Con el rechazo del PP y de Sánchez Gordillo el pleno del Parlamento aprueba la incompatibilidad entre los cargos de diputado y alcalde

El Pleno del Parlamento andaluz  aprobó , en sesión extraordinaria, el dictamen sobre medidas de transparencia y calidad democrática, elaborado por un grupo de trabajo, entre las que se encuentran acometer modificaciones normativas para establecer la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de diputación provincial. Esta medida ha contado con los votos a favor de PSOE-A y de cuatro de los cinco diputados presentes IULV-CA, mientras que el PP-A, formación que cuenta en este momento con varios alcaldes en los escaños de la Cámara, la ha rechazado.    El diputado de IU-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha roto la disciplina de voto en su grupo, puesto que ha votado en contra de esa medida junto a los diputados populares. Durante el debate, se vivieron momentos muy crispados y, al término del mismo, los diputados del PP-A corearon "alcaldes sí, ERE no".    El dictamen recoge un total de 28 medidas (las 15 que el PSOE puso sobre la mesa en el grupo de trabajo, más 11 de IULV-CA y 2 del grupo popular). El PP-A ha apoyado todas las medidas, salvo la referida a la incompatibilidad de cargos, mientras que Izquierda Unida se ha abstenido en una y el resto las ha respaldado. A partir de la aprobación definitiva del dictamen, será el momento de abordar las modificaciones normativas o del Reglamento de la Cámara que se sean oportunas para que las medidas se puedan aplicar.    PP-A e IULV-CA han planteado sendos votos particulares al informe, en los que recogen el conjunto de sus respectivas propuestas que el PSOE-A no apoyó durante la votación en el grupo de trabajo celebrado la pasada semana. Estos votos particulares han sido rechazados por el grupo socialista.    En el dictamen se recogen medidas, fruto de las propuestas que hizo el PSOE-A, como la obligación de los diputados autonómicos y altos cargos de la Junta de hacer públicas sus retribuciones del IRPF desde el inicio de la presente Legislatura o desde la fecha de su incorporación en el transcurso de la misma.    Asimismo, se plantea impulsar una modificación de la Ley por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta para suprimir la asignación prevista en el artículo 2 de la misma y que les pudiera corresponder; impulsar una reforma normativa para limitar las retribuciones de los parlamentarios andaluces, de tal forma que únicamente podrán percibir un salario público o privado, o impulsar la modificación del Reglamento del Parlamento y de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta para concretar, respectivamente, los deberes de los diputados y altos cargos en materia de declaración de actividades, bienes e intereses, ampliando al núcleo familiar, definido conforme a la normativa fiscal, su relación en  materia de contratación con todas las Administraciones y entes participados.    Asimismo, se contempla la habilitación del escaño denominado "110" y que se rebajen a 40.000 las firmas necesarias para la presentación en la Cámara de una iniciativa legislativa popular. En el caso de los ayuntamientos, se pasaría de 35 a 25 los que podrían presentar una iniciativa en la Cámara.        Otras medidas incluidas en el dictamen que responden a propuestas del PSOE consisten en optimizar el uso de vehículos oficiales con el objetivo de conseguir mejores niveles de austeridad y sostenibilidad; posibilitar la retransmisión de las sesiones de control al presidente que se celebren en sede parlamentaria, a través de la RTVA; fortalecer, a través de un compromiso de los grupos parlamentarios, las competencias de la Mesa de antitransfuguismo de Andalucía, e impulsar una modificación del Reglamento del Parlamento para facilitar aquella actividad parlamentaria que resulte necesaria durante el mes de julio, así como activar posibles mecanismos de sanción por la ausencia de los diputados a su actividad parlamentaria. TENSO DEBATE SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD    El parlamentario del PSOE-A José Muñoz ha expresado la satisfacción por las medidas aprobadas y ha criticado que el PP-A se haya puesto a la "defensiva" desde el primer momento. Ha acusado a los populares de dedicarse a defender privilegios en lugar de favorecer la transparencia. Huelva, Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz) se merecen, según ha indicado, alcaldes trabajadores al cien por cien y cumplidores con sus municipios.    Muñoz, que en varias ocasiones fue interrumpido por los diputados del PP-A, ha aprovechado para acusar al presidente de los populares, Javier Arenas, el "político mejor pagado de Andalucía", de tratar de ocultar esa verdad y de "mentir" a los ciudadanos. Ha señalado que, a diferencia del PP-A, a los socialistas les mueve la transparencia y les gusta mucho la austeridad.    La portavoz del grupo popular y alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña, ha iniciado su intervención pidiendo, en aras de la transparencia, la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por haber administrado "con oscurantismo más de 700 millones de euros", en referencia al caso de los ERE. Planteando la incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de alcalde, según Oña, el PSOE ha llevado a cabo una persecución a cargos electos elegidos directamente por los ciudadanos, por auténtica "venganza y por no aceptar los resultados electorales" del 22 de mayo.      Ha advertido de que las leyes están para mejorar la convivencia y no para vengarse o atacar la voluntad popular. No es transparencia que José Antonio Griñán y Diego Valderas "pacten el primer acuerdo de un gobierno que no se producirá".    El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha manifestado que por encima de los ruidos, de las incoherencias, de la pérdida de memoria o de la defensa de la acumulación de cargos que algunos han hecho, es importante la labor que ha desarrollado el grupo de trabajo, por cuanto ha sido una demanda ciudadana. Ha defendido la "coherencia" que IU-CA ha mantenido en este debate porque desde hace mucho muchos defiende la dedicación exclusiva a un cargo o una reforma en profundidad de la Ley Electoral de Andalucía.      