El auto de sobreseimiento hecho público este miércoles justifica la decisión en el contenido de las declaraciones complementarias presentadas por la defensa de
Mas en relación con el Impuesto de Patrimonio del ejercicio de 2000, que según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 "son coherentes con la documentación aportada".
Añade que los capitales aflorados hasta la fecha relativos al padre del candidato de CiU pueden imputarse a ejercicios anteriores a 2002, y por tanto deben considerarse prescritos en relación con la fecha de la denuncia.
Medio millón invertido
Según señalan los razonamientos jurídicos del auto, que da por reproducidos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para instar el archivo, se constata que la inversión examinada de Ratisbone en el depósito abierto en el banco Liechtenstein Global Trust Group (LGT) ascendía a 532.225 euros.
Esta cantidad "procedería de ejercicios anteriores a 2002 y por tanto, prescritos en la fecha de la denuncia", por lo que procede acordar el sobreseimiento y archivo" de las actuaciones, según ha explicado el juez
Pedraz que advierte, no obstante, que contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma.
En diciembre de 2008 se dio a conocer la causa investigada por la Audiencia Nacional entre cuyos afectados aparecía el cantante
Alejandro Sanz, incluido en una lista de entre 250 y 300 nombres de personas y sociedades españolas implicadas en una presunta evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.
Petición de informes
En dicho momento, el juez no había imputado aún ninguna de las personas investigadas, entre las que también se encontraba el padre del secretario general de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas.
Se solicitó a Agencia Tributaria un informe sobre la actual situación fiscal de los investigados, con el fin de determinar si estas personas y los responsables de las sociedades implicadas habían regulado o no su situación con el erario público. Ya entonces se informó de que en caso de que el informe fuera favorable los investigados no serían formalmente imputados.
La denuncia partió de la Fiscalía Anticorrupción, después de que en julio de 2008 el Ministerio Público recibiera una lista con casi 300 nombres de sociedades y particulares que poseían cuentas en Liechtenstein.
Pedraz ordenó entonces entradas y registros en las sedes de varias sociedades y domicilios particulares en una operación a nivel nacional que se desarrolló en las ciudades de Madrid, Marbella, Barcelona y Zaragoza. El titular del Juzgado Central del Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional levantó el secreto de sumario en diciembre de 2008, momento en el que mantenía abiertas hasta 25 piezas de diligencias previas distintas por estos supuestos desvíos.
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