Con 207 votos a favor
Viernes 04 de mayo de 2012
La Cámara baja aprobó por 207 votos a favor el proyecto de recuperación de YPF que ya tenía media sanción del Senado. La iniciativa, que contó con un consenso récord, abarca la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y declara "de utilidad pública" y como "objetivo prioritario" el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.
Tras un maratónico debate los diputados aprobaron el proyecto de ley en la que Argentina recupera YPF, una medida que fue festejada por miles de personas que se reunieron en la Plaza del Congreso para festejar.
En medio de un clima de algarabía y acompañados por reconocidos temas musicales del más emblemático rock nacional, los militantes, entre los que se encuentra la hija de la Presidenta, Florencia Kirchner, se apostaron frente al palacio portando banderas, pancartas y globos, la mayoría de ellos con la sigla de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).
También se vieron numerosas banderas con la leyenda: "YPF, CFK, son nuestras, son argentinas", y dos enormes pancartas con la ya tradicional presencia en este tipo de actos, de la imagen del "Nestornauta".
Entre las agrupaciones presentes se encuentran La Cámpora, Kolina, Nuevo Encuentro, Juventud Sindical, Frente Transversal, la JP-Evita, Movimiento Evita, Corriente Nacional de la Militancia, Frente Grande y el Partido Comunista Congreso Extraordinario.
También se apostaron frente al palacio legislativo, organizaciones como la Tupac Amaru, de Milagros Sala, y el Movimiento Octubres, entre otras, además de distintos gremios nucleados en la CTA que lidera Hugo Yasky.
La norma que aprobó el Congreso faculta además al Estado a tomar medidas en ese sentido, a fin de "garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones".
Los puntos principales de la ley son los siguientes: La política hidrocarburífera apuntará a: la promoción del empleo; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas; la explotación y restitución de reservas; la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de inversiones y recursos con miras al autoabastecimiento.
Son también objetivos: la incorporación de nuevas tecnologías; la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; y la obtención de saldos exportables.
La ley crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación (a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación Federal, Trabajo e Industria) y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese Consejo garantizará el cumplimiento de la ley y elaborará el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas (hoy con 57,43% del capital).
La expropiación también comprende al 51 por ciento de las acciones que Repsol posee en YPF Gas, la principal firma de comercialización y fraccionamiento de gas en garrafas.
El proceso se regirá por la Ley de Expropiación, nº 21.499, y la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Las acciones expropiadas se distribuirán en un 51% para el Estado nacional y el 49% restante entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
La distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realizará en forma equitativa, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas.
Se prohíbe la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros.
La iniciativa establece que YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta, a la cual no se le aplicará la legislación o normativa administrativa de las empresas públicas.
Se permite a YPF acudir a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.
Repsol deberá esperar que define el tribunal de tasación -que pertenece al Ministerio de Planificación- para ver cuanto considera este tribunal que es el valor que se deberá pagar por la expropiación de la petrolera, un precio, que con seguridad, no será ni siquiera cercano al que considera que vale los directivos españoles, por lo que el conflicto entre el gobierno y Repsol recién empieza...
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