En los 3 últimos años nacieron 500 empresas autonómicas

Ha resultado controvertido el cálculo del déficit del PIB con el que se ha estrenado el Gobierno de Rajoy. Frente a la previsión de Elena Salgado de un 6 por 100, los populares encuentran hasta algo más del ocho... ¿Cómo se explica la diferencia de cálculos? Resulta que más de dos mil seiscientas empresas públicas funcionan en el seno de las Comunidades Autónomas, de las cuales unas quinientas nacieron durante los tres años de la crisis, 2008-11. 

Según datos proporcionados por la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, las comunidades autónomas incrementaron en cerca de 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha elevado el nivel de endeudamiento total de estas administraciones territoriales en un 7,2% durante la crisis.  Muchas autonomías, explica la firma auditora, crean sociedades mercantiles para evitar sus límites de déficit. Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea, en breve, reestructurar y suprimir algunos de estos entes públicos.

En los últimos meses son numerosas las comunidades que revisan al alza sus niveles de déficit y, en gran medida, se debe al afloramiento de obligaciones en empresas creadas expresamente por las  Administraciones para acceder a un mayor endeudamiento. Según Russell Bedford España,  sobre datos del ministerio de Economía y Empleo. Los balances de sociedades mercantiles no consolidan con los presupuestos de las autonomías, lo que permite ocultar temporalmente las cuantías reales. Además, esta práctica también se utiliza para escapar a controles internos y políticos, aunque al final perjudica las cuentas y eficiencia de las administraciones, que han visto cómo sus ratios económicos han empeorado en poco tiempo.

Desde que comenzó la crisis, a principios de 2008, el número de entes públicos no ha dejado de crecer en las administraciones territoriales, al pasar de 2.196 en enero de 2008 hasta los 2.671 actuales. Tal y como señala Russell Bedford, su crecimiento en número (+21,6%) es menos espectacular que el de la deuda (+53,3%) que ocultan: ha pasado de 10.100 a 15.500 millones en tres años, 5.400 millones de euros más. De los 135.000 millones de euros que adeudan el conjunto de las autonomías, el 11,5% procede de las sociedades mercantiles públicas. Además, en ese mismo período, las autonomías incrementaron su endeudamiento en 75.000 millones de euros, de los que el 7,2% procede de las empresas públicas.

Examinadas una a una las cuentas de las Comunidades Autónomas,  sobre salen algunas cifras, como las 446 entes públicas catalanas o las 444 empresas públicas vascas. En el referido periodo de los tres años de la crisis, los entes regionales catalanes a cargo de los presupuestos aumentaron un 71 por 100, un 46 por 100 las empresas autonómicas canarias, un 41 por 100 las navarras, un 40 por 100 las andaluzas, un 38 por 2100 las madrileñas y las aragonesas, un 36 por 100 las asturianas...

La deuda de cada una de las Comunidades ha crecido de manera muy distinta en el período que se viene considerando, 2008-2011. Ocho comunidades incrementaron por encima de la media el endeudamiento de sus empresas, entre las que se encuentran las de mayores dimensiones. Lidera estos incrementos Castilla y León (+631,5%), seguida de Extremadura (+500%), Andalucía (+317,5%), Aragón (+114%), Asturias (+91,8%), Cantabria (+84,2%), Madrid (+77,6%) y Cataluña (+69,7%). En cuanto a la deuda del sector público empresarial de otras cinco autonomías, creció por debajo de la media, como es el caso de Baleares (+25,6%), Navarra (+25,3%), Comunidad Valenciana (+15,6%), Canarias (+5%) y País Vasco (+3,9%). Sólo tres comunidades redujeron la deuda de sus empresas: La Rioja (-94,1%), Castilla-La Mancha (-43,6%) y Galicia (-3,4%). La Región de Murcia es la única que no acumula deudas en sus entes empresariales. El estudio de Russell Bedford España destaca que el pago de la deuda y sus intereses ha llevado a una situación complicada a muchas administraciones regionales y ha contribuido a que su déficit se haya disparado del 0,2% del PIB español al 3,5% entre 2007 y 2010.

Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea reestructurar y suprimir diferentes tipos de entes públicos. Entre sus objetivos se encuentra la simplificación del sector público empresarial y fundacional con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades.

Russell Bedford recuerda que comunidades autónomas como Galicia, Valencia, Cataluña o Aragón, ya han realizado auditorías a sus empresas públicas que han revelado un desfase en las cuentas. Según el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, "la creación de sociedades públicas es una potestad perfectamente lícita que tiene la Administración Pública y que además puede reportarle importantes ventajas fiscales, en la contratación laboral, la financiación y la eficiencia económica y social. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que ha servido a otros fines poco relacionados con la operatividad funcional que debe tener todo servicio público, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público". Por todo ello, Russell Bedford considera "necesario" que las empresas públicas se sometan a auditorías externas, sobre todo después de un cambio de gobierno, "para comprobar el verdadero estado de su tesorería y así permitir a autonomías y corporaciones locales diseñar y gestionar sus presupuestos confiabilidad".

El recorte parece imprescindible, y deberá ser extraordinariamente drástico.