Dos ex gerentes y el jefe de seguridad
Martes 21 de mayo de 2013
Dos ex gerentes y el ex jefe de seguridad de la empresa en
la última dictadura fueron procesados como partícipes necesarios del secuestro
de 24 obreros en 1976, cuyos datos personales y fotografías se suministraron a
los militares
También se los procesó por haber permitido montar un centro
clandestino de detención dentro del predio de la fábrica.
La decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence
recayó sobre el ex gerente de Manufactura de la planta automotriz Pedro Müller,
el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de
Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, quienes fueron procesados sin prisión
preventiva y embargados en 750.000 pesos cada uno, según el fallo difundido hoy.
"La violación de los derechos humanos no es únicamente
patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la
colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan,
apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación
beneficie sus intereses económicos", señala el fallo.
En ese marco, destaca que "es importante no solo
perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los
privados".
En la resolución se consideró que los secuestros perpetrados
entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976 fueron delitos de lesa humanidad
e imprescriptibles.
"A los nombrados se les imputa el haber facilitado los
datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías
y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos",
afirmó la magistrada.
Además, "se les endilga haber permitido que se montara
un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los
sectores del Campo de Recreativo y/o de Deporte, para que fueran
interrogados".
"Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus
rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el
personal que intervino. En muchos de los casos, ante la ausencia laboral de los
secuestrados, los despedían `con justa causa`", detalla el fallo.
"Pareciera casi inocente preguntarse si el directivo de
una empresa multinacional como Ford S.A., el gerente general que hacía las
veces de vicepresidente, el gerente de relaciones labores y el jefe de
seguridad no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus
empleados y subordinados", analizó.
La jueza los encontró partícipes primarios de
"privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido
cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24
hechos, nueve de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e
imposición de tormentos, reiterados en 24 ocasiones".
Los procesados, residentes en Córdoba, deberán comunicar al
juzgado eventuales cambios de domicilio, presentarse una vez por mes en la
delegación de la Policía Federal más cercana y no dejar su vivienda por más de
24 horas.
El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás
Courard, también estaba imputado, pero el juzgado recibió constancias de su
fallecimiento en Chile en 1989.
Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona
de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado ex
general Santiago Omar Riveros.
Las víctimas fueron: Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo
Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez,
Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén
Manzano, Juan Carlos Amoroso.
También fueron secuestrados Fernando Mario Groisman, Luciano
Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos
Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo
Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos
Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.
En el fallo, la jueza aludió a precedentes internacionales
como los procesos abiertos a empresas alemanas por su colaboración con el
nazismo.
Además de ser delitos imprescriptibles, "no se puede
soslayar que se trata de eventos tan aberrantes que ofenden a toda la comunidad
internacional -delitos universales-", advirtió.
Y recordó los casos de las causas abiertas a firmas alemanas
por ejemplo por vender a los nazis el pesticida que se usaba en las cámaras de
gas para asesinar a millones de judíos.
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