Cinco imputados en los ERE piden el archivo porque ignoraban lo que ocurría

Cinco imputados en los ERE -un empresario, una funcionaria, dos administrativas y un "intruso" - han pedido el archivo de la causa respecto a ellos por su "desconocimiento absoluto" de lo que ocurría y su "nula capacidad de decisión".

Se trata de José Carlos González Torrent, hijo del dueño de la aseguradora UNITER, cuyo abogado dice que "después de casi un año de intensas investigaciones" no se han encontrado pruebas, ni siquiera indicios, de su participación en los hechos objeto de acusación.

Además, no es mencionado como participante en las negociaciones entre sindicatos, aseguradoras, bufetes de abogados y la Junta, en las que en nombre de UNITER siempre actuaba su padre, José González Mata.

Estas peticiones de archivo se producen cuando la juez de los ERE, Mercedes Alaya, acordó la semana pasada el segundo sobreseimiento respecto a uno del centenar y medio de imputados, la secretaria de un directivo de Vitalia de la que no consideró demostrada su participación en los hechos.

Después de cuatro años de investigación, Alaya solo había dictado otro sobreseimiento, en aquella ocasión por fallecimiento de un presunto perceptor de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla a las que no tenía derecho.

También ha pedido el archivo Rocío Sayago, empleada contratada en una empresa externa a la dirección general de Trabajo de la Junta, cuya abogada afirma que tenía un "desconocimiento absoluto de cualquier presunta irregularidad" en la tramitación de las ayudas.

La imputada era una administrativa con estudios de Formación Profesional que hacía "una mera labor de apoyo a la titular de la Secretaría y siempre bajo las órdenes de sus superiores jerárquicos", según el recurso al que ha tenido acceso Efe.

Gema Rodríguez Márquez y su hermana María Luisa, administrativas de la mediadora Vitalia en su sede de Barcelona, afirman en sus recursos que "no tenían ningún poder decisorio, ni mucho menos conocimiento de la existencia de intrusos" o personas sin derecho a las ayudas.

Los cálculos actuariales relativos a los "intrusos" -identificados como "especiales" en las pólizas investigadas- se hacían "siguiendo estrictamente las instrucciones" de Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, los directivos de Vitalia imputados, y sin que las administrativas supieran "por qué motivo eran especiales ni siquiera qué implicaba dicha calificación".

Las imputadas "en ningún momento tuvieron conocimiento de que se incluía a personas ajenas a la empresa" pues "no tenían ningún poder para cuestionar a sus superiores".