La Junta de Andalucía ha dado luz verde a un importante proyecto urbanístico en Granada, que contempla la construcción de 328 viviendas protegidas. Esta decisión fue tomada por el Consejo de Gobierno, que autorizó la enajenación de un único lote compuesto por dos parcelas ubicadas en los terrenos del antiguo cuartel de Mondragones. La iniciativa se enmarca dentro del Decreto ley 1/2025, aprobado en febrero de 2025, que permite un incremento en el número de viviendas protegidas en la zona.
Con este avance, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda podrá sacar a concurso este proyecto residencial mediante un sistema de colaboración público-privada que facilitará la permuta de suelo por viviendas construidas. Los terrenos, situados en una ubicación céntrica entre los barrios Plaza de Toros y La Cruz, habían permanecido como un vacío urbano sin uso durante años.
Detalles del proyecto y su financiación
La operación implica la enajenación de las parcelas pertenecientes a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), con un valor total actualizado a 13.370.011 euros. Este ajuste se debe al aumento en la edificabilidad que ha resultado de la adhesión del Ayuntamiento de Granada al mencionado Decreto ley 1/2025, lo cual ha permitido incrementar el número total de viviendas protegidas proyectadas en estos terrenos, pasando de 295 a 328.
La autorización también habilita a la Consejería para iniciar el proceso de licitación pública para estas parcelas, enfocándose en la construcción de viviendas protegidas en los terrenos del cuartel. El modelo elegido es el sistema de permuta, que consiste en poner a disposición suelos residenciales inactivos para que un promotor privado desarrolle las viviendas necesarias y posteriormente entregue una parte a la administración.
Regulación sobre la venta y su impacto
Es relevante señalar que esta transacción inmobiliaria debía contar con la aprobación del Consejo de Gobierno debido a que el importe supera los seis millones de euros. Esta exigencia está estipulada en la disposición adicional undécima de la Ley 1/2011, promulgada el 17 de febrero, sobre reordenación del sector público andaluz.
Con esta iniciativa, se espera no solo revitalizar una área urbana desocupada sino también contribuir significativamente al acceso a vivienda asequible en Granada.
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