Ha indicado que aunque el grupo de trabajo ha constituido el inicio de un buen camino, las medidas que se han acordado en su seno "no son suficientes y hay que ser más valientes". PRESTACIONES  SOCIALES Por la mañana la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado ante el Pleno del Parlamento, en una comparecencia para informar de la posición andaluza ante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que Andalucía trabajará en una regla de gasto común que respete la autonomía financiera y la competencia de la Cámara autonómica en la aprobación anual de sus cuentas.    "Una regla que refuerce la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo y, simultáneamente permita impulsar el crecimiento económico y la generación del empleo y una regla que sea compatible con el objetivo de estabilidad fijado para la comunidad autónoma y favorezca su cumplimiento en un marco de coordinación con la hacienda estatal", según ha indicado.    Ha recordado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya anunció que Andalucía iba a contribuir a la confianza general en la consolidación fiscal con la aprobación anual de un techo de gasto que sería aprobado por esta Cámara. Ha querido dejar claro además que los presupuestos andaluces "no han quitado" ni un euro en políticas sociales, a diferencia de lo que se ha hecho en otras comunidades. "Los ajustes que se están haciendo en esta comunidad no lo están soportando las prestaciones sociales", ha sentenciado.    Martínez Aguayo ha querido dejar claro que la Junta de Andalucía mantiene un compromiso firme, decidido y demostrado con la estabilidad presupuestaria. Ha apuntando que no va a ser diferente a partir de ahora, aunque ha dicho que "la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal no son un fin en sí mismas".    En relación con el objetivo de estabilidad, ha señalado que en el pasado pleno ordinario del CPFF se fijó el objetivo conjunto de las comunidades para los ejercicios 2012 a 2014, un acuerdo que implicaba  la necesidad de presentar un plan económico-financiero para optar a alcanzar el límite máximo de déficit. Así ha adelantado que, tal y como se hizo en 2010 y 2011, se ha comunicado al Ministerio de Economía y Hacienda la intención de actualizar en 2012 el plan económico-financiero con el fin de acceder, al menos, a ese límite.    La titular de Hacienda ha recordado que el compromiso que Andalucía ha mantenido con la sostenibilidad financiera y con la estabilidad presupuestaria, "está fuera de toda duda", y que durante los años de fuerte crecimiento económico, en la década comprendida entre 1997 y 2007, Andalucía fue la región que más redujo su nivel de endeudamiento sobre el PIB, en concreto, 4,2 puntos, por una media de 1,1 puntos. Los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2011, señalan que el endeudamiento está 2,5 puntos por debajo de la ratio media de deuda sobre PIB, según la consejera.    Para la consejera, la aprobación el pasado 24 de junio del objetivo conjunto de estabilidad para las comunidades en el período 2012-2014, "debe ser compatible con un objetivo individual para Andalucía que contemple nuestras características propias y, en particular, nuestra trayectoria presupuestaria y financiera y el compromiso mostrado con la estabilidad presupuestaria".    Respecto al Plan Económico-Financiero para el periodo 2011-2013, ha informado de que ha sido previamente discutido con el Ministerio de Economía y Hacienda y que ya cuenta con su idoneidad, por lo que según lo dispuesto en la Ley Orgánica General de Estabilidad Presupuestaria, sólo resta el trámite formal de obtener la aprobación del pleno del CPFF.    El plan económico-financiero muestra, según ha señalado, el compromiso con el déficit fijado para el período 2011-2013, acomodando su gasto a la dinámica que siguen los ingresos, "senda que será más accesible si la Administración General del Estado atiende las discrepancias que sobre éstos mantiene la comunidad autónoma de Andalucía". PP-A CIFRA LA DEUDA DE ANDALUCÍA EN 12.855 MILLONES    Por su parte, el parlamentario del PP-A José Enrique Fernández de Moya ha cifrado la deuda de Andalucía en 12.855 millones, "el valor más alto" desde 1995. Ha dicho que su partido se opondrá a la subida de impuestos y a los recortes sociales, que es, a su juicio, lo que persigue la Junta.    Ha apuntado que la última reunión del CPFF constató la incapacidad e inoperatividad del nuevo modelo de financiación autonómica; lejos de tranquilizar a los mercados, "generó incertidumbres respecto a la consecución de los objetivos de déficit público por parte del Estado y comunidades"; no se abordó la cuestión del techo de gasto regional, y algunos de los planes de reequilibrio de las comunidades no se aprobaron, entre ellos, el de Andalucía. Fernández de Moya ha aprovechado para pedir al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, explicaciones sobre el caso de las irregularidades en los ERE y que, acto seguido, presente su dimisión.      El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, cree que en la propuesta de la Junta permanece la "voluntad de recorte" y considera muy dificultoso que se pueda mejorar la situación del empleo en la comunidad. si hay un mayor crecimiento de los ingresos que se están dando en la comunidad andaluza, no creemos que ese mayor nivel de ingresos deba ser utiluizado a situar déficit, sino que debe ir a mejorar las condiciones de la política social y de creación de empleo.      El diputado del PSOE-A José Caballos ha manifestado que alternativas serias, creíbles, responsables y sensatas no van a llegar del Partido Popular, que sólo tiene "hambre de poder, pero no sabemos para qué". A su juicio, de la crisis hay que salir con seriedad y afrontando los problemas que tenemos, "sin crecepelos, porque no existen" y sin las "simplistas soluciones de palabrería del PP".    Es imprescindible, según ha apuntando, controlar el déficit, que es lo que se está haciendo en España y Andalucía, porque si no, nos despeñaremos por un lugar que nos llevará a un camino sombrío y tortuosos. Ha manifestado que los únicos recortes en políticas sociales que se han llevado a cabo en el país ha sido en las comunidades gobernadas por el PP.