Venezuela se ha convertido en los últimos catorce años, en
un país electorero. Cinco referéndums de naturaleza constitucional, cinco
votaciones presidenciales, las del 98, 2000, 2006, 2012 y 2013, además de las respectivas para elegir los
representantes del poder legislativo, alcaldías y gobernaciones, para un gran
total de 19 eventos electorales, así lo indican. Sin embargo, no por tener más
elecciones, un país es más democrático; en su contra conspirará el hecho de que
las gane siempre la misma persona o la misma facción política, y que el
organismo encargado de coordinar, llevar a cabo todas la fases del proceso
electoral y dar los resultados, esté conformado, íntegramente, por miembros
pertenecientes a la misma tendencia ideológica del gobierno; al menos en
nuestro caso, cuatro de los cinco que lo estructuran.
Por eso, en unas elecciones tan apretadas como las del pasado domingo 14 de abril, la
solicitud del señor Capriles de que se cuenten todos los votos depositados en
las urnas electorales, cosa que nunca se ha
hecho en la Venezuela chavista, pues se ha partido del axioma de que con
solo auditar un número de mesas representativo del universo votado, es más que
suficiente, es democráticamente conveniente y necesaria para despejar cualquier
atisbo de duda sobre la no imparcialidad de las cifras anunciadas por el
Consejo Nacional Electoral, en horas de la noche, el mismo día de las
elecciones. Bien visto el asunto, a quien más conviene que lo que pide Capriles
se haga, es al señor Maduro, pues ratificaría su triunfo electoral y validaría
su proclamación y juramentación como presidente electo, efectuadas a toda
prisa, a solo escasos días de conocerse los resultados precisamente impugnados.
Aunque parecía poco
probable que el gobierno, es decir, CNE y el Tribunal Supremo de
Justicia, fueran a dar luz verde a cualquier
reclamo de la oposición en dicho sentido, la decisión finalmente se tomó. Y se
tomó, después y a pesar que la presidenta del TSJ, había ya adelantado opinión
al respecto, asegurando que el reconteo de los votos no era posible dentro de
un proceso de sufragio automatizado. A lo que cabe la pregunta ¿ Y para qué son
entonces los papelitos, o sea, los votos impresos que introducimos en las urnas
al momento de votar?
Es por ello, que esta decisión del CNE, no de recontar el
cien por ciento de los votos depositados en las urnas electorales, sino de
auditar las cajas sobre las que no se hizo auditoría alguna el día de las
elecciones, algo así como un 42 por ciento, lo que equivaldría aproximadamente
a unas 12 mil cajas, resulta encomiable, en cierto modo, pues abre una válvula de escape a la olla de
presión político-social en que se había convertido el país. Una muestra,
además, de voluntad democrática, no obstante que el propio CNE insista en que
no se van a alterar los resultados ya anunciados, que revaloriza, de alguna
manera, la apreciación que los venezolanos tienen de dicho organismo electoral,
más allá de que se nos repita constantemente que el nuestro es el mejor y más
eficiente de los sistemas electorales existentes en todo el mundo, algo que está
precisamente en entredicho en este momento, y la cual solo podría cambiar
radicalmente, el día en que se reestructure el CNE para darle representación a
los partidos de oposición al régimen.
Entramos ahora, en una fase de implementación de ese proceso
de conteo o auditoría de los votos, con la verificación del cumplimiento de los
requisitos legales y técnicos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos
Electorales, con lo cual esperamos que una vez conocidos los resultados
finales, la paz y la armonía que todos los venezolanos esperamos, se apodere
del país de una vez por todas y para siempre.
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