Alejandro Marambio | Lunes 05 de marzo de 2012
El pasado 14 de febrero otro establecimiento carcelario en
América, el penal de Comayagua en Honduras, fue consumido por un incendio con
consecuencias trágicas. Esta vez fueron más de 375 los muertos que hubo que
lamentar.
Son varias las hipótesis que se manejan acerca de los
motivos por los cuales se inició este incendio. Estos son: un posible motín, la
incomprensible decisión de un interno de quemar las instalaciones, un intento
de fuga utilizando el incendio como distracción y las fallas eléctricas del
establecimiento. Seguramente habrá más hipótesis que en este momento se deben
estar evaluando para poder establecer la existencia de responsabilidades
penales, civiles y administrativas, entre las que seguro se incluye la
provocación del incendio a través de algún funcionario. Sin embargo, lo claro
en todo esto es que podría haberse evitado.
Aquí existen situaciones estructurales que deben ser
expuestas como las principales causas de este hecho. Había un antecedente
inmediato. El 17 de mayo de 2004, 107 personas privadas de libertad fallecieron
a raíz de un incendio ocurrido en una cárcel en San Pedro Sula, norte de
Honduras. Esto implica que hace aproximadamente ocho años ocurrió una tragedia
similar en este mismo país y, pese a ello, las condiciones objetivas no
variaron, o, más bien, variaron para peor.
El establecimiento penitenciario de Comayagua era un
establecimiento productivo modelo, una granja penitenciaria. Por esos motivos
solo debían estar allí alojadas las personas privadas de libertad de mejor
conducta. Además, su capacidad era de aproximadamente cuatrocientas plazas, sin
embargo había alojados más de ochocientos privados de libertad.
La sobrepoblación es uno de los peores problemas que
enfrentan los sistemas penitenciarios de la región y se debe, fundamentalmente,
al incremento constante y exponencial de la tasa de prisionización, es decir,
de la cantidad de personas privadas de libertad medidas cada cien mil
habitantes. Según la octava edición de la Prison Population List del Centro
Internacional de Estudios de Prisiones de Inglaterra, al 9 de diciembre de 2005
Honduras tenía un total de 11.589 personas privadas de libertad, lo que
redundaba en una tasa de 161 personas cada cien mil habitantes del país. Esta
tasa no es de las más altas de la región, y parece moderada frente a los más de
800 cada cien mil que alojan los establecimientos penitenciarios de Estados
Unidos.
Así pues, un sistema colapsado es el motivo esencial al que
debe atribuirse este hecho. Pero no es el único. A este motivo se añade la
falta de inversión en cárceles y la falta de formación del personal, que,
incluso en el caso de Honduras fue entrenado para ejercer de policía, sin tener
la capacitación esencial e imprescindible para el servicio social de
administración de prisiones.
Pero el aumento del uso de la cárcel lo único que ha logrado
es que cada vez los centros penales estén más obsoletos y sobrepoblados y por
ello la administración ha perdido su control. Se da un caso de círculo vicioso:
con el fin de evitar la inseguridad se apela al uso extremo de la cárcel con lo
cual, en espacios densamente poblados y sin recursos estatales para construir
más cárceles, aumentar y capacitar a su personal y brindar derechos básicos y
programas de tratamiento en salud mental, educación, trabajo y la generación de otro tipo de
habilidades sociales, se aloja mayor cantidad de gente y por eso se genera un
foco óptimo para que las bandas criminales capten gente para sus negocios,
produciendo así mano de obra para delinquir y, aumentando en consecuencia la
cantidad de delito.
Entiendo que este círculo debe cortarse y debe empezarse por
no alojar más personas en los establecimientos carcelarios de los que el
sistema puede tolerar para poder hacer una adecuada clasificación y brindar a
cada uno el trato y, en su caso, el tratamiento necesario para reingresar a la
sociedad en mejores condiciones de las que entró al sistema penal.
En ese sentido, la Conferencia de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos (COMJIB) ha generado una interesante declaración que
fue suscripta por los Ministros de Justicia de 21 países de esa región
(Recomendación Relativa al Acceso a Derechos de las Personas Penalmente Privas
de Libertad en Iberoamérica, de marzo de 2010). En dicho documento se
recomienda "Promover iniciativas políticas, legislativas y administrativas
destinadas a controlar el crecimiento de la población penalmente privada de
libertad, teniendo en cuenta variables objetivas tales como la tasa de
criminalidad, la cantidad de personal penitenciario capacitado y las
condiciones de las prisiones." e "Implementar iniciativas
legislativas y administrativas para que la capacidad edilicia se corresponda
con la cantidad de población penalmente privada de libertad existente, a fin de
asegurar que la acción del sistema penitenciario no sea afectada por la
sobrepoblación.".
Es ese el camino para que hechos tan graves como el que hoy
tenemos que lamentar no vuelvan a ocurrir. La apuesta por construir más
cárceles para seguir con esta espiral de aumento de la utilización de la
prisión demanda una capacidad económica que los países de menores recursos no
tienen. Asimismo, la construcción de cárceles y el aumento de personal
penitenciario no solo es costoso sino que incluso se tarda como mínimo cinco
años en poder verse resultados medianamente aceptables, lo que nunca ocurre
porque pasados esos cinco años las tasas de prisionización se han incrementado
y vuelen a hacer falta la misma o mayor cantidad de plazas y de funcionarios.
Así pues, y sin desconocer que existen graves problemas de
seguridad pública en la región, considero que el aumento del uso de la cárcel
como medio para resolver esa inseguridad ha demostrado su ineficacia, siendo
que lo único que genera es mayor violencia y consecuencias terribles como lo
ocurrido en una cárcel que era considerada como un modelo.
Alejandro Marambio
Experto en política penitenciaria de la Conferencia de
Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB)
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