La instancia consideró a través de un comunicado que "todo cierre de un medio de comunicación, debe obedecer al procedimiento legal previamente establecido, conducido por una autoridad estatal independiente, y no puede ser producto de una decisión administrativa del gobierno".
Asimismo, la Relatoría de la ONU manifestó su preocupación en virtud que el hecho acontece en el contexto de un año de elecciones parlamentarias.
En el texto, el organismo exhortó al Gobierno del presidente Hugo Chávez a reconsiderar tales medidas, al restablecimiento de las garantías de libertad de opinión y expresión y de respeto al debido proceso, así como a tener presente no solo la legislación interna venezolana, sino también los Convenios Internacionales de los que es parte, en particular el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
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