Lilia Puig de Stubrin | Viernes 25 de enero de 2013
Se está llegando demasiado lejos en la lucha que el gobierno
tiene contra los monopolios mediáticos privados y, desde diciembre, venimos
asistiendo a los embates de una de las integrantes del grupo que gobierna
contra la Corte Suprema.
Esta funcionaria sin cargo, que supo ser respetada por su
condición de madre de desaparecidos e integrante de la social y políticamente
valiosa organización que permitió visibilizar nacional e internacionalmente la
desaparición de personas, ha decidido militar contra el principio de legalidad.
Quizás ella ignora su valor en la defensa de la vida y de la
libertad de los individuos. Quizás no sepa que sin principio de legalidad,
fundado en la soberanía popular, no habría habido posibilidad de CONADEP, ni
Ley de Defensa de la Democracia, ni Juicio a las Juntas, ni Juicios de la
Verdad, ni revocación de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ni juicio
a los represores.
Ahora la señora descalifica a la Doctora Carmen Argibay por
poner al principio de la legalidad por encima de las convicciones personales.
No le interesa que la jueza halla estado en las mazmorras de la dictadura,
tampoco su lucha internacional y nacional por los derechos a la vida y la
libertad de las mujeres: la acusa por creer en la legalidad constitucional
fundada en el otro principio rector de la democracia: la soberanía del pueblo.
El grupo que gobierna respalda a la señora de los ataques a
la Corte porque, evidentemente, comparte con ella una concepción pragmática del
derecho y una visión relativista de los derechos.
Tienen la oportunidad de rebatirla rápidamente. Pero nadie
desdice a la señora que agravia a la Jueza Argibay, que nos ha honrado a la
ciudadanía democrática con su actuación pública y privada.
Si nadie anuncia que el 24 de marzo no será transformado en
otra puesta escena en la lucha contra los medios, malversando así el sentido de
la conmemoración, será porque para ellos lo único que vale son sus intereses de
continuidad en el poder y están dispuestos a "ir por todo" cueste lo que
cueste.
Si esto resulta así, no hay lugar para dedicarse a jugar a
las candidaturas porque lo que está en juego no son cargos sino la vida y la
libertad de los argentinos. Los autoritarismos no son patrimonio de las
dictaduras militares.
La responsabilidad de los políticos democráticos es proteger
el régimen democrático y republicano de nuestra constitución como cuestión
primera.
Por la titular de la HCN, Lilia Puig de Stubrin
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