Pero esta vez sí tiene motivos para sentirse preocupado, pues la Sétima Fiscalía Superior Penal, a cargo de Gladys Fernández, ha solicitado que al presidente del Partido Nacionalista se le imponga una pena de 15 años de prisión, además de S/.50 mil de reparación civil, según reza la acusación fiscal No 20-05.
Pero lo que más llama la atención es su solicitud para que Ollanta sea expatriado a raíz de la comisión del presunto delito de rebelión por participar en dicha asonada.
Eso sí, la magistrada, quien remitió su acusación fiscal a la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel, deja al criterio de dicha instancia los años que Ollanta deberá permanecer en condición de expatriado, luego de cumplir su condena, y en el supuesto caso de que sea sentenciado, según informó el diario Correo.
La fiscal Fernández basa su pedido de expatriación en el artículo 30 del Código Penal, en el que se señala que como consecuencia del delito de rebelión “se le impone la pena privativa de la libertad y la expatriación” (cuyo plazo máximo sería de diez años, tras cumplir su condena).
Junto con Antauro
Fernández, de esta manera, cumple con el dictamen de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que a mediados de diciembre dispuso que Ollanta sea procesado en el mismo juicio con su hermano Antauro y otros 168 etnocaceristas por la toma de una comisaría que dejó como saldo cuatro policías muertos.
Después de remitirse el extremo de la acusación fiscal referido a Ollanta, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel tiene un plazo de tres días hábiles para dar fecha del inicio del juicio oral.
Autor intelectual
Como se recordará, Ollanta fue incluido en el proceso seguido contra su hermano luego de que el titular de la 38o Fiscalía Provincial Penal, Silvio Crespo, lo denunciara como “instigador” de la asonada.
El fiscal Crespo señaló que durante las investigaciones y los interrogatorios a los “etnocaceristas” procesados el nombre de Ollanta surgió como el del supuesto organizador del alzamiento, que tenía como objetivo derrocar al presidente Alejandro Toledo.
Entre la documentación que había presentado el fiscal para sustentar su denuncia se encuentra la transcripción del manifiesto de adhesión que pronunció Ollanta desde Seúl, Corea del Sur, donde se desempeñaba como agregado militar del Perú.
También se incluyó un informe de la Dirección Contra el Terrorismo, Dircote, que señala al ex candidato presidencial como el “cerebro” que organizó el levantamiento de los “etnocaceristas”.
La Policía se basa en un manuscrito de puño y letra de Ollanta, en el que instruye a su hermano sobre la mejor manera de armar el movimiento. Antauro no ha negado la autenticidad del documento.
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