El Presidente que bajó los cuadros

Entre mayo de 2003 y marzo de 2004, Néstor Kirchner torció el rumbo que habían tomado las políticas de derechos humanos impartidas por el Estado desde la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos menemistas. Las crónicas de esos días revelan que ese giro de ningún modo estaba inscripto en el "curso natural" de las cosas.
 
Cuando Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Videla y Bignone en el Colegio Militar no solo se inauguraba una nueva etapa en las políticas de memoria sino también en el ciclo de estos treinta años de democracia argentina. Sin ese acto de restitución de la autoridad política de un presidente democrático en nombre de una necesaria reparación histórica, difícilmente hubiera sido posible avanzar en el terreno de otras reparaciones sociales igualmente necesarias. La escena suponía entonces un nuevo pacto entre el Estado y la nación basado en la restitución de derechos allí donde habían sido vulnerados. De este modo, medidas tan diversas como la recuperación del sistema de previsión social, de empresas paradigmáticas como Aerolíneas Argentinas e YPF, la reapertura de los convenios colectivos de trabajo y la estipulación de un piso mínimo de ingresos ciudadanos por medio de la AUH, son, a su modo, herederas de esa decisión política fundante, que a su vez transformaba a Kirchner en un líder político que ya no sólo expresaba a una coalición electoral ajustadamente exitosa sino en el conductor de un movimiento que comenzaba a dejar su huella en la historia argentina. Porque el kirchnerismo, como movimiento político y como nueva etapa de la democracia argentina, se funda en ese acto político.
 
Como todo hecho político fundante, ha querido ser relativizado por los opositores, con argumentos que van desde la "debilidad" de las Fuerzas Armadas en aquel contexto para impedir el giro que Kirchner estaba imprimiendo a las cosas, como la falta de reconocimiento por parte del ex presidente de las políticas de derechos humanos del primer tramo del gobierno de Alfonsín. Sin embargo, lo que no ponen en juego u olvidan estas críticas es que el sistema político argentino de aquellos años, incluso después de la rebelión del 2001, se encaminaba hacia un nuevo pacto de impunidad y que, en ese contexto, como lo haría después en tantos otros, Kirchner marcó la diferencia.  Para recordarlo, sólo basta repasar las crónicas de aquellos días.
 
Que la dirección hacia la cual se conducían los actores principales de ese sistema político era otra, queda reflejado en el hecho de que uno de los últimos decretos de Duhalde durante su breve presidencia fue el indulto a los "carapintadas" que se habían sublevado en democracia, en línea con el programa de "reconciliación nacional" impulsado por Menem. El propio Duhalde declaraba horas antes de la asunción de Kirchner acerca de la necesidad de poner freno a las conquistas de los organismos de Derechos Humanos: "Después de 25 años, ¿puede ser que venga una persona a denunciar a otra, cuando han desaparecido jueces, testigos, todos? Los jueces no saben qué hacer, con detenciones que muchas veces son injustas, con unas Fuerzas Armadas que han tenido un comportamiento ejemplar en los últimos años. Permanentemente no se puede estar sobre ellas. No imagino un país que no cierre las heridas". Cabe recordar que estas palabras de Duhalde surgían en el contexto del final de su presidencia, tras los crímenes de Kosteki y Santillán, en la que había barajado seriamente la posibilidad de que el Ejército asumiera el control de la protesta social.
 
Asimismo, la prensa de esos días comentaba el pacto que habían sellado el entonces presidente saliente, Eduardo Duhalde, el titular de la Corte Suprema menemista, Julio Nazareno y el Jefe del Ejército, Ricardo Brinzone, cuyo objetivo era la declaración de inconstitucionalidad de un fallo que anulaba las leyes de Obediencia debida y Punto final. Por su parte, Kirchner, que se enfrentaría a cada uno de estos actores, revelaba que uno de los puntos del "pliego de condiciones" que le había acercado el diario La Nación  se refería justamente a la necesidad de culminar con las revisiones de la "lucha contra la subversión".
 
Sin embargo, Kirchner se encaminaba hacia otro tipo de políticas de la memoria: en la primera semana de gobierno descabezó las cúpulas de las tres armas. La decisión incluyó el pase a retiro del 75% de la conducción del Ejército y el 50% por ciento de la conducción de la Armada y la Fuerza Aérea. Brinzoni, jefe del Ejército y lobista ante la Corte Suprema menemista, declaraba que "La intriga cuartelera hacia la política fue erradicada. La intriga política sobre los cuarteles es tan riesgosa como la anterior y parece regresar después de 20 años. Nada nos alejará de nuestro objetivo militar que es inmutable". Kirchner le respondió en su discurso de celebración del Día del Ejército: "Exigiré que cumplamos cada uno su rol, sobre todo de quienes estén bajo mi mando. Por tanto nadie puede sorprenderse o pedir explicaciones o calificar una situación como inexplicada, cuando se han puesto en ejercicio facultades constitucionales y legalmente regladas. Analizar y caracterizar las conductas del poder político no es función que le corresponda a un militar".
 
