18.000 personas han recibido tratamiento para dejar de fumar en lo que va de año

Los tratamientos de deshabituación tabáquica ofrecidos por SACYL a los ciudadanos castellanos y leoneses en la cartera de servicios de Atención Primaria han sido solicitados, a lo largo del primer semestre de 2011, por 17.721 pacientes, una cantidad superior -un 45,23% más- a las personas que demandaron esta prestación del Sistema Regional de Salud en el mismo período de 2010, cuando fueron 12.202 los ciudadanos que recibieron ayuda para dejar de fumar. Por áreas de salud, las personas que han accedido a lo largo de los seis primeros meses de 2011 al servicio de deshabituación tabáquica se reparten de la siguiente manera: Área de Salud de ÁVILA, 300 (376 en 2010); BURGOS, 1.080 (840 en 2010); LEÓN, 3.250 (1.522 en 2010); EL BIERZO, 1.437 (657 en 2010); PALENCIA, 830 (706 en 2010); SALAMANCA, 2.602 (2.700 en 2010); SEGOVIA, 2.547 (1.496 en 2010); SORIA, 1.076 (200 en 2010); VALLADOLID ESTE, 1.650 (2.518 en 2010); VALLADOLID OESTE, 1.575 (1.565 en 2010); y ZAMORA, 506 (490 en 2010). El hábito tabáquico tiene una relación directa y comprobada con procesos cancerígenos de muy diversa índole y con la mortalidad a ellos asociada, generalmente elevada; fumar, además, provoca también otras enfermedades cardíacas y respiratorias que, no sólo ocupan los puestos más altos en cuanto a causas de muerte en España y en los países de su entorno, sino que menoscaban la calidad de vida de las personas que las sufren. Estas razones sitúan al tabaquismo como uno de los principales problemas de salud pública en las sociedades avanzadas, suponiendo una gran carga asistencial a los servicios sanitarios, con el importante coste económico que conlleva y que afecta a la sostenibilidad del sistema sanitario público. Desde la responsabilidad sanitaria se apoya cualquier medida que reduzca la incidencia del tabaquismo y permita limitar conductas que favorezcan la acción social de fumar, en beneficio del conjunto de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos y su salud. Cerca de 5.800 inspecciones Este incremento de actividad en los servicios de deshabituación tabáquica que presta SACYL coincide con la aplicación, tras la modificación de la Ley 28/2005, de la nueva legislación nacional sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Esta nueva Ley 42/2010, que entró en vigor a principios de enero del presente año 2011, centra sus cambios respecto a la legislación anterior en la prohibición de fumar en establecimientos públicos cerrados y en cualquier ámbito laboral. La Junta de Castilla y León han mantenido, durante este primer semestre de 2011, la labor inspectora que ya venía ejecutando desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005 y del Decreto 52/2006 referido a la regulación y al control de las actividades relacionadas con el tabaquismo en la Comunidad castellana y leonesa. Los datos entre enero y junio, ambos inclusive, indican que en Castilla y León, los inspectores de los nueve servicios territoriales de Sanidad han cursado un total de 5.794 inspecciones, lo que han dado lugar a la tramitación de 176 expedientes sancionadores -algunos aún en fase de tramitación- y a la incoación de 53 sanciones a lo largo de este primer semestre del año. Las actuaciones inspectoras se realizan para dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes y para desarrollar el plan de inspección y control que la Consejería de Sanidad tiene planificado y que supone que los distintos servicios territoriales cumplen con un número mensual de visitas a establecimientos para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente. En ambos casos, los inspectores de la Junta realizan la oportuna acta, en la que se informa de las posibles deficiencias y, en su caso, puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, originará sanciones leves, graves o muy graves, cuya órgano sancionador y cuantía está estipulado por la normativa vigente, quedando siempre la opción del recurso ante la vía contencioso-administrativa.