Clemente propone que las ayudas directas de la PAC se limiten a los cotizantes a la Seguridad Social por actividad agraria

El Consejo Regional Agrario, en el que están presentes las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, se ha reunido este martes en Valladolid bajo la presidencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, con el objetivo de analizar el acuerdo de los estados miembros de la UE sobre la reforma de la PAC 2014-2020 y, sobre todo, comenzar a trabajar para lograr un acuerdo de comunidad con el que poder negociar con el Ministerio.

De hecho, la consejera ha anunciado que las negociaciones con el departamento de Miguel Arias Cañete comenzarán el 24 de julio y se prolongarán hasta comienzos de 2014. Para esos contactos, confía en cerrar un acuerdo de Comunidad con las Opas para llevar a cabo una negociación con el Ministerio que reconoce "complicada y compleja" en la que "no debería haber más dificultades que la distribución de fondos entre unas comunidades autónomas muy diferentes y con sectores muy diversos".

Clemente, que valoró positivamente el acuerdo sobre la reforma de la PAC que supone, sobre todo, acabar con la incertidumbre del sector y permite disponer de un marco financiero hasta 2020, ha insistido en la "enorme flexibilidad que se da a los estados miembros" por lo que a partir de ahora comienza el diálogo entre las comunidades autónomas y el Ministerio.

En este sentido, la consejera ha explicado que es una prioridad mantener los 1.150 millones de euros de media que cada año ha recibido la comunidad en el último marco financiero, del total de 7.500 que dispone el conjunto del Estado.

Entre las propuestas que Clemente quiere consensuar con las Opas y llevar al Ministerio está la que se refiere a la convergencia interna de los pagos, que deberá llegar al 60 por ciento en 2020 aunque de forma progresiva, por lo que desde Castilla y León se pide que se comience con el 60%. Además, y dado que la reforma permite diferencias entre comarcas agronómicas, la Consejería propone que se cree esta figura que nada tiene que ver con las comarcas administrativas y que se establecerían en función de cuatro grandes grupos: cultivos de secano, de regadío, pastos y cultivos permanentes, como los olivos o el viñedo.

Pero, sin duda, una de las propuestas con más calado es la definición del agricultor activo. En este punto, Silvia Clemente apuesta por concretar los requisitos necesarios para considerar una actividad agraria y también para excluirla. Al margen de la negociación que se lleve a cabo, la consejera propone que entre los requisitos para tener derecho a las ayudas directas se incluya el cotizar a la seguridad Social por la actividad agraria.

Otras propuestas de la Comunidad apuestan por flexibilizar las obligaciones medioambientales  y por que los pagos asociados se apliquen de forma mayoritaria a la ganadería sin tierra para compensar aquellos sectores que van a perder recursos.

En cuanto a los programas de desarrollo rural, Silvia Clemente ha destacado que la reforma de los reglamentos permita coexistir programas nacionales y regionales, si bien ha reclamado garantías para la cofinanciación.

Por último, la consejera ha valorado positivamente que se mantengan los derechos de plantación hasta 2030, la cuotas de remolacha hasta 2017 y, en el caso de las cuotas lácteas, que finalizarán en 2015, ha reclamado que se active al máximo la aplicación del paquete lácteo.