Luxemburgo, 27 de mayo de 2025 – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Nápoles ha llevado a cabo una operación significativa en la que se han confiscado activos por un valor de hasta 1,1 millones de euros. Esta acción forma parte de una investigación sobre fraude y corrupción relacionada con fondos agrícolas, que involucra a funcionarios públicos y a un oficial de policía.
La intervención fue realizada por el Comando Provincial de los Carabineros de Nápoles en la provincia de Salerno. Se ejecutaron registros en las viviendas y locales comerciales de los sospechosos, con el objetivo de obtener pruebas como teléfonos móviles, computadoras y documentos. En total, se investiga a 39 personas, siendo 14 las que han sido directamente implicadas en esta fase inicial.
Una red criminal al descubierto
La investigación, que se desarrolló entre 2022 y 2024, ha revelado la existencia de una asociación criminal que operaba con el apoyo de funcionarios públicos en la región de Campania. Además, un miembro del cuerpo policial también estuvo involucrado, facilitando así las actividades ilícitas del grupo. Se ha identificado la colaboración de contadores que ayudaban a estructurar el fraude.
Los sospechosos habrían solicitado fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) utilizando información falsa, en complicidad con funcionarios regionales. Esto les permitió obtener cantidades significativas de dinero de manera ilegal. También se investiga la corrupción, ya que se presume que a los funcionarios públicos se les prometió un porcentaje de los fondos obtenidos.
Implicaciones adicionales y presunción de inocencia
Aparte de las acusaciones anteriores, la indagación ha puesto al descubierto a un miembro de la Guardia di Finanza italiana que supuestamente trabajaba para la organización criminal. Este individuo era responsable de alertar sobre cualquier investigación relacionada con el fraude y desviar la atención de los investigadores.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos. La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
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