Fuera de lugar

El pasado 18 de septiembre, el Rey D. Juan Carlos colgó en la página web de la Casa Real una carta, presuntamente dirigida a todos los españoles (aunque en la misma no consta quien es su destinatario). Esta carta suscita diversas cuestiones de orden constitucional de especial trascendencia, dado que está firmada por el titular de la más alta magistratura del Estado. Al analizar estas cuestiones parto del hecho de que la monarquía forma parte de nuestra Constitución actual y no es el objeto de este artículo entrar en un debate de fondo sobre su supervivencia -quizás en otra ocasión-, sino en un debate sobre sus funciones dentro de nuestro sistema.

¿Puede el rey expresar opiniones políticas? En principio, no. La Corona, como institución, debe situarse por encima del debate político y cumplir solo una función "simbólica". La Corona es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, pero entre sus funciones no está la de defender públicamente dicha unidad y permanencia entrando para ello en controversias de política interna.

Hay quien opina que la Constitución, al afirmar que el Rey "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones" le otorga un cierto margen para intervenir en la vida política, especialmente en momentos de crisis. Sin embargo, ni en la Constitución, ni en ninguna otra norma de nuestro ordenamiento, se dice en qué consiste exactamente esa función arbitral y moderadora, ni la misma aparece concretada en facultades concretas para resolver controversias o ejercer ninguna forma de control sobre las instituciones. Si a ello le añadimos que el Rey no es responsable políticamente de ninguno de sus actos, sino que dicha responsabilidad se traspasa al Ejecutivo a través del refrendo -sea éste expreso o tácito- entonces la única forma de interpretar esa función arbitral y moderadora de manera coherente es situándola en el plano simbólico, en el que el Rey aparecería como una figura que proporcionaría una imagen de continuidad de las instituciones, más allá de los cambios electorales.

En ese plano simbólico, se admite comúnmente que los mensajes del Rey puedan contener ciertos posicionamientos políticos, siempre que se trate de posicionamientos que sean aceptados de forma prácticamente unánime por la sociedad y no sean objeto de controversia. No es extraño, por ejemplo, que el Rey se refiera en sus discursos genéricamente a la democracia, a los valores constitucionales o a los derechos fundamentales. En términos coloquiales, el Rey puede decir obviedades, pero no mojarse políticamente. Ir más allá, como sucede, aunque sea a través de alusiones veladas, en el caso que nos ocupa, es, desde el punto de vista constitucional, una extralimitación y, desde el punto de vista político, un paso muy arriesgado, pues puede minar la legitimidad de la Corona.

La exquisita neutralidad política de la Corona es la que hace digerible, en un Estado regido por el principio de soberanía popular, la pervivencia de la propia institución monárquica. El Rey, suele decirse, reina, pero no gobierna. Por eso, su carácter no electivo, que choca con el principio democrático, puede llegar a ser "tolerado" dentro de un Estado democrático, en aras al mantenimiento de una tradición histórica -he dicho que no quería entrar en el debate de fondo sobre la monarquía y no lo haré-. Pero si esa neutralidad se rompe y el Rey actúa políticamente, es decir, si el Rey se convierte en un Jefe de Estado que gobierna y no solo reina, entonces lo único razonable, lo único admisible en democracia, es que se someta a la voluntad popular.
Hay quien dice que si el Rey salió en defensa de la democracia en la noche del 23-F, también debe salir en defensa de la unidad de España cuando ésta se encuentra amenazada. Pero dicha comparación debe ser rechazada de forma terminante. No es lo mismo un golpe de estado que subvierte el sistema constitucional que una reclamación independentista que, nos guste o no, podría llegar a vehicularse pacíficamente dentro del propio sistema, pues nuestra Constitución no contiene cláusulas de intangibilidad.

Otra cuestión que se plantea es la de la responsabilidad política derivada de esta actuación del monarca. En nuestro sistema, el Rey es irresponsable políticamente y todos sus actos han de ser refrendados, de manera que a través de este refrendo, el gobierno asume la responsabilidad sobre los mismos. Se dice que el Rey puso en conocimiento de Rajoy su intención de publicar la carta y el contenido de la misma y que este último le dio el placet. Si esto es así, el único responsable políticamente sobre la misma es Rajoy y, entonces, cabe entender que el gobierno ha utilizado a la Corona para expresar un posicionamiento político del propio gobierno, y yo añadiría, además, que dicha utilización ha sido un gravísimo error, pues se ha hecho desvirtuando el papel constitucional que corresponde a la Corona.

En resumidas cuentas, flaco favor le ha hecho el Rey a la causa de la unidad de España y flaco favor le ha hecho el gobierno a la Corona.

Óscar Sánchez Muñoz . Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid