Remite un
documento a grupos políticos y Gobierno para que se tenga en consideración
La Junta abre otro frente contra la reforma local de Montoro, ahora vía enmiendas
El Gobierno
regional considera que la asunción de nuevas competencias tendría un coste para
la Comunidad de 382 millones
jueves 26 de septiembre de 2013, 16:54h
La Junta de Castilla y León sigue en su
intento por cambiar la reforma local de Rajoy que considera especialmente
lesiva para una Comunidad como Castilla y León por sus especiales condiciones
de extensión, población y dispersión.
En este intento, el Consejo de Gobierno
de Castilla y León ha aprobado este jueves un documento con una relación de
enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
administración local que ha remitido a los grupos políticos del PP, PSOE e IU
tanto en las Cortes como en el Congreso y el Senado, además del propio Gobierno.
El objetivo no es otro que los grupos parlamentarios puedan asumir estas
enmiendas durante la tramitación parlamentaria del texto legislativo.
De
Santiago-Juárez ha recordado que la Junta ya envió un primer informe en el que
se rechazaban muchos aspectos de la reforma local algunos de los cuales se
corrigieron si bien "sigue sin gustarnos" ha señalado el portavoz.
Según el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, la aplicación de la reforma local en sus términos actuales
supondría un sobrecoste para las arcas de la Administración autonómica de 382
millones de euros, ya que la Junta se vería obligada a asumir competencias en
materia de gestión de los servicios sanitarios, sociales y educativos.
De esta
forma, la Junta ha elaborado un segundo documento que recoge los aspectos del
proyecto de ley que se cree que hay que modificar. Así, se pretende cambiar el
artículo que transfiere a la Comunidad las competencias que ahora pertenecían a
los ayuntamientos de construcción, conservación y mantenimiento de consultorios
locales, una competencia que tendría un coste para las arcas regionales de 30
millones de euros.
En otros 102 millones de euros se ha valorado el gasto que
supondría para la Junta asumir los servicios sociales de proximidad, también
hasta ahora en manos de los ayuntamientos, a los que costaba 51, y que se
quiere evitar que pasen a la comunidad, mientras que las competencias en
materia de residencias tendrían un gasto de 226 millones de euros. En este caso
se propone que esa transferencia se haga en cinco años y no en uno como aparece
en el Proyecto de Ley. Otros cien millones corresponden al gasto por el
mantenimiento de los centros escolares, si bien en este caso se esperaría a que
se modifique la Ley de Haciendas Locales y la reforma del modelo de
financiación.
De
Santiago-Juárez ha insistido en que la Comunidad no tiene miedo a gestionar
competencias si vienen con financiación y ha resumido el sentido de las
enmiendas en la necesidad de ampliar plazos y financiación, todo ello enmarcado
en lograr una mayor eficiencia y no incrementar el gasto público.
El portavoz de
la Junta ha destacado, además, que es la primera vez que se adopta un acuerdo
de estas características ya que "es nuestra obligación defender los intereses
de Castilla y León e intentarlo hasta el último momento".