A pesar de estos signos inequívocos de que un nuevo rumbo asomaba en materia de Derechos Humanos, Kirchner tuvo que revalidar estas políticas con fuertes intervenciones al interior de las fuerzas partidarias mayoritarias. En agosto de 2003, no todos los partidos acompañaron la iniciativa parlamentaria de la legisladora de Izquierda Unida Patricia Walsh, que buscaba anular las leyes de Punto Final y Obediencia de vida. En la Cámara Baja, el radicalismo optó por la abstención a partir de un argumento "jurídico" contra la constitucionalidad de la anulación al tiempo que pretendía echar un manto de duda sobre las intenciones de un gobierno con muy poca legitimidad electoral. El propio Raúl Alfonsín tuvo que enviar una carta a los representantes del bloque radical en la que expresaba la aceptación de ambas medidas: " A lo mejor sea éste el último anclaje con un pasado que debemos romper para darle fuerza a la esperanza renacida". Por su parte, el PJ, que tampoco se decidía a acompañar mayoritariamente la medida, cambió su decisión a último momento, cediendo a la insistencia directa de Néstor Kirchner. En el Senado el trámite fue algo menos complejo. Scioli abandonó el recinto a la mitad de la sesión y dejó en manos de Gioja la presidencia de la Cámara. Cristina Fernández, desde su banca, cerró el debate que precedió a la votación que sancionó la medida.
 
Meses después, el 19 de marzo de 2004, el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso la inconstitucionalidad de los indultos en la causa del Primer Cuerpo de Ejército, dejando abierta la posibilidad de enjuiciar a los altos mandos. El contexto dejaba en claro que sólo una decisión política podía salvar a los militares de los enjuiciamientos. ¿Qué indicios en ese sentido ofrecía Kirchner? El mismo día del fallo de Canicoba Corral, encabezaba una recorrida por la ESMA junto a un grupo de ex-detenidos y familiares de las víctimas que por primera vez ingresaban al campo de concentración donde miles de personas fueron privadas de su libertad y torturadas. En las afueras del predio, un grupo de padres de alumnos de los diferentes establecimientos educativos que la Armada protestaron contra la decisión presidencial de desalojar el predio para instalar allí un Museo de la Memoria. Apenas se inició la recorrida, otro grupo increpó a la comitiva con insultos y agresiones.
 
Así llegó, finalmente, el día en que Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar. Cabe destacar que este acto ya había sido propuesto por el CELS a los Ministros de Defensa tanto de la Alianza, Ricardo López Murphy, y al de Duhalde, Horacio Jaunarena, sin ningún éxito. Una vez más, Kirchner colocaba en el centro de la escena política una iniciativa de los organismos de derechos humanos, con escasa aceptación del sistema político.
 
Ese 24 de marzo de 2004, el Estado argentino realizó el primer acto oficial que conmemoró el inicio de la última dictadura-cívico militar. A las 10 de la mañana, Kirchner se dirigió al Colegio Militar para retirar los cuadros de Videla y Bignone de la galería de cuadros de ex-Directores de la institución. En los días previos, la decisión del Presidente provocó, entre otras reacciones, la solicitud de pase a retiro de algunos oficiales del Ejército y el robo del óleo con la imagen de Videla (de modo que el retiro del cuadro tuvo que hacerse con una foto ampliada del dictador). Incluso pocas horas antes de la ceremonia, los oficiales amenazaban con realizar una protesta institucional, retirándose del acto en un claro desplante al Presidente. En ese contexto,  Kirchner se dirigió a Bendini y pronunció una sola palabra, con enormes connotaciones históricas: "Proceda". Con esa "instrucción" y el pedido de perdón en nombre del Estado que horas después emitió en el acto que convirtió a la ESMA en un Museo de la Memoria, Kirchner ofreció una lección acerca de los profundos acontecimientos históricos que son capaces de desencadenar algunas palabras enunciadas a la hora y en el lugar adecuados.
 
Para los argentinos, ese acto significó una necesaria reparación basada en la memoria, la verdad y la justicia, principios sostenidos por los organismos de derechos humanos, en tiempos políticamente muy adversos. Esos principios permitieron realizar durante estos últimos años no menos de 95 juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que fueron acusados 2088 personas, quienes gozan del derecho de presunción de inocencia y legítima defensa, que le fueron negados a los detenidos-desaparecidos. La desaparición de Julio López, testigo clave en uno de esos Juicios, pone a la luz no sólo la metodología macabra a la que apelan ciertos sectores comprometidos con los crímenes de lesa humanidad para advertir a toda la sociedad acerca de los límites que debería darse a la hora de la búsqueda de justicia; también deja ver que el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado no es para nada un tema cerrado y presenta aún severas resistencias. Alcanza con observar, también en este sentido, las reacciones de los civiles que colaboraron con la dictadura y que hoy son llevados a juicio.
 
En síntesis, porque permitieron reinventar la democracia, porque resultaron el sostén simbólico de otras medidas de reparación social y porque incluso para el propio peronismo implicó su verdadera renovación, los hechos y las palabras de Kirchner aquel 24 de marzo de 2004 sellaron la emergencia de un nuevo tiempo histórico que no se dejaba avizorar en el curso previo de las cosas.