sucedan.
 
Pero el impacto sobre el relato es letal. Por caso, una presidente que inaugura cuanta obra pública y privada surja, no ha hecho de la firma del convenio una pieza de la escenografía oficial. Ha sido a escondidas y escamoteando el justificado debate parlamentario.
 
La segunda bandera que sale en helicóptero de la Casa Rosada está vinculada a la elección del general de inteligencia César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani como nuevo jefe del Ejército. En nuestra última coyuntura señalamos las sombras que oscurecen su designación, aún pendiente de tratamiento en el Congreso. Sin embargo, el discurso de la presidente con motivo de la Cena Anual de Camaradería del Ejército, indicó el nuevo papel de las FF.AA. para el futuro cercano, en la defensa de los recursos naturales y en el sostenimiento de la independencia frente a "enemigos internos y externos", según se desprende de la particular visión de la historia que perora la presidente en cada acto.
 
En ese relato instó a "hombres y mujeres que han decidido ejercer su vocación, de tener las armas para defender a la patria, a construir con esta concepción y en este mundo difícil este nuevo sistema de defensa nacional que exige el ahora." "...Y construir una historia diferente a la que hemos tenido para entrar en el tercer siglo de vida, va a ser una obligación que todos vamos a tener. Cuanta más alta la responsabilidad, más alta la contribución a la construcción de esa nueva historia. Pero quiero decirles a todos ustedes que cada uno de ustedes, hombres y mujeres que visten uniforme, tienen su lugar para cumplir en esta nueva historia que queremos construir."
 
El considerable aumento registrado en el último tiempo del gasto en inteligencia del Ejército y el hecho de que se pretenda colocar a Milani como jefe de Estado Mayor sin abandonar su cargo como jefe de Inteligencia, abona la teoría de que el kirchnerismo utilizaría esos servicios para tareas de inteligencia interior al servicio de las crecientes "necesidades políticas."
 
Diluidas las culpas que ahora comparten en el relato con los civiles - dictadura cívico-militar en el glosario oficialista - ahora sí las nuevas generaciones de militares tienen para el Ejecutivo un papel que incluye la inteligencia interior. El regreso de los militares a la política - Milani se ha expresado en favor del proyecto nacional y popular - no es precisamente un logro para el sistema político. Todo lo contrario, en los 30 años de democracia se mantuvo - no sin esfuerzo - a las FF.AA. subordinadas al poder político y ningún gobierno pretendió incluirlas como actor de su proyecto por más nacional y popular que se declare.
 
La semana próxima el Congreso tratará su pliego. Varios referentes y agrupaciones de defensa de los derechos humanos ya han pedido que se investigue a fondo su opaco pasado para disipar cualquier duda. Mientras tanto, la interna de los espías profesionales se ha desmadrado. Ese rubro no se ha recompuesto desde el atentado a la AMIA - del cual se cumplen 19 años sin justicia - y la irrupción de Irán en su temario.
 
 
De ganancias y cedines
 
Con la necesidad de marcar agenda y bajo la lógica que para subir el techo de ganancias - que afecta a los salarios e inflama la verba de Hugo Moyano - hay que reemplazar ese ingreso por otro, se desempolvó la idea de gravar la renta financiera; una medida con poco impacto en las finanzas públicas, pero de alta repercusión en la opinión pública.
 
De acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para este año, el monto total de las exenciones impositivas asciende a 65.658 millones de pesos, que representa casi un 8 por ciento de los 822.073 millones de pesos estimados de recaudación fiscal para ese período. No obstante, este porcentaje, evidentemente importante, tiene la mayor parte de las ventajas tributarias en el IVA, que se lleva 30.167 millones de tratos favorables y no en Ganancias. En rigor, las exenciones al Impuesto a las Ganancias ascienden este año a 13.260 millones, apenas un 1,6 por ciento de la recaudación total.
 
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el sector público (básicamente ANSES y el BCRA) tiene el 58,1 por ciento de los títulos públicos y el 34,5 por ciento de los depósitos en plazo fijo, nominados en moneda nacional, de modo que si se mantiene el privilegio a las entidades sin fines de lucro (como parece lógico), el nuevo impuesto permitirá aumentar la recaudación en menos de la mitad de esos 13.260 millones, en un monto que en el mejor de los casos ascenderá a los 5.000 millones. Peor aún, se produciría un deterioro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, constituido en su mayoría por títulos públicos y obligaciones negociables. Esos 5.000 millones de pesos representan tan sólo el 0,6% de la recaudación.
 
La operatoria del blanqueo, al que ya nos hemos referido en la edición anterior, y la puesta en circulación de los CEDIN y BAANDE no parecen haber cumplido con las expectativas, una suerte parecida a la "Moreno Card" anunciada con bombos y platillos. Ante la casi ausencia de operaciones, el director de la UIF habría sugerido a las entidades financieras que obviaran la emisión de reportes de operaciones sospechosas (ROS) para "incentivar" la llegada de los ansiados dólares. Es decir que pretendería traspasar la responsabilidad de violar la Ley Antilavado a los bancos y no a su área que consagró La impunidad de los más de 300 ROS presentados en el último blanqueo y que no fueron investigados.
 
Grandes países, gestos pusilánimes
 
La mala pasada que le jugaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal, impidiendo el ingreso a su espacio aéreo justificado por el posible traslado en el avión presidencial del topo Edward Snowden, puede colocarse en el podio de los actos vergonzosos de las relaciones internacionales de cualquier manual de la materia. Sólo España envió una nota de disculpas oficial para redimir su papel en esta sobreactuación de los países mencionados en favor de su temerosa relación con los EE.UU.
 
Del mismo modo en que el kirchnerismo ha llevado adelante una política exterior pensando en su rédito político interior, es muy probable que esta situación de objetivo repudio regional hacia el vejamen perpetrado con Evo Morales, sea una ocasión para que la Argentina ensaye alguna maniobra rimbombante, efectista o de distracción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando en breve asuma la presidencia rotativa que cambia cada mes entre sus 15 miembros.
 
Esto no sería de extrañar en momentos en que como forma de oxigenar el relato o de distraer la atención serían cartas a jugar por un gobierno cada vez más débil y desorientado.