Familia admite un aumento de reclamaciones sobre Dependencia pero niega que se deba a un empeoramiento del servicio

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha admitido que existe un aumento en el número de reclamaciones relacionadas con la prestación del servicio de ayuda a la dependencia pero ha negado que se deba a un empeoramiento del servicio, sino que lo ha achacado al caos "lógico" derivado de "cualquier cambio de normativa".

Así lo ha subrayado el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos, durante su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, donde ha participado en lugar de la consejera, Milagros Marcos, cuya asistencia estaba prevista aunque finalmente no ha acudido a la sesión.

En su intervención, De Pablos ha recordado que ante la disminución de recursos derivados de la crisis económica fue necesario un cambio normativo para "garantizar la viabilidad de los servicios sociales", un cambio que "fue complejo" y que "no fue agradable", pero que ha considerado "necesario".
 
En este sentido, el director general ha insistido en que una reforma normativa supone una situación temporal de desinformación entre los ciudadanos que se traduce "siempre" en un aumento de las reclamaciones, a lo que, en este caso, se han sumado las quejas por la disminución de las ayudas económicas. "Una familia que ve reducida su aportación no va a estar contenta y va a reclamar", ha admitido De Pablos, pero ha apostillado que "eso no quiere decir que funcione mal el servicio".

Así, ha recordado que Castilla y León es la comunidad autónoma "que mejor aplica la Ley de Dependencia en todo el país" y ha garantizado que todas las demandas y reclamaciones "son estudiadas y tramitadas", y se ha comprometido a dar respuesta a todas.

Frente a estas declaraciones, el portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades, Jorge Félix Alonso, ha mostrado su "sorpresa" por estas afirmaciones cuando "hay reclamaciones hechas en octubre de 2012 que se han comenzado a responder en agosto de 2013" y ha pedido a la Consejería "un poco de modestia", así como que "baje a la tierra" para "atender a los castellanoleoneses".
 
Asimismo, ha preguntado a De Pablos "cuántas personas han formalizado reclamaciones" en el último año, algo a lo que el director general no ha respondido porque resulta "innumerable" debido a su cantidad. "No las hemos computado, sólo las estudiamos, tramitamos y respondemos", ha aclarado.

"Instigadas por el PSOE"

Además, ha acusado al Grupo Parlamentario Socialista de "intentar que una serie de reclamaciones instigadas, asesoradas y alentadas por el PSOE sirva de termómetro para valorar la gestión de la Dependencia". "Hay muchas más reclamaciones que nada tienen que ver con esta campaña, pero pretenden que las suyas demuestren un mal funcionamiento", ha aseverado.

Sin embargo, Alonso ha insistido en que los recortes en las ayudas son superiores al 15 por ciento calculado sobre el máximo de prestaciones y lo ha elevado, en algunos casos, hasta el 90 por ciento, de modo que "hay familias que sólo perciben doce euros".

Por otro lado, ha recordado que en numerosas familias la situación económica "es muy precaria" porque algunos de sus miembros "dejaron sus trabajos para atender a sus familiares dependientes", pero ahora "han perdido esa prestación y tienen muy difícil volver a trabajar".

Esto se debe, a juicio del portavoz socialista, al "empecinamiento" de la Administración para que los dependientes reciban la atención en centros asistenciales y no en sus casas, atendidos por parientes, una decisión que "debería corresponder a las familias".
 
IU denuncia que no tiene datos

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador por Izquierda Unida (IU), José María González, ha lamentado no poder recibir datos sobre reclamaciones, sin los cuales ha tildado la comparecencia de "mero acto formal parlamentario".

González ha subrayado la "pérdida de calidad y cantidad de los servicios recibidos" y ha coincidido con el PSOE en que el incremento de la profesionalización del servicio "tapa una reducción en el número de horas de atención y de las familias con derecho a ayuda".
 
Por el contrario, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión, María Álvarez Quiñones, ha destacado el "esfuerzo" de la Consejería ante la "situación de dificultad" que se vive actualmente y ha subrayado que "no cabe ninguna posibilidad de poner en duda la transparencia de la Consejería".