El análisis que, según nuestras fuentes, el Estado Mayor de la Defensa realizó al titular del ramo, José Antonio Alonso, sobre las condiciones actuales del Ejército español y la situación de la Guardia Civil -en este contexto- tuvo lugar en la semana inmediatamente posterior a la manifestación del 20 de enero, que reunió a 3.000 guardias civiles de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid, y unos días después de que los generales de la Benemérita se reunieran en la Dirección General y exigieran al Gobierno la máxima dureza en la represión del ‘pulso’ echado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Diariocrítico ha podido conocer contenidos inéditos de ambas reuniones que no dejan lugar a dudas. Según nuestras fuentes, el Gobierno socialista está dispuesto a aprobar ‘exclusivamente’ lo que contiene su programa electoral: reforma de las leyes de Régimen Disciplinario y de Derechos y Deberes y una nueva ley sobre asociaciones en la Guardia Civil. Pero ni un paso más allá.
Y no va a tolerar –lo afirman fuentes gubernamentales- ‘pulsos’ de ningún tipo, de tal manera que si el secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpignyà, cumple su amenaza de sacar próximamente a 9.000 guardias a la calle, las consecuencias para los manifestantes serán desbastadoras; pero lo peor es que Perpignyà habrá conseguido hundir el movimiento asociativo, según nos afirman los citados medios: “Habrá marcha atrás en todo”.
“Ahora mando yo más que un general de la Guardia Civil, dicho sea con toda reserva, porque no hay ninguno que pueda juntar siquiera a 200 guardias pagándose ellos el viaje, asumiendo un grave riesgo personal y en su día libre. Por eso el Gobierno tiene un problema muy serio que se llama Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Así de sencillo”. Esta frase pronunciada por Perpignyà y recogida en los “Domingos de ABC” del pasado 28 de enero ha tenido un efecto ‘aniquilador’ y es calificada en medios militares y gubernamentales de ‘prepotencia’ y de ‘chulería’ inadmisibles.
El análisis del alto mando militar
Frases como la anterior, y otras que Perpignyà viene repitiendo públicamente, han exacerbado posturas. Así, el informe de los generales del ejército no deja lugar a dudas y obligó al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, a dar marcha atrás en sus palabras sobre que “no veo ninguna ilegalidad” en la manifestación del 20-E.
En síntesis, según ha sabido Diariocrítico de fuentes de gran solvencia, el ‘análisis’ –militar, por supuesto- hecho al Gobierno señala que el actual Ejército español –profesional, formado por voluntarios- es incluso menor en número que los efectivos de la Guardia Civil. En la reunión se llegó a utilizar esta frase: “El Ejército español cabe entero en el Bernabéu y sobra una tribuna”. Lo cual, evidentemente, es cierto, dado el gran aforo del estadio del Real Madrid en la capital española.
Dijeron los generales, además, que es un ejército de nuevo cuño y que no está aún plenamente desarrollado. Es en ese punto cuando se utilizó un ‘recurso dialéctico’ para reforzar sus argumentos: que si hubiera una desestabilización de tipo integrista en el Magreb y se decidiera invadir España –un ejemplo extremo, evidentemente-, aún con ‘alpargatas en las manos’ llegarían a los Pirineos. Sólo una Guardia Civil con su actual carácter, preparación y capacidad de movilización inmediata sería capaz de frenarlos. Lógicamente, se trataba de un ‘ejercicio dialéctico’ que no tiene en cuenta que España forma parte de la Unión Europea y, sobre todo, de la OTAN.
.jpg)
Ahora bien, según ese análisis –que parece que convence al Gobierno de Rodríguez Zapatero-, la Guardia Civil es “imprescindible” -dicen los generales del Ejército, según nuestras fuentes- en estados de catástrofe, de alarma o de excepción en el territorio nacional, además de en misiones internacionales de paz. Y, por ello, debe tener un modelo con capacidad militar.
El Gobierno, según nuestras fuentes, está de acuerdo con ese análisis –de ahí el que el ministro Alonso tuviera que desdecirse-, pero piensa que puede haber un estado intermedio: que la Guardia Civil conserve esa capacidad militar, pero sin que tenga que estar sujeta al Código Militar en situaciones normales –no en misiones de guerra- y contando con asociaciones profesionales que canalicen sus protestas y con las que se aseguren la consecución de sus derechos. Cree el Gobierno que éste es un escalón intermedio entre el estatus de la Policía y el del Ejército.
Y cree el Gobierno, además, que así cumple con lo prometido a los guardias civiles en su programa electoral en tres puntos muy concretos, que son los siguientes:
1. “La Guardia Civil se especializará en las funciones de control de fronteras exteriores; misiones internacionales de paz y lucha contra el terrorismo; control de armas y explosivos; policía del mar; resguardo fiscal del Estado; naturaleza y medio ambiente”.
2. “La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil suprimirá la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana; en ese mismo ámbito, atribuirá en exclusiva al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitará la concurrencia con el Código Penal Militar”.
3. “Se regulará el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros”.
El análisis de los generales de la Guardia Civil
En el análisis del Estado Mayor de la Defensa coincide, lógicamente, la cúpula militar de la Guardia Civil. Pero estos generales, con el director adjunto operativo, general de División José Manuel García Varela, y el de Tráfico, Martínez Masegosa, a la cabeza, van más lejos: la manifestación del 20-E y las subsiguientes ‘salidas de tono’ de Perpignyà –así califican en esos ambientes las palabras del de AUGC- en el mitin final de la manifestación –y luego, cuando afirma que manda más que un general- les ha exacerbado en tal grado que saltaron chispas en la reunión del domingo, 21 de enero, con un altísimo cargo del Gobierno en la Dirección General.
Según nuestras fuentes, los generales de la Guardia Civil querían firmar todos juntos un escrito para que la Fiscalía General del Estado abriera expediente por sedición a los guardias que se habían concentrado con uniforme en Madrid. Pero, como sabían que la mayoría de los guardias ya no eran guardias civiles –contaban con los informes de los servicios de información que decían que muchos estaban retirados, en segunda actividad, jubilados e, incluso, expulsados-, que a éstos se les aplicara la ley por uso indebido del uniforme.
El Gobierno quitó hierro en la reunión y, aunque muy ‘dolido’ por la actitud de los actuales dirigentes de la AUGC, admitió que se diera ‘un escarmiento’ sólo a los que subieron a la tribuna, aún sabiendo que a muchos de ellos –como a Fernando Carrillo- no se les podría aplicar sanciones, ya que están fuera de la Guardia Civil.
Sin embargo, las posteriores manifestaciones de Joan Miquel Perpignyà han conllevado que los generales y el propio Gobierno den una vuelta de tuerca más: ante la amenaza de que ‘saquen’ a 9.000 guardias a la calle, se expulsará a los manifestantes. Se ha llegado a decir en el Gobierno que “es más efectivo el actual modelo, incluso con diez mil efectivos menos, que de otra manera”. Y medios gubernamentales nos dicen: “O para Perpignyà o lo para el Gobierno”.
Lo peor es que lo que está en juego es el movimiento asociativo en la Guardia Civil, que tras el 20-E y las declaraciones posteriores como “ahora mando yo más que un general de la Guardia Civil”, se encuentra en la cuerda floja.
Que AUGC no va a ceder parece demostrarlo un mensaje SMS que se está recibiendo en numerosos móviles de agentes del Cuerpo: se les pide 'hostilidad' cuando lleguen los 'jurídicos' para informar de los expedientes.
Si (
No(
