Dependientes, dos años y medio de soledad

A los dependientes madrileños y sus familias no terminan de llegarles los refuerzos. Desde que lanzan el primer SOS a la Administración hasta que les notifican que tienen derecho a la ayuda oficialmente deberían pasar, como mucho, seis meses, según estableció la propia Comunidad.

La concreción de esa ayuda —si consistirá en una residencia, un centro de día, una ayuda económica para el cuidador o una ayuda a domicilio— debería tardar en ser definida otro máximo de seis meses, si bien a veces, según los usuarios, pasan algunas semanas más entre un procedimiento y otro.

Y, para más inri, el final del proceso —esto es, la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA), con sus servicios concretados— no supone que los dependientes reciban automáticamente la ayuda. Es decir, el hecho de que a uno le reconozcan un servicio o prestación no significa necesariamente que empezará a disfrutarlo de inmediato.

La legislación regional solo establece plazos en caso de que el ciudadano ya esté disfrutando del servicio que ahora le reconocen, o de que, según el calendario de implantación de la ley, todavía no sea obligatorio atender a los dependientes de ese grado. En ese caso, la Orden dice que le darán el servicio cuando entre en vigor ese tramo.

Cada caso, así, se convierte en un mundo. Así que un error en el proceso puede prolongarlo hasta los dos años o más. Una eternidad para personas que no pueden valerse por sí mismas, la mayoría de las cuales superan los 80 años. Los dependientes esperan y esperan; los familiares les atienden, mientras tanto, como pueden, o si pueden permitírselo acuden al sector privado. Mientras, la Comunidad de Madrid asegura que la mayoría ya están atendidos, si bien, casi todos, a través del sistema tradicional de servicios sociales.

Ciudadanos "indefensos"
"Es el pan de cada día", resume el abogado de la Asociación de Minusválidos de Alcorcón, José Tomás Ausín. Esta entidad ha liderado la interposición de un recurso contra la Orden regional que regula los procedimientos relacionados con la dependencia porque, a su juicio, “choca con leyes de rango superior”. Y es que, explica Ausín, mientras que en el resto de los procesos administrativos un silencio prolongado se interpreta por defecto como una respuesta afirmativa, la Orden regional equipara el silencio de la Comunidad a un no.

“Es decir, que si la Consejería tarda más de seis meses —y lo está haciendo en muchos casos— en responder a un solicitante, este debe interpretarlo como una denegación de su solicitud”, apunta el abogado. Además, “desdobla el procedimiento para el reconocimiento de la dependencia y la resolución de la prestación. Mientras la ley prevé un máximo de seis meses en total, Madrid establece seis meses para cada una de las dos fases. En otras palabras, se autoriza a sí misma a tardar el doble de lo previsto por la ley”, apunta.

Otros, como Alberto Reyero, cuya madre fue declarada dependiente hace diez meses y todavía no ha recibido la prestación, han decidido actuar por su cuenta. Así nació el blog No es Madrid para Viejos, que se ha convertido en un foro ‘alternativo’ de debate en la red sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía informaron de que los agentes encontraron el cuerpo de un sin vida de un hombre con un golpe en la cara y un una brecha en la frente del que manaba bastante sangre. La autoridad judicial desplazada hasta el lugar procedió al levantamiento del cadáver, que más tarde fue trasladado hasta el anatómico forense.

El hombre que se empeñó en volver mañana El final feliz de la historia de José María Villegas ha tenido un precio: dos años de 'via crucis' burocrático. Pero lo ha conseguido. En septiembre, su hijo de 20 años, que sufre el síndrome de Lennox -una enfermedad 'rara' que lo convierte en gran dependiente- podrá ser atendido en un centro de día mientras su padre trabaja. Villegas fue uno de los primeros madrileños que solicitaron la valoración de la Ley de Dependencia, allá por el 2007. Pero se la hicieron mal. "A una persona que tenía reconocida una minusvalía del 80 por ciento la convirtieron en otra con el mínimo grado de dependencia", explica Villegas señalando el documento remitido por la Consejería. Un recurso de alzada -y casi un año- después, consiguió el reconocimiento con el máximo grado que marca la ley, en julio de 2008. "Es como si en un examen que te han calificado con un cero consigues un diez en la revisión", ironiza Villegas. Pero entonces empezó el segundo calvario. A su hijo lo incluyeron, en abril de 2009, en una lista de espera. Villegas, divorciado y con la custodia de dos hijos desde 1993 y activista sindical, removió Roma con Santiago para lograr la ayuda a la que su hijo tenía derecho. Se le acababa el tiempo: en septiembre, el chaval debía abandonar su colegio de educación especial y la alternativa consistía en buscar un centro privado. "Eso, o dejar de trabajar". Así que, cuando a principios de julio recibió la noticia de que por fin su hijo tenía su centro de día asignado, respiró aliviado. Según la Comunidad de Madrid, al no obtener su hijo la mayoría de edad hasta los 20 años, no era posible facilitarle el acceso a una plaza en un centro de día, ya que habría sido incompatible con su escolarización obligatoria. "No ha tenido que esperar nada", sostienen fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Villegas asegura que lo suyo no ha sido cuestión de suerte, sino de constancia. "Y esto lo consigo yo, que estoy acostumbrado a moverme y tengo recursos para no perderme en el proceso. Pero ¿qué pasa con las personas mayores, que son la mayoría de solicitantes de la Ley de Dependencia?, se pregunta mientras despliega los papeles sobre la mesa