Argentina lamentó la normativa migratoria de la Unión Europea

La Cancillería emitió un comunicado en el que lamenta los términos de la "Directiva de Retorno" que fue aprobada por el Parlamento de la Unión Europea y reafirmó que la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos.

A través del comunicado, la Cancillería expresó que el gobierno argentino reiteró, una vez más, que "migrar no es un delito, por lo tanto se rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".

"Establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales", agregó.

Asimismo, la Cancillería expresó que "el respeto de los derechos humanos de los migrantes debe ser independiente de su condición migratoria".

"La República Argentina destacó que todos debemos reconocer la reciprocidad y corresponsabilidad históricas del fenómeno migratorio integralmente considerado, para beneficio y enriquecimiento mutuo, sólido y duradero, tanto material como cultural", continuó el comunicado.

El Gobierno argentino reconoce, a través de la Ley de Migraciones, la plena igualdad de derechos civiles para extranjeros y nacionales establecida por la Constitución Nacional, en particular el acceso a bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

En tanto, en el plano regional, Argentina implementó de manera exitosa el Programa "Patria Grande" que permite regularizar la situación del inmigrante de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados con un trámite sencillo, lo que ha permitido regularizar su situación a medio millón de inmigrantes.

Asimismo, la organización de derechos humanos argentina Madres de Plaza de Mayo afirmó que la Directiva de Retorno de inmigrantes contiene medidas "discriminatorias" y "salvajes".

"Como madres les preguntamos: ¿qué hubiera pasado si en los años de las guerras, de las hambrunas del Primer Mundo nuestros países les hubiesen cerrado las puertas? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos muerto de hambre en la Europa rica de hoy y destruida ayer por las infames guerras?", cuestiona un comunicado firmado por su presidenta, Hebe de Bonafini.

"Vuestros países usaron a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora ante la decadencia de estos Estados, los condenan a volver al hambre y a la desesperación", denuncia la misiva dirigida a "las mujeres y hombres de todos los países de la Comunidad Económica Europea que se están convirtiendo en mujeres y hombres sin corazón".

La organización, que busca a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), señala que "las medidas discriminatorias que quieren implementar con los inmigrantes de todos los países del llamado tercer mundo, con prisión o deportación, son medidas salvajes".

Las Madres de Plaza de Mayo solicitan en tanto que se revean las medidas y que "antes que la cabeza sientan a su corazón".

Brasil y Uruguay también  se expresaron contra las nuevas normas

El gobierno brasileño y los senadores de Uruguay criticaron la aprobación por el Parlamento Europeo del proyecto de Directiva de Retorno de inmigrantes irregulares, que a partir de 2010 permitirá retener a los indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión.

Tras recordar que Brasil "acogió a millones de inmigrantes y descendientes hoy armoniosamente integrados a la sociedad", la Cancillería afirmó en un comunicado que el gobierno del país "lamenta" la decisión del Parlamento Europeo, según un cable de Dpa.

Según la nota, el proyecto aprobado "contribuye a crear una percepción negativa de la migración y va en el rumbo contrario al de una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y de una convivencia más amplia y plena entre los pueblos".

La nota recuerda que el proyecto afecta a todos los inmigrantes indocumentados, "independientemente del tiempo en que se encuentren en el continente europeo y de su situación familiar".

Por su parte, la Cámara de Senadores de Uruguay sostuvo que "la decisión anunciada por el Parlamento Europeo de votar una directiva sobre retorno de los inmigrantes y disponer incentivos económicos para que ello se concrete, constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional".

Asimismo, entiende que la decisión de aumentar a 18 meses la retención de inmigrantes sin papeles, "consagra una privación de libertad que se convierte en una verdadera pena de prisión".

En su declaración los senadores sentencian que se trata de "una flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes a América Latina y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes".

El Senado uruguayo convocó a los parlamentos de América Latina a sumarse a esta posición.

La nueva Directiva de Retorno armoniza las normas de detención y expulsión de ilegales en los 27 países de la Unión Europea (UE).

Entre las medidas previstas, está la posibilidad de que los inmigrantes irregulares puedan ser retenidos hasta 18 meses antes de su expulsión o que se les prohíba volver a pisar suelo europeo en un período de hasta cinco años.

También permite que los menores no acompañados puedan ser retenidos, repatriados y devueltos a tutores -aunque no sean familiares directos- o a instituciones de sus países de origen.