“Se comunica a todas las personas que tengan trámites pendientes en el Tribunal Constitucional, que sólo hasta el 25 de junio del presente se extenderán fotocopias simples o legalizadas, debiendo tomar las previsiones correspondientes”, señala un aviso difundido por el Tribunal Constitucional en su página en Internet, alertando a la ciudadanía que a partir de hoy, esta máxima instancia jurisdiccional dejará de funcionar tras 10 años de existencia.
No obstante este advertido, el Congreso determinó que sea la Asamblea Legislativa a ser electa en diciembre próximo la que efectué las nuevas designaciones en el marco de los cambios introducidos en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El Tribunal Constitucional se cierra hoy con 4.371 expedientes en trámite y 28.103 personas afectadas que finalmente no pudieron conocer su sentencia, sea a favor o en contra. Sus casos permanecerán sin resolución no se sabe por cuánto tiempo más. Según el ex magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera, en el mejor de los casos, el nuevo Tribunal estructurado de acuerdo a CPE vigente, estaría empezando a operar dentro de dos años y medio, en agosto de 2011.
Mientras tanto, a partir de hoy, advirtió que se viene un peligroso estado de desconstitucionalización del país, con el riesgo de que se produzca una sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas ante la falta una entidad tutelar que proteja y garantice el respeto de estos.
Anotó que ante la falta de magistrados, por el alejamiento paulatino de sus 10 integrantes, el Tribunal Constitucional deja de existir como institución pues no podrá seguir funcionando ahora ni administrativamente y tampoco podrá recibir ni admitir ningún expediente, lo que hasta ayer todavía estaba haciendo aunque sólo para poner notas de cargo de que quedaban pendientes de resolución.
Según Rivera con el Tribunal Constitucional se ha cometido un “infanticidio institucional” porque se ha matado una institución con apenas 10 años de existencia, pues empezó a funcionar justamente en junio de 1999 y en estos pocos años se convirtió en una entidad fiable y que ha protegido diariamente los derechos de miles de bolivianos que reclamaban acceso a la justicia, sus derechos al trabajo, la salud, la vida, entre algunos.
“Hoy el país se queda sin Tribunal Constitucional, se queda sin el defensor de sus derechos, sin la seguridad jurídica que le dio el Tribunal, y todos los bolivianos no fuimos lo suficientemente valientes para defender al Tribunal”, sostuvo Salame ayer que cumplió su último día de trabajo.
Los miembros del Poder Judicial lamentaron esta situación y dejaron que las cortes superiores continúen con el resguardo de los derechos constitucionales a través de las resoluciones en la Acción de Amparo Constitucional y la Acción de Libertad.
Si bien hace dos años que el Tribunal Constitucional no emitía sentencias, la única magistrada dijo que se quedó con la esperanza de que el Congreso designe a los nuevos magistrados, lo que no ocurrió, y hacer respetar la jurisprudencia vinculante, pero tampoco fue así.
Dijo que el Tribunal Constitucional muere y a partir de hoy, la institución se queda en manos del Consejo de la Judicatura por disposición del Congreso.
Los reclamos no sirvieron
El detonante para la renuncia de la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, fue el recorte de cerca del 80 por ciento del presupuesto de funcionamiento de esa entidad, medida que fue dispuesta por el Consejo de la Judicatura después de un estudio de auditoría.
Salame denunció en más de una oportunidad, una campaña adversa contra el Tribunal, aunque también advirtió sobre la "indiferencia" de la sociedad que —según su criterio— no hizo ningún esfuerzo para pronunciarse en contra de los permanentes "atropellos" provenientes de los otros poderes del Estado.
Recientemente, Salame acusó al Consejo de la Judicatura de haber dado el "golpe de gracia" al Tribunal al haber dispuesto una drástica reducción de sus ingresos, algo que el órgano administrativo ha negado repetidamente a través de su también único responsable, Rodolfo Mérida.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, quien se encontraba ayer en Sucre, culpó a la oposición en el Congreso, concretamente al senador opositor Luis Vásquez, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, de no viabilizar las designaciones.
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Maria Rodriguez26-06-2009 08:51
Bueno el solo hecho de q tengan tantos de miles de casos no resueltos nos muestra q nunca hubo un tribunal constitucional. O si hubo parece q no trabajaban. Osea q poco se va sentir esto. Pero esperemos de todas maneras q el senado designe nuevos oficiales judiciales. Por lo menos esperemos q sean capaces de hacer esito por lo menos designar. O talvez tambien tienen miedo a eso, porq no les conviene q tengamos un tribunal constitucional q funcione
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Boris Mario Blancourt Cataldi26-06-2009 07:25
Es una pena que los parlamentarios de oposición, en quienes confiamos con nuestro voto, no hagan nada para salvaguardar la integridad de los fiscalizadores de la ley, primero el TC, despues la CSJ ahora quien El ciudadano ya esta cansado de esto, son vanos los intentos por llamar a la conciencia del colectivo, cansados y adormecidos por el bombardeo propagandistico del gobierno nos hemos dejado estar, ciudadanos defendamos nuestras instituciones. Y ahora a la usanza del chapulin quien podra defendernos
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Juan Casto26-06-2009 06:01
Gracias gobierno de masistas... Nos estan dejando sin justicia y su proposito es el de dejarnos con los chicotasos de sus salvajes como justicia.. Retrocendiendo.. retrocediendo... llegaremos al incario como salvajes..
Si (
No(
