Una población que envejece

Una fuerte discusión se está desarrollando en Chile en torno a la reforma del sistema previsional vigente en el país, propuesta por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que es seriamente resistida por los operadores de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los gremios empresariales.

Se trata de una discusión que se refiere al futuro de una población que envejece y aumenta su peso especifico en la sociedad, planteando desafíos en el tema de las pensiones tanto como en sus necesidades de trabajo, salud, actividad social, vivienda,  y recreación.

Si al año 2002, de acuerdo al Censo, un 11.4 por ciento de la población era de 60 años y más (1.717.478 personas, sobre una población total de 15.116.435 habitantes) la perspectiva es que al año 2020 el porcentaje será de 17.3 por ciento de la población, (3.207.729).

Al año 2050 el porcentaje de los adultos mayores de 60 será de un 28.2 por ciento, es decir 5.698.093 chilenos que presionarán sobre los sistemas de previsión, salud, vivienda, etc.

Es necesario señalar que de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2006 (Casen) el 7.5 por ciento de los mayores de 65 años es pobre o indigente.

Se entiende entonces la preocupación del Gobierno y de las organizaciones sindicales, en lo que se refiere al futuro económico de los jubilados chilenos, y por ello la reforma propuesta por La Moneda  apunta al sistema implantado "manu militari" por la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990).

El modelo vigente se basa en la capitalización individual obligatoria del ahorro previsional de los afiliados reemplazando al anterior sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, en que la fuerza activa laboral cotiza para pagar las pensiones de quienes se jubilan.

La reforma propiciada en el presente por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está en discusión en la Cámara de Diputados de Chile, debe continuar con su tramitación  en el Senado y el gobierno espera que sea aprobado en enero próximo, para que entre en vigor a partir de julio del 2008.

La "industria", es decir las AFP, tras una dura campaña en oposición a la reforma, finalmente tuvo que aceptar que el sistema estaba en crisis y que hacía falta remozarlo, corregir algunas "fallas" y modernizarlo.

En la actualidad, más de siete millones de chilenos están afiliados a una administradora de fondos de pensiones y estas administran fondos por más de 100 mil millones de dólares.

De acuerdo a los estudios económicos oficiales, los ahorros e inversiones generados por las AFP corresponden a un diez por ciento del crecimiento registrado por la economía chilena, contribuyendo al proceso de ahorro y desarrollo del mercado de capitales en Chile.

Los trabajadores sin embargo- beneficiarios de cualquier sistema previsional- enfatizan por su lado que el sistema actual no sólo es ilegítimo en su origen -fue implantado por la dictadura de Augusto Pinochet, en 1980- sino además ineficiente.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, advierte que el 58 por ciento de los trabajadores no tendrá fondos suficientes para optar a una pensión mínima.

Y en el 2015 cuando se hagan efectivos los bonos de reconocimiento de los primeros traspasados, el Estado gastará 4.3 por ciento del PIB en cubrir las deficiencias del sistema privado de pensiones, sin contar el déficit previsional de las FF.AA.

Además, denuncia Martínez, hay una deuda de 600 millones de dólares que el empresariado tiene con los trabajadores chilenos a través del descuento de las imposiciones y su no pago, lo que constituye dice, "un robo, un delito contra un millón de trabajadores, ejecutado por pequeñas, medianas pero también grandes y connotadas multitiendas".

El hecho es que los actuales Fondos de Pensiones cubren solamente al 60 por ciento de la población laboralmente activa del país, por lo que hay un 40 por ciento de trabajadores que  no están ahorrando dinero para su vejez.

Hay además mucho trabajo precario, trabajadores por cuenta propia, trabajadores temporales y salarios miserables que no permiten o no incentivan el ahorro previsional.

De acuerdo a los estudios sobre la materia, el 52 por ciento de los cotizantes sólo lo hace en promedio seis meses por año, lo que se traduce en que un alto número de trabajadores recibirá una pensión muy baja y otro alto porcentaje no alcanzará a recibir pensión.

Por otro lado está el alto costo de administración, en el que además pagan más los cotizantes de menores recursos y discrimina a las mujeres, que dada su mayor esperanza de vida, reciben una pensión menor.

El gobierno, por su parte, también está de acuerdo en que el sistema tal como está no da para más.

En un seminario realizado a fines de junio, la subsecretaria de Previsión Social señaló, que "luego de 27 años de aplicación del sistema de capitalización y por una serie de factores, el resultado obtenido no ha sido el esperado".

De acuerdo al gobierno el sistema actual presenta tres principales deficiencias: no garantiza una pensión digna, su cobertura es escasa, y tiene graves problemas de sostenibilidad.

Por ello, la reforma propuesta por  La Moneda contempla la creación de un Fondo Solidario que garantice un pensión básica universal, una contribución de los empresarios (Chile es el único país del mundo donde los empresarios, favorecidos por la reforma hecha bajo Pinochet, no cancelan un centavo para la previsión de los trabajadores), e igualdad de género.

Otras medidas garantizan la competencia, permitiendo el ingreso de los bancos al negocio de la administración de los fondos previsionales, participación ciudadana en el control y dirección del sistema, y garantizar el mejoramiento de las pensiones en función de una mejor rentabilidad de los fondos.

El Fondo Solidario garantizaría una pensión básica universal de 75 mil pesos (unos 143 dólares).

El presidente de la empresarial Asociación de AFP, Guillermo Arthur, rechazó por su parte la participación de un ente estatal en la administración de fondos de pensiones, con el argumento de que el Estado es "mal administrador".

En realidad el proyecto gubernamental al abrir a los bancos la posibilidad de ingresar al sistema, en pro de una mayor competencia, no habla pero "permite" que si así lo decidiera, el gubernamental BancoEstado pueda abrir su propia AFP.

El temor a un rival de esta categoría es evidente entre los privados, y el presidente de la Asociación de AFP, señaló que es un riesgo "la presencia estatal muy fuerte, es una competencia desleal".

Es obvio como lo señaló por su lado la subsecretaria de Previsión Social, Lisette García, que en la discusión en torno al papel que el Estado pueda asumir en el sistema previsional, hay "prejuicios ideológicos". El problema es que el desafio que enfrenta Chile en relación a su sistema previsional es crucial, y demanda una fuerte dosis de responsabilidad política y social.

La población chilena está envejeciendo de una manera irreversible y creciente, lo que obliga hoy al desarrollo de políticas que permitan a la sociedad enfrentar las exigencias de una vida digna, activa, sana, y con posibilidades de vida social y cultural, para este sector de chilenas y chilenos.

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Marcel Garcés
Periodista