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Andalucía sufre las consecuencias

Con la salida de Chaves se destapa la caja de los escándalos

Con la salida de Chaves se destapa la caja de los escándalos

Durante los casi veinte años que Manuel Chaves ha estado al frente de la Junta de Andalucía apenas si se ha visto salpicado por escándalos de tráfico de influencias. El 'presidente vitalicio' andaluz ha sabido rodearse, desde su llegada a Sevilla en 1990, de una cohorte de pretorianos encabezada por Gaspar Zarrías, que se ha ocupado casi exclusivamente de apagar cualquier conato de corrupción que afectara al máximo dirigente del Gobierno y del partido.
Sólo el denominado 'Caso Ollero', allá por 1992, puso en entredicho la 'limpieza' de las adjudicaciones de las obras públicas en Andalucía. El trasiego de maletines entre Madrid y Sevilla procedentes de algunas grades empresas para conseguir la adjudicación del tramo Salinas-Las Pedrizas en la A-92, y la presunta implicación de la familia del entonces director general de Carreteras, Manuel Ollero y del intermediario Pedro Llach, provocaron un escándalo similar al que había protagonizado años antes Juan Guerra durante el mandato de José Rodríguez de la Borbolla. Un escándalo que, sin embargo, los tribunales dejaron en nada al sobreseer el caso por fallos en la investigación policial, pero que obligó a Chaves a afrontar alguna importante crisis de su Gobierno.

Pero no ha sido hasta el final de su mandato cuando han comenzado a destaparse sospechosas adjudicaciones de la Junta a empresas ligadas con su familia. Primero fue Climocubiertas S.A., donde su hermano, Antonio José Chaves González era socio y director de Marketing Curiosamente esta empresa se dedicaba a la instalaciones deportivas y Leonardo, otro de los hermanos de Manuel Chaves, era director general de Deportes. Pese a las denuncias afectuadas por El Mundo, el juez archivó definitivamente la querella en noviembre de 2008.

No ha sido hasta la aparición de su hija Paula como miembro de la empresa Minas de AguasTeñidas S.A. (Matsa) cuando, tras recibir ésta una ayuda de diez millones de euros por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha estallado el escándalo que amenaza al actual vicepresidente tercero del Gobierno de Zapatero con obligarle a poner fin a su ya larga carrera política.Hay quien aventura que todo este embrollo no ha sido sino una trampa urdida por el consejero Francisco Vallejo -quien en su momento sonó como posible sucesor de Chaves al frente de la Junta- al comprobar que sus buenas relaciones con el presidente del Ejecutivo andaluz y secretario general del PSOE andaluz se iban enfriando paulatinamente y que Griñan ganaba enteros. De hecho Vallejo ha sido cesado fulminántemente por Griñán quien ha aprovechado la situación para "limpiar" la Junta de toda la "camarilla jiennense", con Zarrías a la cabeza, que controlaba cualquier movimiento dentro de la Administración andaluza. Es posible, incluso, que Vallejo, a través de el despacho de influencias del ex ministro Solchaga y del ex consejero Pepe Recio, concediera a Matsa la tan polémica ayuda para congraciarse y ganar puntos ante Chaves, pero lo cierto es que fue el propio presidente de la Junta quien avaló con su firma la subvención a la empresa de su hija, pocas semanas antes de verse obligado a dejar su puesto.

Parece, de todas formas, que el caso Matsa pudiera conllevar unos resultados finales bastante distintos a los anteriores escándalos ya que una denuncia de Manos Limpias ha sido aceptada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Justicia podría tomar cartas en el asunto. Si así fuera, sería el Tribunal Supremo, quien juzgara el caso Matsa que, de momento, pone en entredicho una trayectoria de honradez política que apenas si ha tenido pega alguna. No parece sin embargo que la cosa pase a mayores dadas las pocas posibilidades que esta denuncia tiene de prosperar. Así lo ha entendido el PP quien, tras barajar diversas hipótesis parece haber descartado la vía penal y se ha centrado por la denuncia político administrativa. A la espera de que la Junta les facilite la documentación que obra en poder de la Consejería de Innovación sobre las subvenciones a Matsa, y que Griñán acepte o no la Comisión de Investigación que Arenas ha pedido en el Parlamento andaluz, los populares se reservan las medidas que adoptarán en el futuro. El "caso Matsa" sigue por lo tanto abierto y habrá que esperar quizás hasta septiembre para conocer cuáles serán sus últimas consecuencias.
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